La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo asista con lo medios a su alcance a la Provincia de Santa Cruz con el propósito de satisfacer los reclamos salariales de los docentes de esa jurisdicción.

Señor presidente:

En mayo de 2003 -tal como más adelante nos lo develaría el ex presidente Néstor Carlos Kirchner- el país había descendido a los infiernos. En ese dantesco escenario, los docentes de la provincia de Entre Ríos aún no habían comenzado las clases. Esa era la herramienta que habían encontrado para exigirle al entonces gobernador Sergio Montiel el pago de salarios adeudados. Montiel, por su parte, decía que no tenía con qué pagarles.

El domingo 25 de aquel mayo, Kirchner asumió la primera magistratura y al día siguiente viajó a la provincia mesopotámica con la intención de mediar en el conflicto. El martes 27 firmó un acuerdo con el gobernador y con Marta Maffei, por entonces, titulas de CTERA. El miércoles 28 los docentes volvieron a dictar clases.

Aquel episodio inaugural de la gestión de Kirchner suele ser reivindicado por el senador nacional Daniel Filmus, quien - como flamante ministro de Educación- acompañara al recién asumido presidente en su viaje a Entre Ríos.

A casi ocho años de aquella muestra de decisión política, es la provincia natal del ex presidente la que afronta un conflicto con sus maestros. Se trata de la provincia de Santa Cruz, donde -hasta la fecha y ante la falta de respuesta satisfactoria a su reclamo salarial- los docentes han parado durante 25 de los 47 días lectivos que transcurrieron desde el inicio de las clases.

Bajo estas circunstancias, el gobernador Daniel Peralta les ha ofrecido un aumento salarial del 25% a pagar en forma escalonada. La oferta sólo cubre la mitad del 50% que piden los trabajadores de la educación.

Desde el campo sindical justifican con cifras el porcentaje reclamado. Dicen que desde junio de 2008 hasta la fecha solo recibieron aumentos del orden del 16%; en tanto

-aseguran-, la inflación registrada en la provincia durante el mismo período rondó entre el 60 y el 70%.

Desde la vereda del gobierno no son tan elocuentes con las cifras; se limitan a argumentar que las limitaciones presupuestarias le impiden subir la oferta.

En este punto, las negociaciones se estancaron, Santa Cruz es la única provincia que no logró cerrar la paritaria docente para 2011 y, a falta de diálogo, la puja comenzó a transitar por otros rumbos.

Los docentes instalaron carpas de protesta, tomaron establecimientos escolares y cortaron rutas. Bajo estas circunstancias, un grupo de ellos fue brutalmente atacado por grupos de la Unión Obrera de la Construcción, un sindicato afín al oficialismo provincial. El hecho vandálico -aún no investigado por la Justicia- llevó a los maestros a declarar un paro por tiempo indeterminado.

Mientras, desde lo más alto del Ejecutivo provincial se enfrentó a los maestros en huelga con un rosario de descalificaciones políticas. La Secretaría de Trabajo, por su parte, dictó una conciliación obligatoria que los sindicatos impugnaron; tras ello, la autoridad laboral los amenazó con sanciones. En tanto, el juez de Instrucción Eduardo Quelín no dudó en transitar por el sinuoso camino que conduce a la judicialización de la protesta social y citó a 36 docentes de la localidad de Las Heras para que declararan en una causa caratulada "interrupción del tránsito y entorpecimiento de la actividad económica".

La República Argentina hace rato que abandonó las profundidades del infierno. Sin embargo, los hechos que se suceden en Santa Cruz parecen propios de aquellos tiempos y encaminados hacia un escenario no deseable.

Si en las más difíciles circunstancias económicas de la historia reciente, un Presidente de la Nación no dudó en bajar a la arena de la disputa salarial para que las clases se normalizaran en Entre Ríos, creemos oportuno que desde el Poder Ejecutivo Nacional se acerquen alternativas a las autoridades santacruceñas

tendientes a satisfacer el justo reclamo de sus docente y asegurar el funcionamiento del sistema educativo provincial.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación de esta iniciativa.