La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos que resulten competentes, se sirva informar a esta H. Cámara acerca de las siguientes cuestiones:

1- Si ha recibido reclamos formales referidos al estado físico, status jurídico, administración operativa o económica de la Ruta Nacional N° 9 en el tramo comprendido entre las ciudades de Córdoba y de Jesús María, dentro del territorio de la provincia de Córdoba; en caso afirmativo, cuáles han sido tales reclamos formales y qué acciones se han implementado, se encuentran en ejecución o se programaron en respuesta a los mismos.

2- Si ha ejercido tareas de contralor o supervisión sobre las condiciones de cumplimiento de la concesión del corredor vial Ruta Nacional N° 9 Norte, transferido a jurisdicción provincial como parte de la Red de Accesos a Córdoba (RAC), y, eventualmente, cuáles han sido aquellas tareas, sin perjuicio de lo que pudiera informarse para la cuestión precedente.

3- Si prevé hacer uso de la reserva de facultades regulatorias, de derecho a veto o de rescate de la concesión del citado corredor vial, por causa de inadecuación tarifaria con relación al sistema aplicado a los peajes del resto del país o cualquiera otra prevista en los instrumentos normativos vigentes, detallando las previsiones y causales que correspondan a cada caso.

Señor presidente:

El estado, mantenimiento y mejora de las redes viales constituyen aspectos prioritarios para el desarrollo de las actividades económicas y humanas de cualquier sociedad moderna. La vinculación física de las comunidades entre sí, su interacción productiva y cultural, mantiene estrecha relación con la calidad de su infraestructura de servicios.

En tal sentido, para la vida cotidiana de los vecinos del Departamento Colón -provincia de Córdoba- la Ruta Nacional N° 9 constituye un verdadero factor condicionante. Corresponde, pues, a los poderes del Estado la función y responsabilidad eminente de velar por la preservación de esta vital vía de comunicación y por el derecho de acceder a ella.

El libre tránsito y circulación de todos los habitantes se halla consagrado explícitamente en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. Soslayar esta premisa desvirtuaría nuestro carácter de representantes del pueblo. Por ello, de acuerdo al deber cívico que nos obliga, cabe apelar al Poder Ejecutivo de la Nación para que informe a esta Honorable Cámara sobre cuestiones de su competencia, en el marco de la sana convivencia de los órganos de gobierno y de la exigible publicidad de los actos públicos.

El caso que nos ocupa remite al esquema creado por las leyes N° 17.520 de Otorgamiento de concesiones de obras públicas y N° 23.696 de Reforma del Estado, su respectiva reglamentación y modificaciones. Bajo dicho ordenamiento, la denominada Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba (RAC) fue transferida a jurisdicción provincial mediante un convenio suscripto el 4 de diciembre de 1992. En ese acto, el Gobierno Nacional delegó a la provincia de Córdoba las facultades de adjudicación y administración del Contrato de Concesión de Obra Pública, que incluía la aplicación de un sistema de peajes. Un tramo de 42 km de la Ruta Nacional N° 9, comprendido entre las ciudades de Córdoba y Jesús María, integraba la RAC en carácter de ruta de interés comercial denominado corredor vial Ruta Nacional N° 9 Norte.

La concesionaria privada a la cual se adjudicó la Red aludida mantuvo una conflictiva relación con el gobierno cordobés, como consecuencia de diversas causas, entre las cuales se destaca el contexto de renegociación o reformulación contractual surgido desde la caída del régimen de convertibilidad. Las disputas por el cumplimiento e interpretación de las cláusulas, en materia de tarifas, obras y administración vial derivó en la reciente ratificación de un convenio de compraventa de acciones y de recuperación de pasivos por el cual el gobierno cordobés retomaría el control de la RAC.

Las consecuencias inmediatas de este proceso fueron sufridas por los usuarios viales, especialmente por los numerosos pobladores de los espacios urbanos y rurales de la zona, así como los actores productivos presentes en esta área de influencia. Al incremento tarifario acordado siguió el descontento popular, agudizándose los reclamos por el deterioro carretero. En el Departamento cordobés de Colón, atravesado por la Ruta Nacional N° 9 Norte, se ha hecho más patente la tensión y desagrado, siendo preocupante la evolución de este clima para el normal desenvolvimiento de la realidad social y económica de la región.

Entonces, nos compete requerir las precisiones del caso, definiendo la participación regulatoria y de contralor del Estado Nacional, así como aquellas acciones que esté implementando o haya programado en atención al asunto. A partir del presente pedido, habremos de contar con datos precisos y valiosos, que nos permitirán elaborar iniciativas legislativas y definir la eventual sanción de aquellas más efectivas para concurrir a la solución de la problemática descrita.

Por estos motivos, solicito a los Sres. Legisladores me acompañen en el presente Proyecto de Resolución.