La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del organismo que corresponda, se de cumplimiento a la Ley 26.351, la cual establece la conformación de una Comisión Bicameral que investigue e instruya acerca de los destinos de los fondos declarados al exterior de las Cámaras Exportadoras, por ventas al extranjero, y diferencias de retenciones, según las denuncias citadas en los fundamentos.

Señor presidente:

Durante el mes de julio del 2007 se aprobó, el proyecto de ley 26.351 del Diputado Rafael Martínez Raymonda, la creación de una Comisión Bicameral para investigar si las exportadoras de cereales "estafaron al fisco en 1.700 millones de dólares". El monto que dejó de percibir el Estado, según la ONCCA, fue el anteriormente citado.

Las declaraciones de ventas al exterior por parte del sector exportador crecieron notablemente, ya señalaban un aumento inminente de las retenciones por parte del Gobierno. Las exportadoras especulando con esta información se aseguraron un precio de venta con un arancel del 27,5%, en lugar del 35% que fue el aumento decretado por el Estado para el poroto de soja. El aumento de las retenciones desde el 7 de noviembre del 2009, se anotaron la friolera de 18.971.500 toneladas de soja y sus derivados de la cosecha 2007/2008", señala Martínez Raymonda, autor de la ley, cifra que representó "14.669.588 toneladas más que el año pasado".

Los exportadores obtendrían, a valores de hoy, alrededor de 300 millones de dólares, en detrimento de los productores y sin beneficio para el erario público. En la misiva, la Cámara de Aceiteros y exportadores de cereales niega haber tenido alguna ventaja adicional por las medidas del Gobierno. Los exportadores, muy por el contrario dieron a entender que tendrán "pérdida" por la situación actual de mercado.

Urquía, oficialista y que votó contra las retenciones móviles, fue uno de los primeros citados a declarar.

La decisión del Senado se hace eco de la presunción según la cual se consumó una operación estimada en US$ 1.700 millones en desmedro de los productores y del propio Estado. Si en ese momento había una denuncia en la Cámara, de la que se hacía cargo Acoroni, antes, el ex diputado Mario Cafiero y el abogado Ricardo Monner Sans la habían radicado en la Justicia (Juzgado Correccional y Penal 8 de la Capital Federal), con ampliaciones posteriores. Las imputaciones penales deberían ser contra el entonces secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, y quien era el titular de la Aduana , Ricardo Echegaray.

Podría resumirse en que las cerealeras les descontaron a los productores retenciones estimadas en 35%, mientras que ellas derivaron al Estado una alícuota equivalente a diez puntos menos. El Estado, según las denuncias, no aparecía ajeno a la cuestión: permaneció abierto el registro de las declaraciones juradas en favor de los exportadores. Una ley sobre la rigurosidad de las declaraciones juradas que lleva el nombre de su autor, el ex diputado Rafael Martínez Raymonda, que hasta el presente no se conoce el destino de esos montos.

Por lo expuesto, Señor Presidente, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto de Resolución.