La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, para que a través del organismo competente, informe:

1) Acerca de cuál fue la utilización, afectación, y/o destino de los fondos provenientes de la percepción de derechos de exportación al agro (retenciones), en el período 2003 - 2007.

Desagregue por: a) trimestre b) año, c) provincia, d) jurisdicción y d) programa

2) ¿Cuál fue el monto total del excedente por sobre lo presupuestado, y aprobado por el Congreso, en el periodo 2003 - 2007? Especifique destino, afectación y/o utilización de los fondos recaudados en ese concepto.

Desagregue por: a) trimestre b) año, c) provincia, d) jurisdicción y d) programa

Señor presidente:

Los derechos a las exportaciones a ciertos sectores productivos, hoy mejor conocidos como retenciones, han sido una herramienta utilizada a lo largo de nuestra historia por diversos gobiernos nacionales. Luego de la crisis de 2001, el entonces presidente Eduardo Duhalde las reestableció con el objetivo de aumentar la recaudación fiscal para hacer frente a la deteriorada situación social de aquel momento. Desde entonces, las últimas administraciones, de Néstor Kirchner y de la actual Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mantuvieron y profundizaron esta política. Hoy las retenciones vuelven al centro de la escena, constituyendo el núcleo del enfrentamiento entre el campo y el gobierno.

En el 2007 se recaudaron aproximadamente u$s 3.700 millones en concepto de derechos de exportación al agro. Con el nuevo esquema de retenciones móviles implementado la recaudación estimada para el año 2008 sería de u$s 10.200 millones, fondos que ahora dicen se utilizarán para políticas distributivas.

A su vez, el año pasado, tal como indican cifras oficiales, la Argentina mantuvo por quinto año consecutivo una tasa de crecimiento promedio de alrededor del 8,8%, con un aumento del PBI del 31% entre 2001 y 2007. Crecimiento que ha sido sistemáticamente subestimado en los sucesivos presupuestos anuales que presenta el Ejecutivo, lo que le ha permitido, junto con los superpoderes, a lo largo de toda su gestión reasignar arbitrariamente las partidas presupuestarias resultantes de dicha subestimación.

Los números expuestos contrastan notoriamente con el escaso avance en algunos indicadores sociales que manifiestan que la redistribución de la riqueza continua siendo una cuenta pendiente de este gobierno. "(...) La ausencia de políticas redistributivas explícitas demuestra la vigencia de la creencia, fechada en los '90, en la teoría del derrame social del crecimiento. El gobierno parece insistir en que al garantizar las condiciones que permiten el crecimiento de la economía, ese crecimiento se transformará en mayor empleo y esto, automáticamente, en mayores ingresos para la población y en una mejor distribución del mismo. La evidencia demuestra que este derrame, si se produce, es demasiado lento e incompleto. También demuestra que los sectores sociales más postergados continúan siendo objeto solamente de políticas focalizadas y clientelares, que profundizan la segmentación de las coberturas sociales, y basan los beneficios en prebendas y no en la generación de derechos económicos y sociales".

El escenario actual plantea una Argentina donde el avance de la inflación amenaza con arrojar en situación de pobreza a aproximadamente 6 millones de argentinos, casi el 16% de la población. Se trata de la población cuyos ingresos superan el costo de la línea de pobreza sólo por un 25% de su valor y, por tal motivo, se encuentran en riesgo de caer por debajo de la misma.

A esta población vulnerable se le suman aquellos que ya se encuentran por debajo de la línea de pobreza, que al día de hoy representan el 30,3% de los argentinos según datos de las Direcciones de Estadísticas provinciales. La tendencia descendiente del índice de pobreza que se mantenía desde el 2003 fue quebrada este año como resultado del avance de la inflación.

Durante el 2007, los precios de la canasta básica aumentaron entre un 32% y un 40%, lo que significó que 1.3 millones de personas se sumergieran en la pobreza. Esto implica que al día de hoy 11.8 millones de personas en todo el país se encuentran en situación de pobreza. Se trata de un índice similar a los que en promedio encontrábamos en la década del 90.

En cuanto al índice de indigencia oficial, la última medición corresponde al primer trimestre de 2007 y establece el mismo en 8,2%. Dato que indubitablemente contrasta con los índices reales. Asimismo, teniendo en consideración el avance de la inflación podemos inferir, tal como lo hace el Informe Anual del CELS, que la población pobre vulnerable a ingresar en la indigencia es el 18,2%.

Por otra parte, es claro que las desigualdades regionales persisten fuertemente. Del 10% de la población más pobre, el 42,3% se concentra en el norte del país. De acuerdo a datos del INDEC, el índice de indigencia a principios del 2007 alcanzaba el 12% y el de pobreza el 30% en las provincias del Noroeste.

A pesar del crecimiento económico, la distribución del ingreso no mejora. El avance económico no se ha traducido en una mayor participación de los asalariados en el ingreso. Tal como se plantea en el Informe Anual 2008 "Derechos Humanos en la Argentina" realizado por el CELS, la participación de los asalariados en el ingreso es del 28% para el 2007, 11 puntos inferior al porcentaje del año 2001. Es decir que, la participación de los diferentes sectores en el ingreso muestra una tendencia regresiva; en otras palabras, empeora.

La inflación, que el gobierno se niega a reconocer y, por lo tanto, no combate, es la principal amenaza para los sectores populares. Los hogares más vulnerables se ven golpeados con especial énfasis por el incremento en el precio de los alimentos, debiendo destinar para los mismos un mayor porcentaje de su ingreso. Al mismo tiempo, las presiones inflacionarias licuan los salarios reales, consolidando la inequitativa distribución del ingreso vigente en el país, donde la rentabilidad empresaria ha visto incrementada significativamente su participación en el ingreso.

A todo esto se suma la escasa influencia de los programas sociales implementados por el gobierno sobre el índice real de pobreza e indigencia. Si nos remitimos a la información oficial, los últimos datos disponibles provenientes del INDEC corresponden a 2006 y establecen que el ingreso proveniente del Plan Jefas y Jefes de Hogar provocaba una reducción absoluta de alrededor de 0,7% en la línea de indigencia y 0,3% en la línea de pobreza.

La insignificante influencia denunciada también es resultado de la caída del valor real del beneficio otorgado. El monto de dichos programas, a pesar de la inflación, se mantiene sin modificaciones desde el año 2002. Es difícil de comprender que un gobierno que sostiene discursivamente la distribución de la riqueza, mantenga congelado el ingreso por planes sociales de los desocupados a los que busca asistir, generando una brecha cada vez mayor respecto al universo de los asalariados. El beneficio de $150 que otorga el Plan Jefas y Jefes de Hogar cubriría solamente un 32% del costo de la canasta básica de indigencia, de acuerdo a datos oficiales ($457.60 en el mes de abril). Si se considera la canasta básica familiar, de acuerdo con los costos de la misma que establece el INDEC ($987 para el mes de abril), el plan sólo cubre el 16%. En cuanto al otro plan social que implica un alto porcentaje de recursos estatales, el Plan Familias, el beneficio ronda entre $155 y $305 de acuerdo a la cantidad de menores a cargo. En este caso, una familia compuesta por dos menores recibe $185 que alcanzan a cubrir un 40% de la canasta oficial de indigencia y un 19% de la canasta básica oficial. Es decir que, el monto correspondiente a los planes sociales coloca a sus beneficiarios por debajo de la línea de pobreza.

Cabe aclarar que las cifras mencionadas se basan en los cálculos oficiales del costo de la canasta básica, fuertemente discutidos y que varían considerablemente de cálculos alternativos que estiman que lo mínimo que una familia tipo necesitaría para no cruzar la línea de pobreza es de $1.262 y la canasta básica de indigencia es de $647, para el mes de abril. De más está agregar que la sistemática manipulación de los índices se ha convertido a lo largo del último año en la principal política oficial para "combatir" la pobreza. Este gobierno no puede tener planificación económica y social ni política pública posible si desconoce la realidad de su país y se basa en datos dibujados.

A partir de todas estas consideraciones es evidente que es inconsistente en términos de política económica decir que vía retenciones se garantiza la distribución de la riqueza. Un primer paso indispensable para lograrla es una reforma real del sistema tributario, que hoy continúa siendo regresivo, y no con una política de gobierno que esconde y emparcha el problema inflacionario perpetuando la intervención del INDEC sin enfrentarse a los oligopolios formadores de precios, ni con políticas asistenciales focalizadas y prebendarias.

El ciclo económico de crecimiento que se registra a partir de 2003, junto con el aumento de la recaudación y el superávit fiscal, fueron factores que plantearon las condiciones propicias para una real inclusión de todos y todas los argentinos. Es responsabilidad de este gobierno haber dejado pasar esta oportunidad histórica al no aplicar políticas económicas y sociales redistributivas que hiciesen efectiva la inclusión social.

Es por las razones expuestas que solicitamos a las/os señoras/es diputadas/os, que nos acompañen en este proyecto.