La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Dirigirse a la Auditoria General de la Nación para que en cumplimiento de la ley N° 24.156 informe:

a) La situación económica financiera de la provincia de Santiago del Estero durante la gestión realizada por la Intervención Federal dispuesta por la ley 25.881 en el período comprendido entre el 2 de abril de 2004 y el 22 de marzo de 2005.

b) En particular sobre la evaluación de los contratos y convenios suscriptos a nivel nacional e internacional si hubiere, estado de las licitaciones, adjudicaciones y contrataciones directas de obras y servicios.

c) Describa la situación del personal de la Administración Pública Provincial que fuera incorporado en la órbita de la Intervención Federal y sus causas de cese o continuidad.

d) Realice un análisis pormenorizado de la normativa jurídica plasmada durante dicho período, en particular leyes, decretos y resoluciones administrativas, y determine si las mismas se hallan conforme al orden constitucional vigente o si las mismas se encuentran en contradicción con los intereses presentes y futuros de la Provincia.

e) Del resultado de dicho informe, determinará las responsabilidades políticas, civiles o penales de los funcionarios delegados, si las hubiere, debiendo comunicar dicha decisión a la Cámara de Diputados de la Nación.

Señor presidente:

Al sancionarse la ley 25.881 que determinó la intervención a todos los poderes constituidos de la Provincia de Santiago del Estero, quedaron incluidos en la medida los órganos de control del propio Estado Provincial, en especial el Tribunal de Cuentas Provincial, Fiscalia de Estado y el Poder Judicial en su totalidad.

No obstante ello y en la actualidad no se ha verificado en la opinión un detallado informe sobre la situación económica financiera de las cuentas y de la finalización de la gestión del Interventor Federal designado.

Por ello es necesario y a la vez imprescindible que el órgano de contralor por ley, la Auditoria General de la Nación realice un verdadero control de las funciones llevadas a cabo por dicha gestión.

En postrimerías de la intervención y en el período de transición entre el gobierno saliente y el entrante, puesto en funciones en marzo de 2005, se ha denunciado la contratación de personal, el nombramiento de funcionarios , la efectivización de contratados tanto en el Poder Ejecutivo Provincial como en el Poder Judicial, así como ejecución de licitaciones, o principios de ejecución de obras públicas o locaciones de servicios que no tuvieron la suficiente difusión para conocimiento de la opinión pública.

Se deja aclarado que tales actos realizados por la Intervención saliente, se encontraban y se encuentran expresamente prohibidos de conformidad con lo dispuesto por el art. 14 de la Constitución de la provincia, que autoriza exclusivamente a realizar actos de administración al delegado del Poder Ejecutivo Nacional.

El estado descripto en esta situación ha generado incertidumbre por dar un ejemplo, acerca de la cantidad de agentes públicos nombrados por la Intervención, ya que algunas informaciones periodísticas dan cuenta de más de 1000 agentes, otras de más de 4.000, y algunas otras hasta cerca de 10.000.

De no existir un control eficaz de dichos actos se estaría contraviniendo la transparencia de las cuentas oficiales y del erario público Provincial en detrimento del bienestar de la Provincia.

Es por ello y a fin de obtener un informe fidedigno de las actividades desarrolladas por el delegado del Ejecutivo realizar por la Auditoria General de la Nación, es que solicito de mis pares la aprobación del siguiente Proyecto de Declaración.