La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar repudio y preocupación por la sentencia y fundamentos esgrimidos en el fallo emitido por los Jueces Horacio Daniel Piombo y Ramón Sal Llargués, integrantes de la Sala I del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, reduciéndole la pena a un hombre condenado por abusar sexualmente de un niño de seis años, argumentando que la víctima "estaba acostumbrado a que lo abuse su padre", "transitaba una precoz elección de esa sexualidad" y descartando el agravante de aprovechamiento de la indefensión del niño.-

Señor presidente:

A través del presente Proyecto de Declaración expresamos nuestra preocupación y repudio por la sentencia y fundamentos esgrimidos por los Jueces Horacio Daniel Piombo y Ramón Sal Llargués integrantes de la Sala I del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires al reducir la pena a un hombre condenado por abuso sexual de un niño de seis años, argumentando que la víctima "estaba acostumbrado a que lo abuse su padre", "transitaba una precoz elección de esa sexualidad" y descartando el agravante de aprovechamiento de la indefensión del niño.

El acusado, Mario Tolosa, un hombre que se desempeñaba como vicepresidente del Club Florida, abusó sexualmente de un niño de seis años el 6 de marzo de 2010 en esa localidad del partido bonaerense de Vicente López. Cuando comenzó el juicio, la Justicia condenó a Tolosa a 6 años por "abuso sexual con acceso carnal" pero, en un fallo emitido recientemente, la Cámara de Casación de San Isidro le redujo la pena a 3 años y dos meses. Los jueces Piombo y Sal Llargués consideraron que la pena impuesta debía ser reducida argumentando que el niño víctima del abuso "estaba acostumbrado a que lo abuse su padre", "transitaba una precoz elección de esa sexualidad" y descartando el agravante de aprovechamiento de la indefensión del niño.

Es importante mencionar que ambos jueces cuentan con antecedentes de fallos que han sido muy cuestionados: fue Piombo quien, en un fallo claramente discriminatorio, en el año 2011 le redujera la condena a un pastor evangelista que abusó sexualmente de dos fieles de su iglesia, argumentando que la "condición social" de las víctimas (¿mujeres y pobres?) negaba la existencia de las violaciones. En efecto, el fallo planteaba que "lo hecho por el encartado (el pastor Francisco Avalos), tener relaciones con mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas; que, además, poseían experiencia sexual -incluso en yacer con otros hombres- (...) no lo veo como algo moralmente edificante pero tampoco como un quehacer aberrante, repulsivo, que hiera la integridad sexual". Posteriormente, y en virtud del evidente carácter discriminatorio de semejante decisión, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires anuló dicho fallo. Por esta situación fue presento en la Legislatura Bonaerense un pedido de juicio político contra el magistrado, que nunca prosperó.

Este mismo Juez fue quien también tuvo intervención en un polémico dictamen en el año 2010 ordenando la libertad de un hombre de Olavarría condenado a perpetua por violar a sus dos hijas, y el mismo que en el año 2009 atenuó una condena a perpetua impuesta a un hombre que mató a su esposa y golpeó a su hija luego de una discusión.

Como someramente enumeramos, no es la primera vez que estos jueces tienen fallos tan cuestionados y absolutamente discriminatorios. En todos sus fallos no hacen más que reflejar concepciones misóginas, homofóbicas, discriminatorias y que se fundan en prejuicios sobre las víctimas, demostrando un rasgo lamentablemente predominante en nuestros patriarcales sistemas judiciales.

Con este tipo de fallos se está legitimando y amparando un delito aberrante como es la violencia sexual. En este sentido, y por sus sentencias aberrantes, retrógradas y perversas, además de reñidas con el más mínimo sentido común y humanitario, consideramos que se debe revertir este inaceptable y sumamente peligroso criterio en la propia causa, y que estos jueces deben ser sometidos a juicio político y destituidos de su cargo de manera urgente.

Por todo lo expuesto anteriormente, y recordando que todos los poderes del Estado tienen la obligación de garantizar los derechos establecidos en la Convención de Derechos del Niño y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, es que solicito a las Sras. Diputadas y los Sres. Diputados acompañen en la sanción del presente Proyecto de Declaración.-