La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio a las amenazas recibidas en la provincia del Chaco por el doctor Mario Bosch -presidente de la Comisión Provincial por la Memoria- y por Emilio Goya - integrante de HIJOS-, en el marco de la elevación a juicio oral de la Causa Masacre de Margarita Belén

Señor presidente:

I. Los avances en el Chaco (1)

En el Chaco hay ocho represores procesados gracias al trabajo de la Agrupación HIJOS. El juez federal Carlos Rubén Skidelsky puso en prisión durante más de un mes al ex jefe de la Policía provincial, Wenceslao Ceniquel; al ex jefe de la Brigada de Investigaciones de Resistencia, Carlos Alcides Thomas; al suboficial de la Policía Gabino Manader; al oficial José María Cardozo; al ex jefe de la comisaría de Quitilipi y de la Brigada, Eduardo Wischnivetsky; al ex oficial Ramón Gandola; al ex cabo José Francisco Rodríguez Valiente; y al ex segundo jefe de la Brigada, Lucio Caballero.

En diciembre del 2002, el juez Ricardo Frencia los procesó sin prisión preventiva.

Lo llamativo es que todos están procesados por torturas cometidas en 1974 y 1975 en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, lo que deja a los delitos fuera del alcance de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Ese grupo de represores continuó actuando tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y cometiendo los mismos crímenes.

"Nosotros en el Chaco hemos encontrado esta grieta jurídica. Pero sería una incoherencia investigar hasta el 24 de marzo de 1976. En estas mismas causas se puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, porque el mismo grupo que viene operando antes es el mismo grupo que opera durante todo el Proceso, desde que secuestra, tortura y ejecuta a los compañeros caídos en Margarita Belén, es el que tiene participación directa en las desapariciones del resto de las víctimas que existen en el Chaco, aparece operando en la provincia de Corrientes, en el secuestro de algunos compañeros, y aparece incluso en Misiones", relató Mario Bosch.

En los casos también están imputados el actual fiscal de la Cámara Federal, Domingo Mazzoni, y el fiscal federal Carlos Flores Leyes. Este último fue secretario de un juzgado durante la dictadura.

"Su papel consistía en la sistemática denegación de los habeas corpus, la presión sobre los detenidos para que ratifiquen judicialmente las declaraciones obtenidas bajo tortura y negarse sistemáticamente a recibir denuncias por tortura, en conjunto con el ex juez federal Luis Ángel Córdoba, a quien también hemos querellado. Ambos sobreseyeron provisoriamente sin investigar las denuncias por tortura, y luego incluso Flores Leyes tuvo una participación no directa en Margarita Belén: levantó una constatación falsa de un presunto enfrentamiento y se quedó a comer un asado a escasos metros de los cuerpos con los ejecutores, el 13 de diciembre de 1976", señaló Bosch.

Mazzoni, en tanto, era fiscal. Bosch sostuvo que "no investigaba las sistemáticas denuncias de tortura; tuvo muchos pedidos concretos de investigación y los omitía". Y agregó: "También hay denuncias que a ambos fiscales los sitúan en momentos de la tortura en la Brigada de Investigaciones. Hay quienes han sido golpeados por los fiscales".

Estas causas son una derivación penal de la investigación del Juicio por la Verdad que tramita ante el juez Skidelsky.

Otro desprendimiento con consecuencias penales lo constituye la causa por la Masacre de Margarita Belén, en la que ya se solicitó la nulidad de las leyes de impunidad. El jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, fue citado a declarar como testigo -el militar fue secretario general de la Gobernación cuando ocurrieron los crímenes- pero no concurrió aduciendo problemas de distancia. Respecto de esto, Bosch fue tajante: "En realidad no nos interesa que testimonie. Nosotros no lo queremos como testigo. Para nosotros Brinzoni debe ser imputado".

II. "Ladran, Sancho..."

Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia rechazan y repudian las amenazas que recibieran el doctor Mario Bosch y Emilio Goya, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria e integrante de HIJOS (2) .

Según el comunicado emitido los "aprietes" se realizaron en el marco de la elevación a juicio oral de la Causa Masacre de Margarita Belén como modus operandi para atemorizar e intimidar a las víctimas, testigos, familiares y a todos aquellos que exigen el esclarecimiento del hecho.

"Las amenazas se realizaron en el marco de la elevación a juicio oral de la Causa Masacre de Margarita Belén y de las denuncias realizadas por HIJOS, sobre algunos de los "privilegios" que disfrutarían imputados en delitos de lesa humanidad (Causa Caballero), pertenecientes a la policía provincial, detenidos en la Alcaidía de Resistencia.

Este modus operandi es una práctica permanente que tienen como objetivo son intentos de atemorizar e intimidar a las víctimas, testigos, familiares y a todos aquellos que exigen el esclarecimiento, el acceso a la verdad y las responsabilidades sobre los delitos de lesa humanidad cometido en nuestra provincia.

Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos nos solidarizamos con los integrantes de los organismos de Derechos Humanos y comprometemos todos los esfuerzos para evitar que este tipo de actos se repitan nuevamente", finaliza el texto.

III. Consideraciones finales

Porque sostenemos los principios de Memoria, Verdad y Justicia es que solicitamos la aprobación de este proyecto de resolución.