La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su rechazo a las manifestaciones de la Relatora Especial de la ONU, Gabriela Knau, por inexactas, parciales, capciosas y por haber sido emitidas sin cumplimentar trámites protocolares elementales; requiriendo asimismo a la ONU ratifique o rectifique los términos del comunicado de prensa difundido por la misma, los que implican una injerencia inusitada en ámbitos privativos de la soberanía nacional

Señor presidente:

Con fecha 30 de abril del presente año, la Relatora Especial de la ONU, Gabriela Knaul, exigió "al Gobierno de Argentina a que reconsidere los proyectos de ley de reforma del Consejo de la Magistratura y de regulación de medidas cautelares en el país", conforme el comunicado de prensa publicado en la página web de la ONU (http://www.onu.org.ar/View.aspx?379).

Sobre tan sorprendentes como indebidas declaraciones de quien detenta el rango de consultora experta con rango honorario, se ha erigido una campaña mediática de descalificación sobre iniciativas legislativas, soberanas y constitucionalmente sancionadas, sosteniendo que los cuestionamientos impetrados por Knaul son críticas de la propia ONU.

Asimismo, la emisión del comunicado de prensa se dispuso sin haber tenido siquiera el recaudo de esperar que el Gobierno Argentino, a través de la Cancillería respondiese a las preguntas formuladas por Knaul, lo que configura un proceder malicioso y capcioso por parte de la Relatoría y constituye un procedimiento irregular que no puede ser consentido por la Institución Internacional en cuyo nombre se dice actuar.

Un análisis mesurado y profundo del proceso de reformas judiciales, debería haber considerado el conjunto completo de los seis proyectos de leyes promovidos para modernizar y democratizar el Poder Judicial Federal, y no sólo promover el rechazo in limine y de modo

exprés basado en solo dos de las leyes promovidas conforme mandato constitucional y mecanismos legales.

De modo categórico Knaul sostiene que "La disposición sobre la elección partidaria de los miembros del Consejo de la Magistratura es contraria al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura", lo que es palmariamente falso e inconsistente, porque dicho artículo, señero en materia de vigencia de las garantías democráticas al debido proceso legal no hace ninguna referencia al modo o mecanismo de nominación de magistrados y jueces, los que pueden ser nombrados de múltiples maneras, siendo garantía de imparcialidad el hecho de ser electos conforme criterios objetivos y de excelencia profesional y humana, lo que está absolutamente garantizado por la propia Constitución Nacional (artículo 114°, CN) , con especial consideración para evitar nominar a quienes hayan sido partícipes de violaciones a los derechos humanos (artículos 36° y 75°, inc. 22, CN).

El mandato constitucional contenido en el artículo 114° de la Carta Magna Nacional, establece que el órgano a cargo del proceso de selección de magistrados y funcionarios judiciales es el Consejo de la Magistratura, cuya regulación es definida por ley especial, como la cuestionada por Knaul, donde se deberá garantizar una representación equilibrada de representantes de los poderes resultantes del voto popular, jueces, abogados y magistrados.

La elección directa por voto ciudadano de los Consejeros en modo alguno afecta los criterios de objetividad y publicidad del proceso de selección, y resulta compatible con el mandato contenido en el artículo 38° de la misma Constitución Nacional, que establece la forma que asume la democracia representativa en Argentina, donde se encuentran vedadas las

candidaturas "independientes", siendo los partidos políticos los únicos institutos constitucionalmente autorizados para nominar y postular candidaturas de cualquier tipo y naturaleza en el país.

Podrá compartir o no la Relatora Especial Knaul el diseño institucional y constitucional adoptado por los Constituyentes del año 1994, pero el artículo 38° está tan vigente como el 114°, siendo imposible la aplicación de sistemas extranjeros de selección apartidaria. Tampoco puede dejar de manifestarse que en la Argentina los jueces y funcionarios son seleccionados por el Consejo de la Magistratura y solo los consejeros integrantes del mismo son quienes serán seleccionados conforme el artículo 38°.

Párrafo final merece la diatriba de Knaul sobre la ley que regulación de las medidas cautelares. Sostiene que "Las limitaciones aprobadas a las medidas cautelares son contrarias a los artículos 2 (3) y 14 (1) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros estándares internacionales relevantes". Ambos artículos, señeros y fundantes de los principios que informan el plexo normativo protectorio de los derechos humanos se refieren expresamente a otras situaciones que tienen que ver con garantizar el debido proceso legal a las personas,

Confunde deliberadamente el derecho al recurso, para obtener la revisión de decisiones judiciales adversas por otra instancia superior, con las medidas cautelares que no son ni se asemejan a la instancia recursiva o de apelación, y en el proceso cumplen con una finalidad tuitiva de naturaleza absolutamente distinta.

La Relatora Knaul aboga abiertamente por un sistema corporativo dando preeminencia a los estamentos de jueces, provocando una sinonimia entre Justicia y Jueces, lo que no es real ni saludable para el funcionamiento del Estado de Derecho Democrático. En efecto, en ocasión

de opinar sobre la situación del Poder Judicial de la República de El Salvador, Kanul, abiertamente confiesa promover reformas que garanticen que el Consejo Nacional de la Judicatura "represente y defienda eficazmente los intereses de los miembros del poder judicial. Su independencia debe ser fortalecida. Recomiendo la revisión de la composición de esta institución, a fin de asegurar que la mayoría de los miembros sean magistrados y jueces." No hay aquí preocupación por los derechos ciudadanos a un servicio de justicia legal, justo, efectivo y diligente, sino solo la preocupación por acrecentar la representación corporativa de magistrados.

Tales prácticas no contribuyen a un diálogo productivo y democrático y exceden las funciones encomendadas por las Naciones Unidas, a quien hacemos un llamamiento para evitar injerencias invasivas so pretexto de standares internacionales, que el país cumple con predisposición y holgura.

Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de este proyecto a todos mis compañeros.