La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de los organismos que correspondan, disponga la exención del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las alícuotas vigentes por derechos de exportación a los productores agropecuarios de la Provincia de Salta de los departamentos de La Candelaria, Rosario de la Frontera, Metán, Anta, General Güemes, Orán, San Martín y Rivadavia, afectados por la sequía y de las localidades y parajes de los Departamentos de San Carlos y Cafayate, afectados por lluvias torrenciales y aludes.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene la intención de poner en agenda urgente del Poder Ejecutivo Nacional, la acuciante situación de los productores agropecuarios de varios distritos de la provincia de Salta, que están sufriendo la peor sequía de los últimos 50 años, así como la catástrofe que significó para otros las lluvias torrenciales que trajeron aludes y que destruyeron casi toda la producción de quintas de localidades y parajes de los Departamentos de San Carlos y Cafayate.

Respecto de la sequía, no puede escapar a nadie la gravedad de la situación por la que pasan tanto la ganadería como la agricultura, por la duración que tiene de más de dos años, en un contexto en el que ya se ha perdido más del 70 % de la cosecha de maíz, soja, porotos, entre otros cultivos; asimismo se sufre una falta casi absoluta de agua para reponer las pasturas en los establecimientos ganaderos.

Las pérdidas se calculan entre 2.200 y 3.300 millones de pesos, una cifra que ya está generando un perjuicio social que todavía no se puede mensurar en su verdadera dimensión. Un indicio sobre la catástrofe son las suspensiones de contratos y despidos de personal rural por parte de productores y establecimientos, que ya se vienen sucediendo.

En este marco, resulta imprescindible activar los mecanismos que están disponibles por el Poder Ejecutivo Nacional para establecer una exención inmediata en las alícuotas de los derechos de exportación.

Somos conscientes de que todavía no se ha declarado el estado de emergencia agropecuaria nacional, tal como lo dispone la ley 26.509, pero entendemos que deben activarse otros mecanismos de incentivo hasta tanto esos pasos formales se cumplan.

La situación de gravedad de los productores ha llegado a tal límite de desastre que muchas de las fuentes de trabajo que suelen estar previstas para la cosecha, se verán afectadas por este fenómeno.

Es verdad que esta solución sería sólo un paliativo para productores que en algunos casos han perdido todo, pero también es verdad que algo debemos hacer.

En este sentido queremos destacar que la demora en la que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta ha incurrido al declarar la emergencia agropecuaria en los departamentos afectados recientemente (Decreto 1202/13 publicado en el B.O. de la provincia el 2 de mayo), no permite todavía activar los mecanismos para que se declare a nivel nacional, con los incentivos fiscales, previsionales y financieros que prevé la ley 26.509 a nivel nacional.

La intensidad de los eventos mencionados, tanto el exceso como la falta de lluvia en muchas zonas de la provincia de Salta y la duración del período de desastre - en el caso de la sequía - resultan motivos suficientes a la hora de la toma de decisiones urgentes que mitiguen la situación desesperante de los productores; estas medidas se pueden activar si necesidad de que se haya declarado la emergencia agropecuaria y operarán - una vez declarada - hasta tanto finalice.

Esta urgencia amerita la activación de la facultad que el Poder Ejecutivo Nacional ejerce en la modificación de las alícuotas de los derechos de exportación, de modo tal que puede llevarla a cabo inmediatamente por medio de una disposición administrativa que las determine, tal como lo viene ejerciendo desde hace décadas por delegación del Código Aduanero.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.