La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar preocupación por la dificultad de acceder en tiempo oportuno y razonable a las sumas abonadas por el Estado Nacional en concepto de sueldos y por lo tanto de carácter alimentario -a través del Banco Nación Argentina-; atento al colapso del sistema de extracción de dinero por cajeros automáticos causado -entre otros motivos- por la falta de billetes de mayor denominación y la demora en la instalación de nuevos cajeros a lo largo de todo el país.

Señor presidente:

El Estado Nacional abona, por intermedio del Banco Nación, todos los sueldos de los empleados a su cargo en las distintas jurisdicciones del país, sin que se haya previsto la infraestructura necesaria que garantice el cobro en un tiempo razonable.

Existen distintas causas que han contribuido a generar el colapso del sistema de extracción de dinero por cajeros automáticos, una de ellas es el efecto inflacionario que ha sido necesario compensar con el aumento de las sumas que el Estado Nacional abona en concepto de sueldo. Al no haberse previsto la emisión de un billete de mayor denominación que el de $ 100 adecuando el circulante a los índices inflacionarios de la República Argentina, el volumen de billetes aumenta con cada extracción y los cajeros se vacían rápidamente, complicando por otra parte el resto de las transacciones bancarias que se ven demoradas por la cantidad de billetes que involucra.

Por otro lado los cajeros han ido ampliando la cantidad de servicios, complejizando su utilización. Esto también debe verse reflejado en el aumento de la infraestructura. A continuación se realiza un análisis más profundo de la situación y las aplicaciones en que ha sido evolucionando el uso del cajero automático que ilustran las más diversas transacciones y operaciones bancarias que se ven afectadas por la falta de billetes de mayor denominación y de cajeros automáticos.

Los cajeros automáticos han ido sumando distintas modalidades operacionales que se agregan a las ya tradicionales como el retiro de dinero en efectivo de la cuenta bancaria o débito; obtención y cambio de contraseñas olvidadas de banca electrónica o telefónica; recarga de tarjeta monedero; ingreso de dinero en la cuenta mediante un sobre, normalmente proporcionado por el propio cajero, en el que se introduce dinero en billetes o cheques; recarga de teléfonos móviles prepagos; obtención de los movimientos de una cuenta o débito; envío de dinero al extranjero; pago de servicios públicos, y en los últimos años se han incorporado los pagos de planes nutricionales y de asistencia social, y el depósito de las jubilaciones y pensiones.

Los cajeros automáticos de entidades bancarias cobran costos asociados con la extracción de dinero desde otra unidad electrónica, o denominada ATM (Automated Teller Machine), siendo que las operaciones efectuadas desde otras redes implican un costo superior, que puede significar un 8% más en relación con el cargo aplicado por el uso de ATM de una misma institución. Si bien están exceptuadas en la extracción de billetes de las cuentas sueldo y las cuentas previsionales para jubilados y pensionados -sin distinción de banco ni de red- la excepción de cargos adicionales sucede siempre que no se supere el monto depositado por el Estado o el empleador, aunque los cargos sí se aplican al resto de las modalidades de operaciones bancarias electrónicas. Como ejemplo, en 2012 la cantidad de unidades autoservicio de la banca electrónica del Banco Provincia ascendía a 1.303, concentradas mayormente en Capital Federal y en los centros urbanos de la provincia de Buenos Aires. Un informe difundido por el Banco Central (BCRA), el número de habitantes por cajero automático bajó en los últimos 13 años a menos de un tercio, de 8,6 a 2,6 por máquina. Sin embargo el total de transacciones vía ATM pasó de unas 360 millones en 2007, que involucraron unos 120.000 millones de pesos, a 720 millones de transacciones en 2012, que representaba unos 500.000 millones de pesos, contabilizando el total de los más de 18.000 cajeros existentes en todas las entidades bancarias contabilizadas hasta esta fecha.

Otro factor que ha sido determinante en la situación observada, es que de manera periódica han ido subiendo los topes de extracción, que según la calificación que realice el banco respecto de sus clientes, el máximo que se puede retirar en algunos casos es de hasta 7.000 $ cada 24 horas para quienes cobran sueldos superiores a 18.000$, y a partir de noviembre de 2013, la suma general había ascendido de 2.000 $ a 3.000 $ como tope máximo de retiro de dinero efectivo. Pero, a pesar que los topes fueran incrementados por las entidades bancarias, el máximo de billetes que puede expender los ATM es de 40 billetes por operación. Esto significa un dilema operativo, dado que la incongruencia entre el tope máximo permitido y la cantidad máxima operativa no concuerdan en número (7.000 $ permitidos contra 4.000 $ reales), que podría ser resuelto eficazmente en caso que el Estado avance en la modificación de la denominación máxima de los billetes, que actualmente asciende a 100 pesos. La ecuación es muy simple; si se emitiesen billetes de 200 $, duplicaríamos la capacidad de efectivo que podría entregar los ATM en el caso de la denominación más alta, considerando que éstos representan casi el 60% del total de la masa circulante, sin necesidad alguna de realizar modificaciones estructurales a los mismos, ni de realizar ajustes en logística del sistema de reposición, que según datos de principios de este año, están operando a su máxima capacidad, claramente debido a una inflación anual promedio de 25%, en estos últimos cuatro años, que obliga a necesitar el doble de billetes para cubrir los mismos insumos mensuales.

No se puede dejar sin observar la relación directa entre el dinero que puede almacenar un ATM, que es de 12.000 billetes, entre los de mayor y menor denominación, y la necesidad de requerir mayores montos por operación, para poder cubrir especialmente los pagos por servicios y demás operaciones comerciales que aún se realizan con dinero efectivo. Tal es el caso de los alquileres, que siendo generalmente un contrato entre particulares, se realizan bajo esa modalidad, lo cual requiere de más de una operación para retirar el dinero suficiente para cubrir el total del abono. La presión inflacionaria está siendo un factor importante para que la tendencia sea cada vez mayor de no contar con dinero en efectivo en los ATM, sumado a que se da con bastante frecuencia que las terminales sufren desperfectos técnicos que obligan a dar de baja el servicio entre 1 y 0.8 veces al mes por cada ATM en operatividad.

Según estadísticas del año 2013- 2014 del Banco Mundial, Argentina posee un promedio de 57.39 de terminales ATM cada 100.000 habitantes, muy lejos de los promedios de Australia (163.88), Canadá (222.82), España (118.60), Brasil (130.74), Chile (64.50) o Portugal (180.90), tomando estos países por la relación económico-social- financiera similar al nuestro. De los aproximados 15.000 ATM operativos, más de la mitad se concentran en la C.A.B.A. y en la provincia de Buenos Aires, tomando en cuenta que las entidades bancarias realizan estudios de factibilidad que contemplan, entre otros conceptos, que la inversión para la compra e instalación de una terminal, oscila entre los 12.500 y los 50.000 U$S, según el nivel de sofisticación y prestaciones de los mismos; a esto se le agrega el costo mensual del seguro contra robos y siniestros; el cargo de traslado, recuento, autenticación y depósito de dinero, que generalmente se encarga la transportadora de caudales Prosegur y sus empresas subsidiarias; y el mantenimiento periódico de las ATM y de los sistemas periféricos de seguridad (cámaras, equipos de DVR, monitoreo, etc,); y de los demás cargos que la actividad bancaria requiere, comparado con el volumen de negocios y transacciones diarias que se realicen en cada localidad del país, y de acuerdo a criterios más ligados a la realidad social, demográfica y comunitaria de los territorios a expandir dicho servicio bancario.

Existe una gran cantidad de volumen de dinero que aún circula en efectivo, y esto se debe a que muchos comercios han decidido no utilizar la alternativa de cobrar sus operaciones comerciales mediante las tarjetas de débito y crédito, tal el caso de una gran parte de los supermercados no nucleados en las grandes cadenas de venta al público, que representan el 54% del total de un aproximado a 8.700 establecimientos de autoservicio existentes en la República Argentina; casi la totalidad se encuentran asociadas a la Cámara de autoservicios y supermercados propiedad de residentes Chinos de Argentina (CASRECH) y/o a la Cámara empresarial de desarrollo argentino y países del sudeste asiático (CEDEAPSA). Las mismas se encuentran distribuidas en un 11% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (517 bocas); un 56,9% en el Gran Buenos Aires (2669 bocas) y un 32,1% en el interior (1502 bocas). La razón esgrimida es que debido a los costos de transacción y mantenimiento de las terminales electrónicas (P.O.S.), no es redituable utilizar dicha operatoria, teniendo en cuenta que según un informe de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el costo financiero en el canal de comercialización por el uso de tarjetas de crédito o débito, hace que por cada diez pesos que el consumidor gasta en una compra en un comercio, los bancos se lleven dos. Es objetivamente claro que de no existir mecanismos estatales que logren bajar las comisiones bancarias en estas operaciones comerciales, definitivamente los comercios seguirán tomando solo dinero efectivo, en vez de tarjetas de crédito o débito, en un mercado como el argentino, donde la mitad de los hogares viven con menos de 9.000 $ mensuales, el valor agregado de los supermercados no tradicionales es que se comercializan segundas marcas, o marcas subsidiarias, cuyo valor es menor a las de renombre, y que son mas atractivas para un gran segmento de la sociedad que intenta balancear el presupuesto, apostando por productos de similares características que los de las marcas líderes, pero que contribuyan al ahorro de bienes consumibles. Este canal de venta minorista, barrial y alternativo, ha acaparado un volumen de ventas de más de 12.200 millones de pesos en el año 2014, cuya gran mayoría de operaciones se realizó a través de dinero en efectivo.

Según datos del Banco Central, en el año 2012 la circulación monetaria fue de 207.564 millones de pesos, y si se toman comparación de los registros de abril de 2014 a abril de 2015, la variación monetaria fue de 368 mil millones a 470 mil millones de pesos, lo cual significa que se inyectaron más de 100 mil millones de pesos a la base monetaria argentina, o un aproximado al 30% del total estacionario, siendo que han crecido muy poco los instrumentos de esterilización monetaria, y los mecanismos de absorción de efectivo circulante, tal como lo marca la tendencia mundial, que durante los últimos cinco años, los principales bancos centrales han inyectado grandes cantidades de efectivo para lograr mayor liquidez al sistema financiero, a través de la compra de títulos y valores, del otorgamiento de créditos a entidades bancarias privadas, o aumentando las reservas de divisas a través del intercambio monetario en dólares. Esta burbuja monetaria propicia nuevamente la generación de más inflación y por ende, de mayor emisión para sostener el comportamiento consumista que mantenga la rueda financiera y económica en movimiento.

Debido a la mayor utilización de cajeros automáticos, se produce mayor desgaste y menor vida útil de los mismos, siendo que en nuestro país hay un recambio anual de los mismos que ronda las 4.000 unidades anuales, teniendo en cuenta que la extracción de billetes en Argentina es de aproximadamente 13 billetes por operación, cuando en el resto del mundo el promedio es de 4 a 5 billetes, teniendo en cuenta que hay más de 19.5 millones de personas que utilizan los ATM para este servicio. Las transacciones a través de este medio superan ampliamente los 100 millones de pesos mensuales para atender a más de 30 millones de tenedores de tarjetas. Al no existir proveedores locales de cajeros automáticos, las empresas Wincor Nixdorf, NCR y Diebold importan los equipos, que debido a la política estatal actual de importaciones, ven obstaculizado el ingreso de los repuestos para la reparación de las terminales dañadas, quedando inoperantes por un lapso de tiempo mucho mayor que en el resto de los países de la región, lo que hace habitual toparse con ATM fuera de servicio o en paupérrimas condiciones debido al deterioro del parque actual de terminales.

Es necesario aclarar que el rol de la banca pública es el de ser el agente financiero de las personas físicas y jurídicas, cumpliendo además con la planificación y gestión de la política desarrollada en materia de acción social, que en los últimos años se han observado modificaciones en cuanto al tipo de beneficio otorgado, siendo que son cada vez menos los planes asistenciales clásicos, que reparten bolsones de alimentos, reemplazándolos por tarjetas de débito emitidas a los titulares de las ayudas sociales, a las que se les carga una suma de dinero determinada, produciendo de esta manera, que los asistidos por el Estado ingresen al sistema financiero, debido a la bancarización de los planes de asistencia social, permitiendo así utilizar nuevos mecanismos de control más eficientes para el análisis del gasto de las transferencia de recursos que hace el Estado a las familias beneficiarias, y posibilitando que las mismas elijan los artículos alimentarios que consumirán.

Existiendo una tendencia que propicia la posibilidad de avanzar en la bancarización de todas las ayudas sociales estatales, no caben dudas que el rol de los bancos, cuya administración esté a cargo del Estado, será el de absorber las transferencias de recursos de los más de sesenta programas de ayuda social que actualmente cuenta el Estado nacional. Los principales medios de disponibilidad de dinero en efectivo son los cajeros automáticos que, sin lugar a dudas, deberán contar con mayor cantidad de bocas de operaciones, para satisfacer la demanda que progresivamente irá en aumento. El actual contexto de permanente suba de precios ha hecho que la cantidad de extracciones se duplicara en los últimos cinco años. Además los valores exigidos como "piso" por las entidades financieras para efectuar operaciones vía mostrador son cada vez más elevados. Se estima que el costo de dinero que les cuesta a los bancos por una operación vía ATM es de 1$, frente a 15 $ que gastan por una operación realizada por caja. De este modo, se "obliga" a más clientes a recurrir a los cajeros, con los gastos extras que implica tal situación.

Por todo lo expuesto, y atento a la superlativa importancia que conlleva la igualdad de oportunidades y derechos de todos los habitantes de nuestra nación, es que solicitamos a este Honorable Cuerpo la aprobación del presente Proyecto de Declaración.