La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario -CNEyDA-, arbitre los medios necesarios para que se expida de forma inminente sobre la homologación del Decreto provincial N°1202/13, el cual declara a los departamentos salteños de Cafayate, San Carlos, La Candelaria, Rosario de la Frontera, Metán, Anta, General Güemes, Orán, San Martín y Rivadavia, en estado de Emergencia y/o Desastre agropecuario, evaluando asimismo la posibilidad de prorrogar el periodo de emergencia establecido.

Señor presidente:

La sequía es uno de los principales problemas que deben enfrentar los productores agropecuarios del NOA y parte del NEA.

Luego de atravesar una campaña 2012 con muchos inconvenientes desde lo productivo a raíz de una fuerte sequía padecida durante el período estival, vastas zonas y departamentos de Salta, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero que padecieron severas condiciones climáticas adversas, decretaron sus respectivas Declaraciones de Emergencia Agropecuaria.

En este marco, el Gobierno de la Provincia de Salta a través del Decreto 1202/13 declaró la emergencia agropecuaria para los productores cuyos cultivos hayan sido afectados con más del 50% de daños y pérdidas en los stocks de ganado mayor y menor en los departamentos Cafayate, San Carlos, La Candelaria, Rosario de la Frontera, Metán, Anta, General Güemes, Orán, San Martín y Rivadavia. Así, los productores perjudicados que tengan intención de obtener los beneficios de la ley provincial 6.241/84 que establece el Régimen Provincial de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, tendrán que efectuar la respectiva denuncia de los daños con carácter de declaración jurada, dentro de los 20 días hábiles a contar de la fecha de publicación del mencionado decreto provincial.

La emergencia agropecuaria para los mencionados departamentos se extenderá desde el 1 de abril de 2013 hasta el 31 de marzo de 2014, de acuerdo al decreto firmado por el gobernador salteño Dr. Juan Manuel Urtubey.

Con campos devastados, parcelas enteras abandonadas, cultivos arruinados e, incluso, presencia de plagas por la falta la continuidad de la campaña, el daño económico se estima hasta el momento entre 2.200 y 3.300 millones de pesos. Según Prograno, Asociación Civil sin fines de lucro, fundada el 22 de mayo de 2002 en San Ramón de la Nueva Orán, Provincia de Salta, que nuclea a más de 200 productores de Salta y Jujuy, dedicados al cultivo de poroto, soja, maíz, trigo, maní, cártamo, sorgo y girasol, muchos de los cuales también se dedican a la actividad ganadera, se perdieron en Salta 1,5 millones de toneladas de soja, 600 mil toneladas de maíz y entre 70 mil y 100 mil toneladas de poroto.

El perjuicio social potencial generado por semejante desastre es difícilmente cuantificable. Por lo pronto, ya son numerosas las empresas salteñas que se vieron obligadas a suspender contratos y a despedir a gran parte de su personal de planta.

Esta sequía, que ya se prolonga desde hace dos años, deja al desnudo la importancia de la actividad agropecuaria como generadora de empleo y desarrollo, una actividad que exige inversiones de riesgo donde tanto el cereal, la legumbre y la oleaginosa, como la producción de carne o de leche alcanzan niveles de excelencia porque hay en ellas inversiones tecnológicas en genética, tratamiento de suelos, pasturas y sistemas de riego o bebida.

La disminución de las lluvias promedio en el territorio provincial no tiene éstos antecedentes desde hace treinta años, pero en la zona norte, en San Martín y en Rivadavia, donde el desarrollo rural es menor y donde es decisiva la influencia de cada finca en el empleo y en la vida cotidiana de la gente, la situación es aún más grave.

Datos significativos sobre los registros de precipitaciones de los últimos setenta y ocho años, muestran que en la banda norte del río Bermejo en el período de diciembre a abril, el promedio de lluvias fue de 703 milímetros. La peor de las campañas había sido la de 1947/48, con 258 milímetros. Este año cayeron 213 milímetros.

En tal coyuntura, miles de hectáreas de poroto están definitivamente perdidas. Cada hectárea de legumbre moviliza unos cuarenta camiones por campaña, y demanda una cantidad apreciable de mano de obra. Para los cultivos de soja y maíz de la provincia se espera una pérdida de entre el 30 y el 70 por ciento. En Anta, de las 350.000 hectáreas sembradas con soja se perdieron 210.000, y en maíz, de 80.000 hectáreas se perdieron 48.000. Según las estimaciones de los técnicos, las pérdidas tentativas hacia el fin de la campaña indican una caída 2.000 hectáreas de sorgo y la reducción del área de trigo.

Se debe considerar que la sequía no solo disminuye el área sembrada, sino que deteriora el rendimiento de las tierras en producción, y si bien aún el hombre no puede manejar del clima, sí se pueden mitigar las manifestaciones extremas del mismo. Al respecto, la actual sequía muestra sin piedad las fragilidades de la región, sin ferrocarriles y sin sistemas de riego, que padece la falta de agua a pesar de estar atravesada por tres enormes ríos. La inversión en infraestructura es la herramienta del desarrollo, porque transforma a las regiones y mejora la vida de la gente.

El campo se constituye en una actividad superadora que necesita medidas de emergencia como el mencionado Decreto provincial 1202/13 que, si bien, puede aportar soluciones coyunturales será necesario complementar con acciones de fuerte valoración de la actividad agropecuaria, concebida con criterios modernos y acorde con las exigencias del mundo contemporáneo; una actividad productiva que no solo genera divisas sino que también es sinónimo de trabajo y es una fuente extraordinaria de generación de empleo.

Por las razones expuestas, señor Presidente, y por considerar necesaria la homologación aquí solicitada en pos de la preservación de las economías regionales afectadas, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto de resolución.