La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a efectos de solicitarle que incluya en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2007, las partidas necesarias para el funcionamiento de pasos migratorios pertenecientes a la Dirección Nacional de Migraciones en las localidades de Bernardo de Irigoyen, El Soberbio, Alba Posse, San Javier, Eldorado y Puerto Rico de la Provincia de Misiones, de acuerdo a las evaluaciones que realice dicho organismo, a fin de realizar un adecuado control de permanencia, ingreso y egreso de personas en el territorio nacional; y prevenir y erradicar de esta manera delitos que más aquejan actualmente a nuestra sociedad fronteriza: la trata de personas y el trabajo esclavo en todas sus manifestaciones.

Señor presidente:

La Dirección Nacional de Migraciones tiene asignada la responsabilidad del control de ingreso y egreso de personas en todo el territorio nacional, en la admisión y el otorgamiento de permisos de ingreso o de residencia en la República, regulando las entradas, salidas y permanencia de los extranjeros en el país, brindando de esta manera seguridad a los mismos. Por ende es un organismo esencial en materia migratoria.

La trata de personas es un delito que ha crecido al ritmo de la globalización de los mercados, hasta convertirse en uno de los más trascendentes debido al flujo de capitales que trae aparejado, después del tráfico de armas y de drogas.

Desde hace mucho tiempo la trata de blancas, el secuestro de personas y la esclavitud existen lamentablemente en nuestro país. En este momento la Argentina es más importante como país de destino, que cualquiera de los países limítrofes, incluido Brasil.

El gobierno ha demostrado su preocupación por lo que les está sucediendo a nuestros hermanos extranjeros en Argentina. Debemos evitar la violación de los derechos humanos, consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica, y primordialmente promover su defensa frente a las reiteradas vejaciones que cercenan la dignidad esencial del hombre de las cuales son objeto.

La Triple Frontera es una suerte de paraíso de las organizaciones criminales que se dedican al tráfico y explotación sexual de mujeres y menores, como así también al comercio de personas con fines lucrativos. Razón por la cual la Provincia de Misiones se ha convertido en la gran proveedora de materia prima humana importada.

Se estima que en la zona de la Triple Frontera y en sus alrededores, hay más de 3.500 menores de 18 años que sufren algún tipo de violencia sexual. Es evidente que la situación es más que alarmante en el nordeste de nuestro país, donde el mapa concentra una intensa actividad diaria.

Los especialistas tienen identificados cuáles son los pasos fronterizos más "débiles" para el ingreso de extranjeros sometidos a fines delictivos, se tratan de: Bernardo de Irigoyen (Arg.) - Dionisio Cerqueira (Brasil), El Soberbio (Arg.) - Porto Soberbio (Brasil), Alba Posse (Arg.) - Puerto Maua (Brasil), San Javier (Arg.) - Porto Xavier (Brasil), Eldorado (Arg.) - Mayor Otaño (Paraguay), y Puerto Rico (Arg.) - Puerto Triunfo (Paraguay).

El control migratorio en aquellos pasos se encuentra a cargo de Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina que constituyen la Policía Migratoria Auxiliar. Únicamente los pasos fronterizos de Posadas (Arg)- Encarnación (Paraguay) e Iguazú (Arg.)-Foz do Iguazú (Brasil) cuentan con personal de la Dirección Nacional de Migraciones, Autoridad de Aplicación exclusiva.

El personal de gendarmería y de prefectura no posee una adecuada preparación para detectar adulteraciones en materia documental (D.N.I., Pasaportes, Cédulas de Identidades, Radicaciones) y sellos apócrifos. Es decir, existe una falta de personal idóneo acorde con los requerimientos de los trabajos a desempeñar. Toda esta documentación es la que se utiliza para fomentar el ingreso de personas destinadas al trabajo esclavo inhumano y degradante al cual se las somete en nuestro país, lo cual demuestra una innegable evasión del control, originando una grave amenaza a la seguridad nacional.

En un informe reciente que hizo la OIM (Organización Internacional de Migraciones) en Paraguay, se detectó que el 62 por ciento de las paraguayas víctimas de trata que salen del país llegan a la Argentina. En la actualidad ingresan un promedio de veinte paraguayas por semana en cada una de las zonas consideradas débiles, eludiendo así los controles migratorios.

El aumento del negocio delictivo en los últimos cuatro o cinco años genera la necesidad de contar con un plantel de personal altamente calificado y comprometido con su trabajo, competente para realizar un correcto control de la documentación requerida para el ingreso y egreso de las personas, de la permanencia de la población extranjera en el país, de efectuar inspecciones a los medios de transporte y de controlar el cumplimiento de las obligaciones de los dadores de trabajo. Asimismo emplear el sistema informático SICAM2 (Sistema Integrado de Captura Migratoria 2) para el control del tránsito vecinal fronterizo, a fin de detectar irregularidades como ser prohibiciones de salidas y de ingresos, pedidos de captura, comparendos y paraderos; procurando a su vez contar con los elementos materiales para la movilidad necesaria del personal actuante.

Señor Presidente, la carencia de sistematización de los pasos fronterizos y de los trámites migratorios, que induce a no contar con información oportuna y actualizada, relacionada con el movimiento de entradas y salidas de personas al territorio nacional, torna vulnerable dicha actividad.

Consideramos que la Dirección Nacional de Migraciones no debería financiarse en base a tasas y aranceles que hoy se cobra a los particulares sino con una asignación específica del presupuesto nacional, logrando así instaurar una verdadera política migratoria a nivel nacional.

Nuestro país debería estar a la altura de las últimas Convenciones Internacionales que contemplan esta problemática, tomando conciencia de este flagelo que conmociona a la comunidad mundial.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.