La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Defensa defina la posición del Gobierno Nacional frente a la causa que por irregularidades adminstrativas enfrenta el Comandante en Jefe de Ejercito, General Roberto Bendini.

Fundamentos

Señor presidente:

En abril del 2002 el general Roberto Bendini, jefe de la Brigada Mecanizada XI con asiento en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, abrió una cuenta bancaria personal (num. 5966-78) en la que fueron depositados 500 mil pesos, provenientes de recursos extrapresupuestarios del Ejército Argentino.

La flagrante irregularidad, de la mera apertura de esta cuenta, motivó que en el año 2003, la Oficina Anticorrupción dependiente del Poder Ejecutivo, abriese una causa (num. 1140-03) que terminó recayendo en el Juzgado Federal de Río Gallegos a cargo del juez federal Gerardo Camaño.

El carácter abrumador de las evidencias, ya que sólo el 22% de las transferencias de dicha cuenta poseen un respaldo administrativo adecuado, determinó el firme aunque silencioso avance de la investigación.

Más allá de la documentada utilización de los fondos de la cuenta para la compra personal de artículos de carácter suntuario, dos transferencias por valor de 22 mil pesos cada una, fueron realizadas a beneficio de la esposa del jefe del servicio administrativo financiero del citado regimiento. Ante la inminencia de la citación a prestar declaración indagatoria del general Bendini, hoy comandante en jefe del ejército y hombre de confianza del presidente Kirchner, el juez Gerardo Camaño se declaró incompetente.

Luego de dos años de trabajo en la causa, este juez federal consideró que se trata de un "claro delito militar" y, por tanto, competencia de la justicia militar.

De acuerdo a esa resolución, el proceso pasaría entonces a estudio del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el mismo que en los comienzos de la democracia absolvió sin pudores ni vacilaciones a los máximos responsables del genocidio desatado por la dictadura militar del 76.

Resulta extraño que el mismo Gobierno que dice impulsar el juzgamiento y la condena por medio de la justicia civil a los responsables del genocidio de Estado, hoy calla cuando se pretende convertir en delito militar un vulgar caso de corrupción administrativa.

Por todo ello, y constituyendo nuestro deber como legisladores colaborar en el control de la conducta de los funcionarios, pongo este proyecto a disposición de mis pares solicitando su apoyo.