La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo la puesta en pleno funcionamiento del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, previsto en el artículo 12 de la Ley 26.485 y conforme a las facultades y obligaciones dispuestas en el artículo 14 de la mencionada norma. En particular envíe a esta H. Cámara, a través de dicho organismo: a) Estudios e investigaciones realizadas sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres desde su creación; b) Convenios de cooperación celebrados con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales; c) Datos relevados, estudios y actividades del Observatorio; d) Informe anual 2014 sobre las actividades desarrolladas.

Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del Consejo Nacional de las Mujeres, Remita la Guía de Servicios sobre los programas y los servicios de asistencia directa para las mujeres víctimas de violencia de género que conforme al artículo 9 inc. ñ) de la ley está obligado a diseñar y publicar.

Requerir asimismo, remita el Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres y los resultados obtenidos conforme al monitoreo efectuado en virtud de lo dispuesto por el artículo 9, de la mencionada ley.

Señor presidente:

La violencia contra las mujeres en Argentina no da tregua, 255 mujeres muertas en 2012, 295 en el año 2013 y 277 en el año 2014, son algunos de los datos proporcionados por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) vinculadas a la temática.

En nuestro país no hay estadísticas oficiales sobre femicidios. Los números que se conocen fueron elaborados por ONG´s que asisten a mujeres víctimas de violencia, como por ejemplo"La Casa del Encuentro".

Si hablamos de la violencia contra la mujer, podemos definirla como todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres por su condición de tales, presentando numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física o psicológica y el asesinato. Produciéndose en muy diferentes ámbitos (familiar, laboral, formativo, etc.), y adquiere especial dramatismo en el ámbito de la pareja y doméstico, en la cual anualmente, decenas o cientos de mujeres son asesinadas a manos de sus parejas en diferentes países del mundo.

Es necesario considerar la violencia contra la mujer como una cuestión política, social, institucional, cultural y de derechos humanos.

Es precisamente este estado de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer, el que hace necesaria la intervención del Estado: apoyando, protegiendo y conteniendo a las víctimas; colaborando, asimismo en todo y cuanto le sea posible para prevenir este flagelo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se definió la violencia contra la mujer en su artículo 1º, como: "Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada".

En 1995, bajo los auspicios de la ONU en el Congreso sobre la Mujer celebrado en Pekín, se definió la expresión violencia de género siendo la traducción del inglés gender-based violence o gender violence. Con ella se identifica la violencia, tanto física como psicológica, que se ejerce contra las mujeres por razón de su sexo, como consecuencia de su tradicional situación de sometimiento al varón en las sociedades

de estructura patriarcal.

En el mundo, la violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex pareja está generalizada dándose en todos los grupos sociales independientemente de su nivel económico, cultural o cualquier otra consideración.

En países donde no existe la figura de femicidio, este delito es juzgado como un homicidio, parricidio o infanticidio de acuerdo a cada legislación en particular; por todo esto tiene que haber un equilibrio entre el debido proceso hacia el victimario y la garantía de su derecho de legítima defensa con la garantía de los derechos de las víctimas y también de las víctimas colaterales de los femicidios.

Un avance significativo en la temática lo constituye la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: Convención de Belem Do Para". En su artículo 1° que "debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado". Asimismo esta Convención garantiza a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado y al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.

En el informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Rashida Manjoo al analizar las medidas protectorias manifiesta que: " A fin de cumplir su obligación de debida diligencia en materia de protección, los estados han adoptado numerosas medidas, sobre todo en lo que respecta a la prestación de servicios como líneas telefónicas de emergencia, atención de la salud, centros de asesoramiento, asistencia jurídica, refugios, órdenes de alejamiento y asistencia financiera a las víctimas de la violencia. Sin embargo, pese a la adopción de esas medidas de protección, la irregularidad de su aplicación y la incapacidad de ejercer la debida diligencia a veces han tenido como resultado una nueva victimización de las mujeres que denuncian los casos de violencia".

El punto 75 del mencionado informe establece que "todo marco de prevención de la violencia contra la mujer debe incluir, entre otras cosas: a) medidas legislativas, en particular la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, la armonización de la legislación nacional, la adopción de legislación específica relativa a la violencia contra la mujer y la asignación de recursos presupuestarios y humanos suficientes para garantizar la aplicación efectiva de esa legislación; b) medidas institucionales y de política, como la eliminación de todo obstáculo a la investigación y el procesamiento de los casos de violencia contra la mujer, la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para prestar apoyo y servicios a las víctimas de la violencia de género, la creación de mecanismos de coordinación entre las autoridades y los proveedores de servicios a fin de garantizar una cooperación eficaz y el intercambio de información sobre las cuestiones relativas a la investigación y el procesamiento de los casos de violencia contra la mujer; c) actividades de fortalecimiento de la capacidad, incluidas las de formación y sensibilización, en particular la capacitación con una perspectiva de género para todos los funcionarios públicos que se ocupan de la violencia y la discriminación contra la mujer, campañas de sensibilización destinadas a eliminar las actitudes discriminatorias y combatir los estereotipos, e integración de la perspectiva de igualdad de género en los libros de texto y programas escolares...".

Como se aprecia en el punto b) es imperioso no sólo eliminar obstáculos a la investigación y el procesamiento de casos de violencia contra la mujer, sino promover, auspiciar y estimular dichos enunciados.

Es fundamental, para crear conciencia en la población y principalmente en los jóvenes que inician sus primeras relaciones sentimentales, la difusión, coordinación y homogeneización del tratamiento de la información referida a las víctimas de violencia de género a través de la creación del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres; datos éstos que a su vez deberán ser volcados en una página web, que simplifique el acceso a la información y el desarrollo de políticas públicas destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género.

La 4 recomendación de la Organización Mundial de la Salud dispone que es necesario Incrementar la capacidad y establecer sistemas de recopilación de información para vigilar la violencia contra la mujer, así como de las actitudes y las creencias que la perpetúan.

"...La vigilancia es un elemento clave para un enfoque sobre salud pública que permita controlar las tendencias existentes y valorar el impacto de las intervenciones. La responsabilidad de dicha vigilancia debería recaer de forma explícita en una institución, organismo o instancia gubernamental, con el fin de que se utilice una metodología estándar y se disponga de mecanismos que garanticen la difusión y utilización adecuada de la información. La creación de capacidad en materia de vigilancia, incluida la utilización de encuestas, constituye un elemento importante en este sentido...".

"...Es esencial que las oficinas de estadísticas nacionales y los correspondientes ministerios, en particular los de salud y justicia, así como las organizaciones que prestan servicios a las mujeres, garanticen que se recopile la información de forma que se respete la confidencialidad y no se ponga en peligro la seguridad de las mujeres...".

Por ello, la confección y ejecución de un Plan de Acción por parte del Consejo Nacional de la Mujer y la puesta en pleno funcionamiento del Observatorio son piezas claves para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres. De lo que se trata, en suma, es del acabado cumplimiento de la ley 26.485, posibilitando que los organismos que se establecieron cumplan con las funciones encomendadas. De nada han contribuido hasta la fecha los cumplimientos parciales y a cuenta gotas, citando como ejemplo al Observatorio de Violencia contra la Mujer, que conforme a su página web da cuenta de actividades solo en el año 2013 y sin contar con información ni investigaciones disponible respecto de sus funciones y cometidos.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares dar la aprobación al siguiente proyecto de resolución.