La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través de los organismos que correspondan, arbitre las medidas necesarias para poner en funcionamiento el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de General Pico, Provincia de La Pampa, creado por la Ley N° 25.959.

Señor presidente:

A través de la Ley 25.959 sancionada el 10/11/04, se creó el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de General Pico, Provincia de La Pampa.

A pesar de haber transcurrido casi un año y medio desde la creación de este nuevo Juzgado Federal, el mismo no se ha puesto en funcionamiento con el consiguiente perjuicio que esta situación significa para la región ya que su competencia territorial comprende el una vasta zona donde se encuentran establecidos los departamentos de Maracó, Chapaleufú, Realicó, Rancul, Trenel, Quemú Quemú, Conhelo, Loventué, Chalileo y Chicalcó de la pronvincia de La Pampa.

El funcionamiento de este tribunal de primera instancia con competencia federal tiene por objeto hacer realidad un viejo anhelo de antigua data de esa comunidad, y a la vez tiene por objetivo resolver una necesidad concreta, a los efectos de posibilitar a los justiciables un mejor y más eficaz servicio de justicia.

La provincia de La Pampa cuenta a la fecha con un único Juzgado Federal, con asiento en la capital de la provincia, la ciudad de Santa Rosa.

En la actualidad los habitantes del norte de la provincia que necesitan litigar en el fuero federal, deben recorrer un promedio de 200 km para arribar al único tribunal con competencia en lo federal existente en la provincia de La Pampa.

La administración de justicia es una función y una obligación del Estado; por lo tanto toda medida que permita al justiciable un expeditivo acceso a la justicia, contribuirá al afianzamiento del orden jurídico y del estado de derecho.

Por otro lado, la zona norte de la provincia de La Pampa, aglutina el 70% de la producción económica, en consecuencia, contar con un rápido acceso rápido a la justicia, significará una notable reducción de costos operativos con el consiguiente beneficio al desarrollo de la actividad productiva.

La puesta en actividad de este juzgado será también un incentivo para incrementar la actividad en la Zona Franca de General Pico y toda su zona de influencia ya que los conflictos que normalmente se suscitan en toda actividad económica, podrán ser resueltos con mayor celeridad al contar con un tribunal competente dentro del mismo radio de operaciones.

Por las razones expuestas, Señor Presidente, es que solicito a los Señores Diputados acompañen con su voto el presente Proyecto de Declaración.-