La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de solicitarle que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 99 de la Constitución Nacional y en cumplimiento del artículo 16º de la Ley Nº 26.281, proceda a la reglamentación de la misma con el fin erradicar definitivamente la enfermedad de Chagas en todo el territorio nacional.

Señor presidente:

La enfermedad de Chagas-Mazza (denominada así en homenaje a su descubridor Dr. Chagas y en honor al médico argentino Salvador Mazza) es una afección parasitaria causada por el Trypanosoma Cruzi.

La forma de contagio más frecuente es la vía vectorial de los triatomas, conocido comúnmente en Argentina como la vinchuca, encontrándose el 85 % de los casos de infectados en zonas endémicas. Además, existen otras fuentes de trasmisiones no vectoriales, como pueden ser las transfusiones sanguíneas, la vía congénita, el transplante de órganos infectados o de forma digestiva u oral. Estos otros modos de infección entre los seres humanos, en ausencia del vector, toman importancia ya que la enfermedad dejó de ser exclusiva de las zonas rurales, lo que originó un proceso de urbanización del parásito llegando a las grandes ciudades del país, conocido como el Chagas Urbano.

Mas allá de los efectos biológicos que se pueden conocer sobre la enfermedad, el Chagas constituye un problema epimediológico aun más grave por su estrecha vinculación a las condiciones socio-económicas y culturales de los países de America Latina. En la actualidad se estima que el 25% de la población Latinoamérica (aproximadamente 100 millones de personas) está en riesgo de contraerla.

En el caso Argentino, la enfermedad continua siendo la principal epidemia de la República. Los datos para el año 2006, muestran una aproximación de casi dos millones de personas con infección chagásicas, lo que representa casi el 4 % de la población total del país.

La situación resulta más compleja por la relación que guarda la enfermedad con factores socios económicos, geográficos y culturales propios de nuestra realidad. Las

zonas desfavorables, aisladas y sin integración, la carencia de recursos tanto económicos como educativos, la precariedad de los ranchos donde habitan miles de personas de zonas endémicas y sobre todo la naturalización del mal, convirtieron al Chagas en una enfermedad olvidada.

Según el Informe 2002-INCORSUR (Iniciativa de Salud del Cono Sur), Organización Panamerica de Salud, el mapa de riesgo de transmisión vectorial en Argentina cuenta con un total de catorce jurisdicciones provinciales con alto y mediano riesgo de contagio. Las poblaciones más vulnerables son aquellas que habitan las zonas semi rurales y rurales, particularmente en las provincias más pobres del noreste y noreste del país; zonas que por su situación de marginalidad, han convertido históricamente al Chagas en otro más de los males de la pobreza.

A pesar de los importantes avances que se han hecho en el campo de la medicina y el control químico sobre el vector, poco se ha hecho para su erradicación definitiva. Sus largas décadas de permanencia, no son otra cosa que la falta de voluntad y compromiso por parte de los gobiernos en dar una respuesta definitiva a dicha problemática. Este mal pone de relieve no solamente el grave problema epidemiológico que supone el Chagas en nuestro país, sino que también pone en evidencia que sus consecuencias serían rápidamente erradicadas si existieran políticas de salud y sociales desde el más alto nivel gubernamental que atiendan esta problemática que afecta a de millones de argentinos.

En el mes de octubre del año 2006, se creó el Programa Nacional Concertado de Prevención y Asistencia Integral de la enfermedad de Chagas "Argentina Justa, Argentina sin Chagas", bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, con el objetivo general de interrumpir la trasmisión de la enfermedad y minimizar el impacto de sus consecuencias en las poblaciones más afectadas. Sin embargo, este nuevo programa luego de transcurridos tres años de su puesta en marcha, no ha cumplido con sus objetivos y metas. Por el contario, según especialistas en el tema, la realidad

demuestra que siguen siendo 14 las provincias afectadas por la endemia, y sigue persistiendo una marcada carencia de políticas públicas destinadas principalmente al rociado químico en las viviendas infestadas, a las actividades de vigilancia serológicas y tratamientos médicos, la notificación de casos de personas chagásicas, la prevalencia de la enfermedad en donante de sangre, y demás acciones que se consideran como condiciones necesarias para un control adecuado de la enfermedad.

En el año 2007, mediante la Ley Nº 26.281 se declaró "de interés nacional y se asignó carácter prioritario dentro de la política nacional de salud del Ministerio de Salud, a la prevención y control de todas las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas, hasta su definitiva erradicación de todo el territorio nacional". (Art.1 Ley 26.3281).

Hoy esta normativa carece de su decreto reglamentario, por lo cual el Poder Ejecutivo Nacional está faltando a su deber y capacidad en desarrollar intervenciones que permitan dar una respuesta preventiva y de tratamiento de índole ambiental, laboral, sanitaria, educativa y de vivienda saludable, como se encuentra previsto en los articulados en dicha ley.

No sólo se puede observar la incapacidad constante por parte del Gobierno en la definición de una política que suponga una solución de este mal, sino además la falta de asignación de los recursos necesarios que permitan obtener mejores resultados a mediano y largo plazo. Según consigna el diario Página/12 hace alguna semana, "el Programa Nacional de Chagas tiene apenas un presupuesto de 16 millones, al que se suman un financiamiento del Banco Mundial que elevaría el monto a unos 50 millones de pesos para todo el 2009. El presupuesto no supera lo que gastará el Ministerio de Salud de la Nación para comprar unos 110 mil tratamientos del antiviral recomendado para los pacientes de gripe porcina y reforzar el stock que ya tenia de 5000 mil dosis, unos 70 millones de pesos" (Diario Página/12, 12-05-2009, "Las muertes evitables del mal de Chagas")

La falta de coordinación de una política concertada entre los distintos niveles de gobierno y la carencia de recursos, sumando a la persistencia de la enfermedad y su misma naturalización, es la tendencia que toma actualmente el Gobierno como una forma de silenciar y acallar esta problemática que afecta a los pobres del país. La transformación de esta realidad exige por parte del Gobierno un mayor compromiso en la implementación de una política de prevención y asistencia integral que permita la erradicación definitiva de este mal.

Por todas las razones expuestas es que solicitamos al Poder Ejecutivo la reglamentación de la Ley Nº 26.281 y a mis pares, que me acompañen en el presente Proyecto de Resolución.