La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su repudio y preocupación por los hechos ocurridos el día 5 de abril de 2014 en la localidad de Garupá - Provincia de Misiones, en los que un grupo de personas que participaba de una marcha reclamando justicia por el homicidio de un joven en esa localidad, identificó a un familiar de uno de los acusados del homicidio, lo atacó a golpes de puño y patadas, y lo retuvo por más de tres horas en su poder.

Señor presidente:

Los hechos denominados linchamientos como el que aquí se repudia, y que se han visto últimamente en nuestra sociedad, reflejados por los medios de comunicación, son reacciones altamente peligrosas para nuestra sociedad.

Serán actos desesperados que pueden comprenderse en determinadas circunstancias, pero que nunca deben ser tolerados ni aceptados y por el contrario repudiados, más cuando se enmarcan en una seguidilla de eventos similares que en consecuencia hieren conceptos básicos del Estado de Derecho y de la convivencia democrática.

Son, por otra parte, también hechos sancionados por el Código Penal, como las lesiones graves, o la privación ilegal de la libertad o el secuestro, en el caso que aquí se repudia.

No hay entonces margen alguno de contemplación, aun cuando se reclame el acto más profundo de justicia, o la indignación por la maldad de otros y la falta de represión sean flagrantes. Tampoco incluso frente a una provocación. En este sentido, el movimiento de derechos humanos nacido en el marco de la última dictadura militar nos ha enseñado la importancia de respetar los fundamentos democráticos a la hora de procurar justicia, siendo que en el caso de la dictadura militar nos encontrábamos frente a delitos tan aberrantes que se constituyeron en crímenes de lesa humanidad. Nunca, en la historia de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, nunca se recurrió a este tipo de prácticas, o a la venganza o a la revancha. El propio Papa Francisco ha repudiado los incidentes de linchamiento últimamente vividos en la Argentina.

Por supuesto somos totalmente conscientes de que el problema de la llamada inseguridad se ha agravado en las últimas décadas, y el ciudadano común se ha visto enfrentado y sometido a graves situaciones de violencia que exigen todos los esfuerzos posibles para contrarrestarlas. Sin embargo, insistimos, existen límites que como sociedad no podemos franquear a riesgo de convertirnos en lo mismo que buscamos evitar. Y los linchamientos se ubican precisamente en ese escenario donde dejamos de existir como sociedad pacíficamente organizada en procura del bien común, y pasamos a ser otra cosa donde no impera ni la ley ni el bien común, ni los derechos humanos.

La respuesta de la clase dirigente para empezar a disminuir la inseguridad, que no sólo incluye a la dirigencia política, sino también a la económica, la social, cultural y religiosa, debería ser rápida y comprometida.

No es tarea sencilla en todo caso, la dirigencia política debería repudiar categóricamente estos incidentes, evitando la especulación política cuando de fundamentos constitucionales se trata.