La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su repudio por el cierre de la emisora RCTV, dispuesta por el gobierno del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en abierta actitud violatoria de los preceptos de la libre expresión.

Señor presidente:

Las libertades no son caprichosas anuencias de los gobernantes ni mucho menos pueden depender del espurio designio de políticos mesiánicos.

Para quienes tenemos por mandato servir a la democracia, la libertad de prensa debe representar un valor intocable. Lo sucedido en Venezuela con Radio Caracas Televisión, marca un alerta para la región, teniendo en cuenta que el presidente de Venezuela, en vez de recapacitar ya amenazó con aplicar más censura.

Ahora, en respuesta a las críticas por RCTV, Hugo Chávez, exigió a la cadena privada de noticias Globovisión,"que mida bien hasta dónde piensa llegar porque su gobierno está dispuesto a responder con contundencia".

El abanico de disenso contra Chávez, por la clausura de RCTV, es sobradamente amplio y difundido. Desde la Unión Europea y la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América hasta gobernantes socialistas.

Por ejemplo, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, respondió a los periodistas sobre el cierre de RCTV: "La libertad de expresión es la regla de oro de nuestra historia política".

El agravio del presidente Chávez, a los parlamentarios brasileños, tampoco es un dato menor. Sin miramientos calificó al Senado de Brasil de "loro de Estados Unidos", por repetir su postura crítica ante el cierre de RCTV. Ello obligó al presidente Luís Lula da Silva, ha expresar su "repudio a las manifestaciones que ponen en duda la independencia, la dignidad y los principios democráticos", ordenando a la cancillería que convocara al embajador de Venezuela en Brasil.

Desde otro ángulo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), calificó a Chávez, de antidemocrático y destacó acerca del cierre de RCTV: "Se trata ni más ni menos de un acto de abuso de poder en el que desaparece la lógica".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordó los puntos I y II de los "Principios" de su carta constitutiva:

"La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática".

"Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".

Por lo demás, la Convención Europea de los Derechos Humanos prevé en su artículo 10°, la protección de la libertad de recibir y difundir información e ideas sin interferencias del poder público. Explícitamente defiende la inmunidad de los medios de comunicación: periódicos, libros, revistas, radio y televisión respecto al control o la censura por parte de autocracias de turno.

En la Venezuela de Chávez, la presunta regulación de la difamación o el escrito calumniador, constituye un pretexto para frenar la libertad de prensa, e intimidar a escritores, periodistas y editores a criticar al gobierno sin reparos.

Queda claro que la censura de prensa en manos del Estado por razones ideológicas solo tiene la oscura finalidad de manejar a su conveniencia la poderosa maquinaria mediática. Desde el siglo XVIII, la prensa se desarrolló dentro de una relativa libertad frente a las interferencias del Estado, pero en el siglo XX, cuando los medios se monopolizaron alrededor de intereses político- mercantiles, la naturaleza de la actividad quedó desfigurada en cuanto a su valor democrático.

Usar el poder estatal para manipular el contenido del mensaje es un pensamiento recurrente de los totalitarios. La intención es corroer los cimientos de la organización republicana para que el debate político salga del ámbito parlamentario y se lleve a cabo a través de los canales de comunicación controlados por el autócrata.

En última instancia, la perjudicada de siempre será la sociedad que no recibe un relato veraz de lo sucedido sino la versión que quiso divulgar a su conveniencia, el estado centralista. Entiendo, que precisamente en defensa de esa sociedad, debemos repudiar los ataques contra la libertad de expresión como el acaecido en Venezuela.