La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más absoluto repudio a la represión ejercida por la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Hospital Borda en el marco de los hechos ocurridos el 26 de abril del corriente año.

Señor presidente:

El pasado viernes 26 de abril de 2013 la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asumió un papel impensable e injustificado en el marco de la destrucción de un espacio edilicio del Hospital Borda: la ocupación ilegal de sus terrenos y la represión brutal de los manifestantes que intentaron resistir el accionar; entre ellos, médicos, enfermeras, internos del Borda, periodistas, fotógrafos, personal del Hospital, militantes gremiales y legisladores. Como resultado de la represión hubo en total más de 50 heridos y 8 detenidos.

La policía entró a la madrugada del viernes al hospital para apoyar la tarea de demolición de un Servicio de Rehabilitación donde se desarrolla el Talleres protegido N°19, amparado por la Justicia. Ante la resistencia hubo una represión indiscriminada que dejó decenas de heridos y varios detenidos. En concreto, la Policía Metropolitana disparó balas de goma, gases lacrimógenos y golpeó con palos a los trabajadores del hospital neuropsiquiátrico que reclamaban contra la demolición del sector edilicio referido.

En dicho predio el Gobierno de la Ciudad pretende construir un centro cívico, decisión que fue avalada por las leyes Nº 4353, Nº4473, 4474, 4475, 4476 y 4477, normas aprobadas en la Legislatura porteña cuando y el decreto 121/12, para la construcción de proyectos inmobiliarios en terrenos públicos de Liniers, Caballito y Palermo.

A fines del año pasado se presentaron dos amparos contra la construcción del Centro Cívico en el Borda. Uno fue impulsado por Marcelo "Nono" Frondizi, secretario general de la junta interna de delegados de Talleres Protegidos de Rehabilitación, y por Ernesto Balbiano, delegado de ATE. El otro fue encabezado por los legisladores María Elena Naddeo y Aníbal Ibarra, del Frente Progresista Popular. El primero recibió una cautelar favorable, que suspendió el decreto 121/12 del Ejecutivo que aprobaba los pliegos de condiciones para la licitación para construir el centro cívico.

El 28 de diciembre, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso unificó los dos amparos y suspendió el decreto hasta que dictase la sentencia definitiva o se cumplieran una serie de recaudos procedimentales, como la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental y la realización de un estudio de impacto ambiental. La causa volvió a primera instancia.

Luego, el 19 de febrero la jueza de primera instancia Andrea Danas dictó un fallo que dio por cumplidos esos recaudos y levantó la cautelar que suspendía el Decreto 121/12 y frenaba la obra. Aunque los impulsores de los amparos apelaron, el Gobierno porteño se aferró a ese fallo, después de un informe favorable del procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand. El ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, ordenó el inicio de la obra el viernes con la protección de la Metropolitana.

Luego del violento operativo de la Metropolitana, tanto Frondizi como Naddeo e Ibarra hicieron presentaciones ante la Cámara para frenar la obra. La Sala II les dio la razón en una resolución dictada a las 20 del mismo viernes, que recordó que el fallo de Danas fue apelado y que el Gobierno porteño contravino la decisión que la propia Cámara tomó el 28 de diciembre, cuando ordenó la suspensión de los pliegos de licitación. Además, entendió que el levantamiento de esa cautela no se encuentra firme, por lo que el Ejecutivo no podía avanzar con la obra. Además, resolvió reiterar la suspensión del decreto 121/12.

Además, en un segundo fallo, la Sala II multó a funcionarios del Gobierno porteño por violar "las prácticas habituales de actuación en el marco del proceso conforme al deber de lealtad, probidad y buena fe" y consideró que no lo hizo por negligencia, sino que procedió con "una verdadera intención" de desconocer las decisiones de la Cámara. Por este motivo les impuso una multa de 20 mil pesos a Macri, Chaín y Conte Grand.

La resolución de la Cámara demuestra que el accionar del Gobierno de la ciudad con la demolición del Taller Protegido 19 del Hospital Borda ha sido ilegal y viola lo resuelto por la justicia. La Cámara señala que la medida de la magistrada de primera instancia no se encuentra firme y que por lo tanto la medida cautelar de la suspensión del Centro Cívico está vigente, y en consecuencia, "el Gobierno de la Ciudad se encuentra impedido de llevar a cabo cualquier medida vinculada con la construcción de los edificios del nuevo distrito gubernamental hasta que se resuelva el expediente en su conjunto".

Es decir: para defender la presunta salud futura de los vecinos y un supuesto terreno casi baldío, más de 200 policías con cascos, escudos, armas largas y cortas y gas pimienta que produjeron ataques violentos en el hospital, donde se vulneró la seguridad física de los manifestantes, de los internos y de los profesionales, con secuelas gravísimas.

La policía que rodeaba el hospital no era de custodia. Era su cuerpo de élite represivo completo. Desde las 4 de la madrugada, más de 30 vehículos de la Metropolitana aguardaban para intervenir.

Por lo expuesto, estimo impostergable expresar el repudio ante los acontecimientos mencionados, los que inevitablemente nos remiten a momentos trágicos de nuestra historia, y sobre todo condenar el accionar irresponsable y profundamente antidemocrático que destruye el tejido político y social que tanto nos ha costado reconstruir.

Es lamentable avalar la violencia institucional cuando estamos conmemorando los treinta años de Democracia, cuando debiéramos más que nunca resaltar la importancia de los derechos humanos, la paz activa, el compromiso con el otro, y la participación política, social y gremial.

Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.