La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

1. Su rechazo a las expropiaciones que han sufrido las empresas del grupo Techint, -Tubos de Acero de Venezuela (Tavsa), Materiales Siderúrgicos (Matesi) y Complejo Siderúrgico de Guyana (Consigua)-, y otras de capitales sudamericanos radicadas en la República Bolivariana de Venezuela.

2. Su desaprobación y desagrado por la inaceptable discriminación que el presidente venezolano, Hugo Chávez, ha manifestado públicamente entre empresas argentinas y brasileñas.

3. Su repudio al agravamiento de las limitaciones y los condicionamientos a la libertad de expresión en la República Bolivariana de Venezuela, puestas en evidencia en las manifestaciones de hostilidad del Presidente de ese país contra la cadena Globovisión y en la injustificada demora de los ex candidatos presidenciales de Chile, Joaquín Lavín, de Perú, Mario Vargas Llosa y de su hijo Álvaro, cuando visitaban ese país con motivo de un congreso.

Señor presidente:

Este Congreso sancionó con fuerza de ley el ingreso como socio pleno de Venezuela al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en diciembre de 2006, con la finalidad de incrementar los vínculos comerciales, culturales, sociales y políticos entre los estados miembro. El espíritu de aquella ley supone también que los comportamientos de los países que componen este bloque regional se ajustarán a derecho.

Las manifestaciones unilaterales del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela contra la libertad de empresa y la libertad de expresión ocurridas en los últimos días alteran profundamente los tratados internacionales que regulan normativamente las acciones de nuestros países, por lo cual consideramos oportuno manifestar nuestro repudio a las mencionadas decisiones.

Amnistía Internacional, al igual que otras Organizaciones No Gubernamentales, ha manifestado su preocupación por la situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Lamentablemente, la intolerancia política del presidente Hugo Chávez es propia de un régimen dictatorial, del que el pueblo venezolano es la principal víctima.

La expropiación de empresas de capital argentino y sudamericano por parte del gobierno venezolano, va en contra de la normativa vigente en el MERCOSUR y altera y dificulta el proceso de integración regional. Ninguna integración verdadera puede tener lugar si el gobierno de un país expropia empresas de países socios.

La nacionalización de cinco empresas de la industria siderúrgica anunciada por el presidente venezolano, entre ellas dos de propiedad del grupo argentino Techint (Tavsa y Matesi), y una con una participación minoritaria del mismo holding, (Consigua), afecta directamente los intereses de nuestro país en Venezuela y altera el proceso de integración del MERCOSUR. Cabe destacar que, utilizando la misma modalidad, hace un año, el gobierno venezolano decidió la expropiación de la empresa Siderúrgica del Orinoco (Sidor), también perteneciente al grupo Techint.

Resulta imposible imaginar, Sr. Presidente, que la Unión Europea avalara y permitiera, por ejemplo, la expropiación de una empresa francesa por el gobierno alemán o español. La solidaridad y el respeto del ordenamiento jurídico son los fundamentos sobre los que se construyen los procesos de integración regionales, puesto que suponen el acuerdo de las partes en respetar y hacer respetar los códigos de asociación.

Simultáneamente a ello, Sr. Presidente, las manifestaciones públicas del presidente de Venezuela en las que reconoció un trato diferencial entre las empresas brasileñas y las argentinas, es un claro acto discriminatorio que atenta contra el principio de afectus societatis, que expresa la voluntad de los socios de mantenerse unidos, y dificulta la integración regional.

Los dichos de Chávez fueron justificados el domingo último por el Embajador de Venezuela en nuestro país, Arévalo Enrique Méndez Romero, quien reconoció que las empresas brasileñas radicadas en su país son "diferentes" porque logran un "acercamiento extraordinario con su sociedad".

Asimismo, Sr. Presidente, los niveles de libertad de expresión y prensa se encuentran hoy fuertemente condicionados en Venezuela. El derecho de acceso a la información es una herramienta esencial para la construcción democrática, en tanto y en cuanto las sociedades encuentran mejores canales de participación y control activos de sus dirigencias.

El Pacto de San José de Costa Rica de 1969 establece que: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto."

El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y el Tratado de Ushuaia, conjuntamente con todos los acuerdos alcanzados por los estados del bloque, consagran los principios de libertad, democracia y respeto a la Ley, como pilares fundamentales del proceso de integración comercial, cultural, social y política.

Sin embargo, Sr. Presidente, diferentes organizaciones internacionales que monitorean la situación de los Derechos Humanos a escala global han manifestado su preocupación por los crecientes niveles de hostilidad y agresividad del gobierno venezolano.

Los respectivos órganos encargados de defender la libertad de expresión en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos expresaron su preocupación por la voluntad manifiesta del presidente venezolano de cerrar el canal de televisión Globovisión, por intermedio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Human Rights Watch condenó al gobierno de Chávez por "el uso de sus ambiguas facultades regulatorias para perseguir a sus críticos", en clara referencia a los ataques que sufren los medios de comunicación opositores al gobierno. Esa misma organización, en un informe titulado "Una década de Chávez", indica que en 2008 se denunciaron más de 180 casos de violación de la libertad de expresión. De ellos, más de un 50% se dieron en forma de agresiones e intimidación y en 4 de esos casos la agresión provino directamente del presidente de la nación. En su reporte anual, Freedom House asegura que la libertad de prensa en Venezuela está garantizada legalmente, aunque en la práctica las autoridades gubernamentales cuentan con diferentes mecanismos establecidos en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para hostigar las transmisiones opositoras.

No es la primera vez que un órgano periodístico independiente es atacado por el gobierno de Chávez. En 2007 no se le renovaron los permisos de transmisión a la cadena Radio Caracas Televisión (RCTV) y se acusó públicamente a ese medio de apoyar el golpe de estado de 2002, secuestrándose sus equipos de transmisión. En aquella oportunidad, diversos organismos internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras, la Federación Internacional de Periodistas y el Parlamento Europeo, se manifestaron en contra de la decisión presidencial y condenaron el cercenamiento del derecho a la libertad de expresión.

En las últimas semanas, las demoras de Mario Vargas Llosa, de su hijo Álvaro y del ex candidato presidencial chileno Joaquín Lavín al pisar suelo venezolano van en línea directa con el cercenamiento del derecho de libre expresión en ese país.

Sin inmiscuirse en cuestiones de política interna de un Estado soberano como el de Venezuela, es necesario condenar y repudiar las crecientes agresiones a los Derechos Humanos de un país que, como hemos señalado, aspira a ser considerado socio pleno del MERCOSUR. Las decisiones de los estados miembro de este bloque, y de aquellos que pretendan serlo, deben ajustarse a los Tratados, Protocolos y Declaraciones del Derecho Internacional vigentes, en busca del desarrollo sustentable, equilibrado y justo de los pueblos que lo componen.

Para concluir, es preciso destacar que el principal bloque regional del planeta, la Unión Europea, ha establecido una cláusula que condiciona sus acuerdos internacionales al respeto por los valores democráticos y los Derechos Humanos. La misma se sustenta en la idea de que los países democráticos se relacionaran entre sí en forma pacífica, ajustando a derecho sus decisiones políticas y garantizando la estabilidad de los procesos de integración.

La cláusula democrática se ajusta al principio del Derecho Internacional que establece "la primacía de los Derechos Humanos sobre otros compromisos internacionales de los estados". En línea con ello, el Tratado de Ushuaia, firmado en 1998, establece en su artículo 1º que: "la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los estados parte del presente Protocolo."

Por todo ello, estas prácticas del gobierno de Hugo Chávez deben ser repudiadas por este Congreso.