La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través del organismo que corresponda, informe a la brevedad y por escrito sobre distintos aspectos relacionados al funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, a saber:

1. ¿Cuales han sido los cambios metodológicos -respecto a lo que se venía haciendo hasta el año 2006- en el cálculo de los Índices de Precios que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos?

2. ¿Cuáles son los mecanismos de control interno para garantizar que la información de campo relevada es la utilizada para obtener el número oficial?

3. ¿Qué incidencia han tenido los supuestos cambios metodológicos en el IPC y en el cálculo de la Pobreza y la Indigencia?

4. ¿A los fines del cálculo del IPC, a qué se denomina científicamente "sesgos aberrantes"?

5. ¿Por qué no se han hecho públicos los resultados finales completos de la Encuesta de Gastos de los Hogares -ENGH- y las bases usuarias de la Encuesta Permanente de Hogares -EPH-?

6. ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales se ha suspendido el proyecto de cálculo del IPC Nacional?

7. ¿Qué criterios aplica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos respecto del acceso y difusión de la información pública, en particular todo lo referido a normativa interna del organismo, documentos, memorandos, resoluciones, disposiciones, etc., y dónde se puede acceder a ellos en su totalidad?

8. ¿Cuáles fueron los motivos para los reemplazos en el año 2007 de la Directora del área a cargo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), de la Directora de la Encuesta Permanente de Hogares, y de la Directora Nacional de Condiciones de Vida?

9. Cualquier otra información que sirva al presente.-

Señor presidente:

Múltiples decisiones económicas se basan en los indicadores socioeconómicos que produce el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En base a ellos las familias toman decisiones de gasto y ahorro, las empresas deciden acerca de cuánto van a producir e invertir, se negocian múltiples contratos en diversos mercados y las propias autoridades gubernamentales eligen cursos de política.

Por estos motivos la continuidad, calidad y transparencia en la metodología de cálculo son condiciones indispensables para preservar la confianza del público en ellos y para disponer de información fiable sobre la cual formular políticas de Estado.

Las metodologías de cálculo de los indicadores económicos están regularmente sujetas a cambios y actualizaciones. La realización de esos cambios debe seguir criterios estadísticos y económicos bien establecidos y aceptados internacionalmente. Los técnicos de INDEC trabajan en base a esos criterios y es por ello que las estadísticas que allí se elaboran gozaban, antes de la intervención del mismo, de credibilidad en el país y en el exterior.

En el mes de octubre de 2008 el INDEC difundió un comunicado sobre ciertas pautas referidas a la actualización metodológica del IPC, explicitando modificaciones en la estructura de ponderaciones, tratamiento de la estacionalidad, y la metodología de muestreo para identificar locales informantes entre otros.

Sin embargo numerosos actores científicos, políticos y económicos vienen expresando, desde el mes de febrero de 2007, sus dudas y preocupación sobre los criterios técnicos establecidos para la introducción de cambios en la metodología de cálculo de los índices de precios. Esta desconfianza ha minado la credibilidad del INDEC, lo cual trajo aparejado como efecto colateral el progresivo reemplazo del Estado por el sector privado como proveedor de estadísticas.

La introducción de cambios en la metodología de cálculo en función de necesidades coyunturales malogra esfuerzos realizados durante largos años para preservar indicadores que permitan un buen entendimiento de la situación socioeconómica del país, pone en riesgo su continuidad y genera desconfianza. Con ello sólo se logra dificultar la coordinación de decisiones económicas, deteriorar la calidad del crédito público y, peor aún, de las instituciones.

En este último sentido, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó el 30 de Marzo de este año un recurso de reconsideración con recurso jerárquico en subsidio contra la resolución adoptada con fecha 13 de Marzo de 2009 - notificada ese mismo día- por la que se denegó al CELS el acceso y conocimiento completo de la información vinculada con el expediente administrativo Nº 0303121/08 y su acumulados Nº 0390504/08 y 064699/09. En concreto, se solicitaron los resultados finales completos de la Encuesta de Gastos de los Hogares -ENGH-, las bases usuarias de la Encuesta Permanente de Hogares -EPH- y los criterios del organismo respecto del acceso y difusión de la información pública, en particular la normativa interna del organismo, documentos, memorandos, resoluciones, disposiciones, etc., que regulan el acceso y/o publicación de la información estadística. Durante años, estas bases fueron las principales fuentes para el análisis de indicadores socioeconómicos tan sensibles como la pobreza e indigencia, el mercado de trabajo, la educación y la salud.

Esta vez se sumaron al pedido - rechazado anteriormente dos veces- la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (CEDLA- UNLP), la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés (UDESA) y el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED - Instituto de Investigaciones Económicas UBA).

El reclamo del CELS es básico: los organismos estadísticos deben ser profesionalmente sólidos e independientes de los poderes políticos y económicos, para garantizar que su actividad esté orientada por criterios puramente técnicos. Esta es la única forma de que las evaluaciones que realizan respondan a la realidad de los hechos y resulten confiables para quienes toman decisiones y para la población en general. El objetivo del pedido es promover la calidad, la difusión y el acceso la información estadística, en tanto esa información es un insumo clave para realizar investigaciones socioeconómicas y analizar el impacto de políticas sociales en un contexto en el cual la pobreza sigue siendo un problema no resuelto en Argentina.

En este sentido la publicación de los datos es un paso inherente al funcionamiento confiable de la institución. El Índice de Precios al Consumidor, además de ser un indicador del ingreso real, es tomado en cuenta para el ajuste de rendimientos de títulos de la deuda pública, depósitos bancarios a plazo fijo y contratos privados, entre otros. Además, determina indicadores clave como los índices de pobreza y de indigencia.

Como señalaron los responsables del CELS, el derecho a la información vinculado específicamente con el acceso a la información pública surge del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos referido a la libertad de expresión. También podemos encontrar expresas referencias en el artículo IV de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, referido a la libertad de investigación, y está íntimamente vinculado con la publicidad de los actos de gobierno y el principio de transparencia de la Administración.

Sin embargo, el INDEC se ha caracterizado, desde su intervención, por un funcionamiento impune y marcadamente ideológico, lo que le ha valido la pérdida de legitimidad ante la opinión pública toda. En 2007, la intervención del Gobierno Nacional en el INDEC, con el reemplazo del funcionario a cargo de la Dirección de Índices de Precios al Consumidor -asumiendo el cargo Beatriz Paglieri-, constituyó una alteración de las reglas de funcionamiento básicas del Instituto y generó dudas sobre la representatividad de un indicador clave. Además, las acciones de la nueva funcionaria no normalizaron la situación, sino que, por el contrario, durante todo el año el INDEC se convirtió en uno de los focos más importantes de crítica al gobierno de Néstor Kirchner, con una economía que volvía a caer en la trampa de la inflación. Luego de que Paglieri (sin antecedentes profesionales en la producción estadística) fuera designada por el secretario Guillermo Moreno en enero de 2007, el INDEC se convirtió en campo de batalla política entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Secretaría de Comercio Interior, ésta última dependiente de la primera.

A pesar de que la organización de trabajo del INDEC no permitiría que la intervención oficial tenga una gran incidencia en los índices (porque para ello deberían alterarse abiertamente las rutinas de relevamiento de datos o su procesamiento, cambiando las normas establecidas que, a su vez, están compatibilizadas con las organismos similares del Mercosur y son monitoreadas por organizaciones internacionales) los números que describen cosas como la inflación, el precio de la canasta básica, etc., se han alejado perceptiblemente de la realidad que cualquier ciudadano puede reconocer.

Asimismo, y como bien indica el CELS en la referida presentación, La información que se solicita había sido publicada y difundida por el mismo organismo que ahora niega el acceso. En particular, respecto de la EPH se difundía mediante un registro gratuito y libre desde la página web del organismo desde el año 2003 pero la última base usuaria difundida fue 1º trimestre de 2007. También estaban disponibles todas las bases usuarias de la EPH puntual desde 1974 a 2003. Por otro lado, durante el período 2003-2006 se publicaba en el calendario de difusión del INDEC.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares -realizada en 1996 y 2005- fue difundida parcialmente respecto de la primera y algunos tabulados preliminares respecto de la de 2005.

También es necesario recalcar como antecedente, que el INDEC no ha argumentado las razones de suspensión de la publicación y difusión de las bases usuarias de las mencionadas encuestas. Tampoco da cuenta sobre las razones para mantener en reserva tales datos ni ha explicado la razonabilidad y extrema necesidad de la medida pese al riesgo de ser condenado internacionalmente por la violación a su deber de producir y garantizar el acceso a la información pública.

La preocupación por la calidad técnica de las estadísticas públicas, su transparencia y confiabilidad y el derecho a la información, son cuestiones que deben ser preservadas y promovidas por todos los poderes del Estado, incluyendo el Poder Legislativo de la Nación.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos a las Sras. Diputadas y los Sres. Diputados acompañen en la sanción del presente Proyecto de Resolución.-