La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación ante la falta de pago de los salarios que afectó a más de 700 docentes del distrito de Tigre, en la Provincia de Buenos Aires. En la actualidad hay más de 200 de ellos que aún no cobraron en forma integral su salario correspondiente al mes de marzo del corriente año. Asimismo, exigir que se resuelvan en forma definitiva los problemas de atrasos en los pagos que afectan a docentes en toda la provincia de Buenos Aires todos los meses.

Manifestar su apoyo a las medidas de lucha que están tomando ante tamaña injusticia, que afecta el sustento de las y los docentes y sus familias y que persiste en el tiempo sin explicación y ni justificación alguna por parte del gobierno provincial que retiene los salarios en forma ilegal.

Señor presidente:

Traemos a consideración de este cuerpo un proyecto de resolución que expresa su preocupación ante la falta de pago de los salarios que afectó a más de 700 docentes del distrito de Tigre, en la Provincia de Buenos Aires. En la actualidad hay más de 200 de ellos que aún no cobraron en forma integral su salario correspondiente al mes de marzo del corriente año.

Debemos recordar que el pasado miércoles 8 de abril fue la fecha de cobro de los trescientos veinte mil docentes de la Provincia de Buenos Aires, fecha en que se cobraba el segundo tramo del aumento firmado por la conducción provincial de SUTEBA y otros sindicatos. Miles de trabajadores de la educación no sólo no cobraron el aumento sino que ni siquiera cobraron su salario. Paradójicamente, en el mes de abril se cobraba la segunda cuota del aumento salarial. Esta situación se repite desde el año 2012.

En el distrito de Tigre desde la conducción del SUTEBA se impulsó un relevamiento que indicó que alrededor de 700 docentes se encontraban sin cobrar el salario. El incumpliendo del gobierno provincial de solventar los salarios de sus trabajadores es un procedimiento ilegal, que afecta el sustento más elemental de miles de familias. Es de considerar, ante la ausencia de explicación y justificación alguna por parte del gobierno provincial frente a este incumplimiento, que constituye una política consciente de ajuste económico a costa del ingreso de trabajadores que se desempeñan responsablemente en el cumplimiento de sus obligaciones sin recibir su salario correspondiente.