La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

El gran beneplácito por la firma del Convenio de Cooperación entre la Procuraduría General de la Nación y la Justicia de la Provincia de Mendoza, coordinando acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta programas o proyectos de carácter científico, técnico, de capacitación y/o investigación en la lucha contra el crimen organizado.

Señor presidente:

La Procuradora General de la Nación, Gils Carbó se reunió con el procurador de la Corte de la Provincia de Mendoza, Rodolfo González, y con los fiscales de la provincia, a fin de firmar un convenio que permita abordar en forma conjunta delitos complejos como son el narcotráfico y la trata de personas.

Se firmó el convenio que incluye capacitaciones, conferencias intercambio de experiencias y de estadísticas entre la Nación y las provincias en relación a la persecución de delitos considerados complejos o cuyo límites de acción entre la Justicia Federal y la provincial son difusos. "Es el primer convenio que nos permitirá encarar de forma conjunta las tareas que permitan la persecución de delitos y la asistencia a las víctimas", explicó el Procurador, Rodolfo González. Los delitos como la trata de personas y el narcotráfico deben contar con el accionar tanto de Nación como de las provincias. Por ejemplo en un caso de homicidio en el que hay detrás tráfico de drogas, se requiere un trabajo conjunto entre la Justicia Federal y la provincial y no con compartimentos estancos, de este trabajo se sabrá si habrá un lanzamiento de la desfederalización de delitos menores de narcotráfico, por ejemplo.

Gils Carbó, por su parte, indicó que la importancia de estos convenios radica en que son un "símbolo de una nueva forma de comunicación". A fines de marzo se reunieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la procuradora general de la Nación, los gobernadores de Salta (Juan Manuel Urtubey), Mendoza (Francisco Pérez) y Santiago del Estero (Claudia Ledesma Abdala), para definir la creación de 27 distritos fiscales que permitieran implementar políticas contra la criminalidad organizada. En tal ocasión se definió un plan para mejorar la coordinación del Ministerio Público Fiscal con las autoridades políticas y fuerzas de seguridad nacional y local, y se acordó la creación de 27 distritos fiscales, cada uno a cargo de un fiscal coordinador. Este no fue el primer encuentro y por eso ven con beneplácito como van avanzando reunión tras reunión, en cuestiones concretas y en tomar definiciones. El hecho de tener, a partir de ahora, un fiscal coordinador allana muchos caminos en la necesidad de articular acciones entre la Nación, la provincia y los municipios, entre las fuerzas federales y provinciales, en hacer inteligencia sobre un delito tan complejo.

Esta nueva organización del Ministerio Público es una respuesta a una demanda que tiene la sociedad de hacer frente a los problemas cada vez más graves y complejos que presenta la delincuencia organizada. La procuradora admitió que "la falta de articulación que supone la división arbitraria de funciones, necesaria para que trabajen las estructuras, a la hora de combatir el delito presentan deficiencia, por eso hemos creado la figura del fiscal coordinador de distrito, que es quien va a articular todas las estrategias y protocolos de actuación en la lucha contra el crimen organizado (trata de personas, lavado de dinero, de activos, y narcotráfico)".

La procuradora general también remarcó que "hay organizaciones que requieren del Ministerio Público un esfuerzo especial, no sólo porque cubren varias jurisdicciones, sino porque son estructuras criminales que siguen funcionando sin sus cabecillas. Un ejemplo de ello es el narcotráfico, donde siempre hay una demanda activa que mantiene viva la actividad ilícita". Por último, bregó por "articular entre todos mesas de diálogo para hacer una estrategia común, que tiene que redundar en una fuerte presencia del Estado ante el crimen organizado".

El plan para mejorar la coordinación del Ministerio Público Fiscal con las autoridades políticas y fuerzas de seguridad nacionales y locales, así como con los ministerios públicos y jueces provinciales incluye un nuevo mecanismo que permitirá acceder a información relevante para el diseño de políticas criminales ajustadas a las particularidades de cada lugar, ya que garantizarán un conocimiento más acabado de la manifestación local de delitos como la trata y explotación de personas, el tráfico de estupefacientes y de armas, el lavado de activos, la ciberdelincuencia, y la corrupción pública y privada. La asignación de funciones vinculadas a los distritos no implica la creación de nuevos cargos, y tiene como fundamento el artículo 120 de la Constitución Nacional, que expresamente alude a que el Ministerio Público llevará adelante la misión de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República.

Señor Presidente, por los motivos detallados y siendo la seguridad un tema de interés de esta HCDN, solicito me acompañen los señores diputados.