La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

La Cámara de Diputados de la Nación declara su inocultable desagrado por el abuso que hace el Poder Ejecutivo Nacional de la integración de cadenas de radiodifusión en razón de tres o cuatro por semana, en flagrante violación de la letra y el espíritu de la regla establecida en el artículo 75 de la ley 26.522, conocida como "ley de medios".

Señor presidente:

El artículo 75 de la ley 26.522 es claro, preciso y hasta terminante. Reza textualmente: "el Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los licenciatarios".

Es harto evidente que abusar de las cadenas de radiodifusión y televisión tres o cuatro veces por semana, tal como sistemáticamente viene acaeciendo, no configuran "la situación grave, excepcional o de trascendencia institucional" que prevé la norma. Si efectivamente el cuadro de situación nacional ameritase que se use la cadena radial y televisiva con tanta insistencia y habitualidad nos hallaríamos ante el escenario más desopilante: viviríamos en estado de excepción permanente, en situación grave continua o con anuncios de trascendencia institucional cotidianos.

En contraste con lo que prevé la norma, la presidenta de la República usa la cadena nacional de radiodifusión para inaugurar o reinaugurar, por caso un criadero de cerdos, como ha ocurrido recientemente.

Un país tan vasto y diverso como el nuestro debe ser enaltecido por sus gobernantes. Primeramente, cumpliendo a rajatabla con la letra y el espíritu de la ley. En segundo término, exaltando la majestad republicana de las instituciones, comenzando por la presidencial. Si la titular del P.E.N. abusa de la cadena nacional para difundir actividades rutinarias - como lo son inauguraciones de pequeñas obras o de pymes o de exposiciones -, no está a la altura de la dignidad de esa primera magistratura, dicho esto con respeto absoluto por la institución.

Inclusive, hay actos a los que asiste la presidenta de la República y que son propalados por la cadena nacional que en un país normal serían encabezados por un funcionario del rango de subsecretario o viceministro. Ni siquiera corresponden a la jerarquía de un ministro.

Nos preocupa e inquieta sumamente que se des jerarquice al país en el plano institucional y se lo desprestigie como entidad colectiva. No otra cosa deviene del uso antirrepublicano de la cadena nacional como ritual diario. Es impropio de un gran país. Cuadra a ese tipo de pequeños estados que los analistas suelen incluir en la ristra de los "Estados fallidos".

Más aún, debería ser la propia presidenta de la República quien más ocupada debería estar en cuidar y velar por el prestigio de la magistratura que ejerce. Con sus abusos, ella misma desmerece su alto cargo.

La ley de medios número 26.522 se sancionó porque, según sus impulsores, había que democratizar la comunicación social y tender a la igualdad y diversificación en ese plano. A la luz del abuso de las cadenas de radiodifusión, ¿puede sostenerse que se está garantizando y asegurando la igualdad, la diversidad y la democracia mediática?

Si la presidenta de la República abusa con tres o cuatro cadenas semanales es notorio que su relato predomina abrumadoramente y es el mensaje único. Esto conspira contra uno de los pilares del sistema republicano, la renovación periódica de los funcionarios representativos. Si la ciudadanía conoce sólo el mensaje oficial, ¿cómo engendrar o gestar, con su respaldo, una alternativa que desconoce?

Sinceramente, nadie niega la aptitud intelectual y el esfuerzo personal que exhibe y despliega la primera magistrada del país. Empero, una nación es y debe ser mucho más que un esfuerzo o un intelecto. Es un sistema que enlaza, vincula e identifica a millones de personas. Para ello es menester un régimen de comunicación social con la riqueza de la diversidad, tal como postularon quienes batallaron para que se sancione la mencionada ley 26.522. Hoy esa ley es letra muerta en lo principal de su contenido, en su eje central, la democratización y diversificación del mensaje. La realidad incontrastable nos muestra que domina y hegemoniza el relato único, el mensaje abrumante. Que, además, se reitera tres o cuatro veces por semana. El comportamiento del P.E.N. desvirtúa el mandato de la ley.

Por lo expuesto pedimos el respaldo de la Cámara para declarar nuestra alarma frente al incumplimiento de la ley y el consiguiente abuso de un instrumento - la cadena nacional de radiodifusión - que está pensada para casos de excepción, situaciones graves o hechos de trascendencia institucional.