La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su repudio por la represión que la Policía Metropolitana, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, efectuara el 26/04/2013 contra trabajadores y pacientes del Hospital José T. Borda, hecho por el que dicho gobierno no ha manifestado aún su responsabilidad, reparado su error ni pedido las disculpas pertinentes.

Señor presidente:

En la mañana del 26 de abril de 2014, apenas pasadas las 7 de la mañana, unos 200 efectivos de la Policía Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, acompañados por efectivos de una empresa de destrucción, ingresaron a un predio que depende del Hospital Borda, especializado en salud mental, previo romper una reja con candado. En el predio que ocuparon estaba, en ese entonces, el Taller Protegido N°19, al que asistían los pacientes a realizar tareas de herrería y carpintería, como parte de su recuperación. Conocida la intención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de demolerlo para construir allí un Centro Cívico, aunque momentáneamente impedido por una medida judicial, la súbita irrupción -sin permiso- en terreno del hospital alertó a sus trabajadores, que se acercaron a consultar que estaba sucediendo y, de paso, proteger su lugar de trabajo. Sin embargo, y en desmedro de toda lógica, sentido común y los más mínimos indicios de formar parte de una sociedad civilizada, la Policía respondió a los golpes. Sí, Señor Presidente. La respuesta no fue el diálogo, la respuesta fue la represión.

Aunque hace diez años estamos intentando eliminar la opción de la represión de las protestas sociales - en este caso no fue una protesta, sino una defensa de un inmueble injustamente usurpado-, y a pesar de que cada vez son menos las voces que exigen que se reprima, y aún menos los casos en que esto llega a suceder, en abril del 2013, la Policía dependiente de la Ciudad con mayor superávit del país, eligió hacer oídos sordos a todos los avances sociales que nuestra sociedad ha mostrado, y reprimió. Peor aún, un año después, el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, responsables directos del crimen, no han hecho siquiera un mea culpa al respecto.

No solo los médicos/as y enfermeros/as fueron golpeados, gaseados y disparados con balas de goma. A medida que la represión se hacía conocida por las redes sociales y los medios de comunicación, comenzaron a acercarse vecinos, periodistas, sindicalistas y legisladores de la ciudad, de todos los partidos políticos, menos del PRO. Y también se acercaron, o mejor dicho, salieron del hospital que se estaba ocupando, los pacientes. Exacto, se golpeó y disparó a pacientes con serias enfermedades mentales, en algunos casos con alevosía, porque se "burlaban" o se "acercaban" al lugar de la acción. Ni se acercaban ni se burlaban, su condición no les permitía entender con claridad lo que estaba sucediendo, llevándolos a actuar de formas que enfurecían a los policías, quienes los tomaron como blanco de tiro. Uno de ellos llegó a tener 21 marcas de balas de goma en el cuerpo. Otro, tratando de escapar, se quebró una pierna.

El taller se demolió, para las 9.30hs quedaban solo escombros. Sin embargo, hasta las 15hs se continuó reprimiendo. La Policía Metropolitana no estaba ahí para demoler, sino para "proteger" (¿de quién?) a los trabajadores de la destrucción. Una vez que terminaron su trabajo, ya no tenían nada que hacer. Pero se quedaron igual, reprimiendo.

Desde entonces ha habido acusaciones cruzadas en la justicia. Se han presentado nuevas medidas cautelares para que no se pueda construir en donde estaba el taller (a pesar de que regía una cuando fue destruido) y, en un principio, se sobreseyó a los responsables del gobierno de la ciudad, aunque ese sobreseimiento acaba de ser levantado. Ahora, la Justicia Penal volverá a investigar a Mauricio Macri (Jefe de Gobierno), María Eugenia Vidal (Vice Jefa de Gobierno), Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gabinete), y a los ministros de Seguridad, Guillermo Montenegro; de Salud, Graciela Reybaud, y de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y al jefe y subjefe de la Metropolitana, Horacio Giménez y Enrique Pedace. Hasta ahora el único imputado era el oficial Martín Jorge Roth, por abuso de autoridad. Los demás serán investigados por violación de los derechos humanos de pacientes y trabajadores del Borda y abuso de autoridad.

Otra medida judicial alcanzó a algunos sindicalistas y trabajadores que protegieron el hospital, por atentado a la autoridad y tentativa de robo, a pesar de que estaban protegiendo un taller que pertenecía al hospital y que estaba siendo ilegalmente demolido.

A un año de la represión, los pacientes perdieron un lugar de rehabilitación que aún no ha sido devuelto. El Gobierno de la Ciudad intentó construir otro que nunca pudo ser habilitado, ya que no les proveyó de ascensores y lo ubicó en un lugar donde los ruidos impiden la clase de trabajo que se necesita hacer con los enfermos. Mauricio Macri continúa defendiendo el accionar de su policía, lamentando que los trabajadores y pacientes hayan "tirado piedras" frente a las balas, y alegrándose que ahora sean los defensores los procesados en lugar de los atacantes.

Lamentablemente, este terrible hecho no está aislado en la política de derechos humanos y de salud que ejerce el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta principios de 2013 se contaban 116 vetos a leyes, muchas aprobadas por su propio partido, en temas de salud, derechos humanos, cultura y vivienda, entre otros. En 2007, se vetó la creación de un laboratorio estatal de producción de medicamentos. Le quitó un subsidio a la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, impidió la inclusión de la leyenda "Donar órganos salva vida" en la boleta del ABL y vetó dos veces una ley de amparo a fábricas recuperadas. También en el ámbito de los derechos humanos, evitó que se creara un comité contra la tortura y otros tratos o penas crueles (¡que visionario!), otro contra la trata de personas, negó un subsidio a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, así como otro mensual y vitalicio a los ex combatientes de Malvinas residentes en la Ciudad, y vetó la ley que daba protección a personas en situación de calle, entre muchas otras.

No es mi intención extenderme en este tema, pero si es mi deseo dejar en claro que la política del Gobierno de la Ciudad en cuanto a los Derechos Humanos y la Salud no surgió el 26 de abril del 2013, sino que parece ser algo delineado y pensado. Como legisladores nacionales, no podemos más que llamar la atención y expresar nuestro fuerte repudio a estos hechos, haciendo énfasis en los sucesos de un año atrás, que aún no han sido reparados.

Por los motivos expuestos, y deseando que este llamado de atención sirva para impedir nuevos sucesos como este, solicito a mis pares me acompañen en el presente Proyecto de Declaración.