La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que en los términos del art. 100 inciso 11 de la Constitución Nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y demás organismos competentes en la materia, informen a la H. Cámara de Diputados de la Nación acerca de los siguientes puntos vinculados a las excepciones a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, dispuestas en el período constitucional iniciado el 10 de diciembre de 2011 la actualidad para la contratación de personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

1.- Remitir un prolijo listado de la totalidad de empleados, funcionarios o personal contratado en el período indicado en el introito, que al iniciar su vinculación laboral con el Estado nacional hayan sido beneficiados con alguna clase de excepción a los requisitos establecidos en la ley 25.164, su decreto reglamentario y demás normas imperantes para el cargo cubierto por dicha designación.

2.- Enunciar en cada caso particular que corresponda al requerimiento contenido en el punto precedente, las razones de oportunidad, mérito y conveniencia que motivaron el dictado de excepción o de no observancia de prohibiciones o incompatibilidades aplicables.

3.- Establecer las razones por las cuales el gobierno nacional no selecciona personas capacitadas, profesionalizadas o indicadas para las áreas con vacancias o necesidad de empleados y recurre de manera permanente a excepciones a las condiciones de ingreso que fija el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) y designa personal sin la calificación formal mínima requerida para el ejercicio del cargo.

4.- Esclarecer si desde el Poder Ejecutivo Nacional se considera como un elemento de valoración para la designación de personal la condición de afiliado al Partido Justicialista y demás fuerzas integrantes del Frente para la Victoria o su militancia en agrupaciones políticas tales como La Cámpora, Unidos y Organizados, Kolina, Tupac Amaru, Miles, Frente Transversal, Movimiento Evita y similares adscriptas al proyecto liderado por la señora presidente de la Nación.

Señor presidente:

De la lectura cotidiana del Boletín Oficial, se infiere la permanente excepción a los extremos de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, al momento de contratar personal del SINEP.

La Constitución Nacional, sabiamente establece en su art. 16 que la idoneidad es el requisito para acceder al empleo público, cuando dice: Todos los habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Eso es todo. Al expresarse con tanta discreción, casi tímidamente, sobre este principio crucial de la Constitución, ¿habrán presentido los constituyentes de 1853 lo difícil que resultaría cumplimentarlo?

Los empleos públicos a los que se refiere el artículo 16 no son los cargos electivos, que están sujetos a la decisión soberana de los ciudadanos. Pero los cargos electivos son apenas la espuma de la gran ola del Estado. Inmediatamente debajo de ellos ruedan los decisivos engranajes de la burocracia. La red de jueces, embajadores y altos oficiales civiles, militares y policiales que cuidan de la cosa pública caen rigurosamente bajo el principio olvidado.

La raíz de la palabra idoneidad es el latín id, lo mismo, del cual vienen identidad e ídem. El Diccionario de la Real Academia lo define así: idóneo, adecuado y apropiado para una cosa. Marca de este modo una suerte de identidad entre la persona idónea y aquello para la cual ha sido nombrada. En el lenguaje de hoy diríamos que la persona idónea es funcional: que se adecua, que es apropiada al fin que sirve. Que es un auténtico funcionario.

Ahora se comprende el juego de valores que diseñaron los constituyentes en el artículo 16. Empezaron por decir que los habitantes son iguales ante la ley. Esta igualdad se traduce, entre otras cosas, en que nadie gozará de privilegios cuando de llenar un empleo público se trate. Pero hay una condición para llegar a él: la idoneidad. Lo cual significa que el artículo 16 dice, en el fondo, que lo único que torna desiguales a los habitantes cuando de cubrir vacantes públicas se trata, es la idoneidad. Ni el dinero, ni la clase social, ni la religión, ni la ideología, ni la proximidad al partido gobernante deben influir en los nombramientos. Lo único que debe influír es la capacidad, el mérito. Ni la aristocracia ni la oligarquía, pero tampoco un igualitarismo perfecto. En Atenas, los cargos públicos se sorteaban entre los ciudadanos. He ahí la perfecta igualdad. Pero la Constitución de 1853, ratificada en 1994, establece otro sistema. La meritocracia. Somos iguales, salvo en la idoneidad.

Hay dos interpretaciones posibles de la idoneidad. Podemos establecerla como un requisito mínimo que, una vez llenado, deja en manos del Gobierno la facultad discrecional de escoger entre aquellos que lo llenan. Es como si se exigiera un 4, un aprobado, para ingresar en el Estado, de modo tal que a partir de ese piso el Gobierno quedase en libertad de elegir entre todos aquellos que, ya hubieran obtenido un 4 o un 10, superen el modesto umbral.

Este es el sistema del amiguismo limitado. Autoriza al Gobierno a elegir a sus amigos, pero no a todos, sino solamente a aquellos que tengan un mínimo de condiciones de idoneidad. Un embajador que no sepa idiomas o un juez que no sepa Derecho, no calificarían.

Esta es la concepción minimalista de la idoneidad. Pero hay también una concepción maximalista: que no se elija entre todos los idóneos sino solamente entre aquellos que son los más idóneos para el cargo. Este segundo criterio restringe severamente la libertad de opción del Gobierno, porque lo obliga a escoger sólo entre los que sacaron un 10. Un embajador sin largo entrenamiento diplomático o sin condiciones excepcionales para representar al país, un juez que no sea de los mejores y los más respetados en su área de especialización, no calificarían.

¿Cuál de estos dos criterios beneficia más a los ciudadanos? La respuesta es obvia. No queremos ser servidos por jueces, embajadores y altos oficiales civiles, militares o policiales de nivel 4 sino de nivel 10. No queremos la mediocridad sino la excelencia de los servidores del Estado. Esta ha sido la intención de los constituyentes de 1853, que no estaban pensando en fundar una nación sino una gran nación.

La reiterada, permanente y habitual excepción que se dispone desde el Poder Ejecutivo, para soslayar los requisitos esenciales que se exigen a quienes acceden al empleo público, llama la atención porque en un país con tantos ciudadanos calificados, profesionalizados, estudiosos y aplicados se deba optar por aquellos que carecen de las exigencias legales.

En consecuencia, el Poder Ejecutivo debe informar a esta H. Cámara cuáles los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de designar empleados y funcionarios que ab initio carecen de las condiciones mínimas requeridas ya que se advierte que han operado una transformación de la excepción en regla.

Pido el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar el presente pedido de informes.