La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al poder ejecutivo, para que a través del área que corresponda informe en particular lo solicitado en los siguientes puntos:

1- Quien es el propietario, y desde que fecha, del diario La Mañana de Córdoba.

2- Si entre los propietarios, socios, integrantes de los órganos de administración, fiscalización, y apoderados de la empresa titular de la radio LV2 AM 970 (RADIODIFUSORA MEDITERRANEA S.A.) y el diario La Mañana de Córdoba (Delome S.A.) figuran: Soba Rojo, Oscar Katz, Ricardo Jaime, Silvina Reiss, Mariano Vázquez, Manuel Vázquez, Agustina Jayo, Marcelo Guiltman, Tomás Jiménez Zurro.

3- Relación existente entre las empresas denominadas Controles y Auditorías Especiales de Argentina S.A., Delome S.A., y las personas, Soba Rojo, Oscar Katz, Ricardo Jaime, Silvina Reiss, Mariano Vázquez, Manuel Vázquez, Agustina Jayo, Marcelo Guiltman, Tomás Jiménez Zurro.

Señor presidente:

La Convención Interamericana Contra la Corrupción indica en su preámbulo que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos,

"...están convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos; considerando que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio..."

También Expresa que ..."el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social; reconociendo que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos; convencidos de la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción; para tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio; así como respecto de los bienes producto de estos actos..."

Para terminar categóricamente diciendo..." Teniendo presente que para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva; y decididos a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio..."

Además La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece:

ARTÍCULO 49.- Registro Público de Licencias y Autorizaciones.

La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL llevará actualizado, con carácter público, el Registro Público de Licencias y Autorizaciones que deberá contener los datos que permitan identificar al licenciatario o autorizado, sus socios, integrantes de los órganos de administración y fiscalización, parámetros técnicos, fechas de inicio y vencimiento de licencias y prórrogas, infracciones, sanciones y demás datos que resulten de interés para asegurar la transparencia. La Autoridad de Aplicación deberá establecer un mecanismo de consulta pública vía Internet.

Lo anteriormente expuesto, nos lleva inmediatamente al caso que a tomado estado público a través de la investigación que viene realizando el juez Federal Oyarbide, en la cual el ex funcionario Nacional Ricardo Jaime, utiliza distintas empresas como pantalla para cubrir la adquisición que realizara por El mismo de una emisora de radio y un diario de la capital Córdoba. Situación que no está contemplada en su declaración patrimonial.

Es justamente el Sr. Soba Rojo (persona sindicada por el Juez Oyarbide como una de las que utilizaría el Sr. Ricardo Jaime para cubrir sus propias operaciones financieras) quien aparece firmando a fines del 2009 en carácter presidente del directorio de RADIODIFUSORA MEDITERRANEA S.A., los poderes de los últimos gerentes de LV2 para el abogado Marcelo Guiltman y un gerente de emisora Jiménez Zurro y Fijando como domicilio la Avenida Santa Fe 1476 octavo piso de la Capital Federal. Además la displicencia de esta persona en la conducción de la empresa al tomar estado público la investigación que lleva adelante el juez Federal, es la que provoca la grave situación por la que atraviesa los trabajadores de esta radio y que fuera motivo del proyecto de declaración contenido en el expediente Nº 0512-D- 2010 y firmado por los diputados MERCHAN, PAULA CECILIA - DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA - MACALUSE, EDUARDO GABRIEL - BASTEIRO, SERGIO ARIEL - GIL LOZANO, CLAUDIA FERNANDA - BELOUS, NELIDA en la que resuelve:

"...Expresar preocupación por la grave situación de los trabajadores de la emisora radial LV2, de la Ciudad de Córdoba, que se encuentra, por abandono del cuerpo gerencial, sin representación empresarial alguna, con salarios adeudados a los trabajadores desde el mes de diciembre de 2009, los cuales se han sentido obligados a ocupar pacíficamente las instalaciones..." .

La transparencia es un mecanismo que evita el mal uso de los recursos, el secreto, la improvisación, la ineficiencia, la discrecionalidad arbitraria y el abuso en el ejercicio de la función pública. Esto se da mediante la información veraz, oportuna y sistemática. Mediante la transparencia se fortalece y promueve la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Asimismo, entendemos que la nueva ley de radiodifusión y servicios audiovisuales, venia a poner coto a este tipo monopolización simulada de los medios, y que debemos estar alerta a las maniobras que un puñado de empresarios propietarios de medios de comunicación oligopólicos vienen promoviendo en la justicia para impedir la aplicación de la ley 26522, de servicios de comunicación audiovisual, aprobada mayoritariamente por el Congreso de la Nación.

El Poder Judicial no debe pasar a la historia como quien impidió que las mayorías nacionales que lucharon y luchan por la libertad de expresión y el derecho a la información vuelvan a quedar silenciadas.

Por las razones expuestas es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Resolución.