La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de los organismos correspondientes informe sobre los siguientes puntos:

1.- Si el Poder Ejecutivo Nacional -a través del Ministerio del Interior- ha tomado conocimiento de los hechos sucedidos el pasado martes 18 de Abril de 2006 en el local "Zero Consecuencia" ubicado en la calle Cabrera al 3700, del barrio porteño de Palermo.

2.- Nómina completa del personal policial interviniente, dependencia en la que revistan, jerarquía que detentan, número de legajo y chapa, y antecedentes, en el caso de que existieren, de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria contra las personas.

3.- Responsable/s de ordenar el citado operativo sin orden de allanamiento judicial tal cual está prescripto por la legislación vigente.

4.- Si es habitual que personal de la Policía Federal realice operativos vestidos de civil, sin la vestimenta ni identificación reglamentaria.

5.- Cuál es la peligrosidad acreditada en las circunstancias que nos ocupan que ameritaran la permanencia de todas las personas con manos contra la pared y de espaldas durante cuatro horas.

6.- Si el personal identificado como interviniente en el operativo citado ha sido separado de sus funciones, sumariado, puesto en disponibilidad, etc.- En tal caso, remita copia de las actuaciones de la situación de revista de los agentes involucrados.-

7.- Todo otro dato y/o documentación de interés para el esclarecimiento del presente caso.

Señor presidente:

Como es de público conocimiento, el pasado martes 18 de Abril, aproximadamente a las 20.30 horas, en "Zero Consecuencia", local ubicado en la calle Cabrera al 3700 del barrio porteño de Palermo se llevó a cabo una insólita e inexplicable razzia policial. El lugar había sido alquilado para realizar una fiesta de carácter privado, es decir para que funcionara a puertas cerradas para una fiesta gay, cuyo horario de inicio fue a las 19 horas. A una hora y media de comenzada la reunión (a las 20.30 horas aproximadamente), irrumpió en el lugar un grupo policial integrado, presuntamente, por agentes de la Comisaría Nro. 21.- Tres de ellos tenían uniforme y el resto vestían de civil. Así ingresaron al lugar luego de proceder a un forcejeo con la seguridad privada que había sido contratada para el evento. Una vez adentro del local, procedieron a encender las luces y cortar la música.

En un operativo propio de las prácticas dictatoriales, de la noche oscura del autoritarismo feroz que vivió nuestro país, los agentes de la Policía Federal tras ingresar por la fuerza al citado lugar y sin motivación, causa ni explicación alguna para su intervención, mantuvieron durante cuatro horas aproximadamente a ciento veinte personas que se encontraban en el lugar, de espaldas contra la pared, mientras parte del personal abocado al operativo se dedicaba a tomar fotografías del lugar, retenían los documentos de las personas, dejando constancia de los datos personales de todos los presentes en planillas que minuciosamente eran elaboradas en el momento, circunstancias que ocurrieron todas en el marco de este allanamiento realizado sin orden judicial previa, ya que la misma nunca apareció.

Cerca de la medianoche, se acercaron al lugar los dirigentes de la CHA, César Cigliutti, presidente, Marcelo Suntheim, secretario de la CHA, y Pedro Paradiso Sottili, coordinador del área jurídica y encontraron dificultades para ingresar al lugar, llegando incluso uno de los oficiales a golpear a Cigliutti.-

Ante las explicaciones de que se trataba de una fiesta privada, en un local habilitado correctamente, y ante el pedido de motivos para tal accionar, el personal policial repetía que se trataba "de un allanamiento". Requeridos acerca de la orden judicial que así lo dispusiera, nunca respondieron ni exhibieron mandato judicial alguno. Haciendo oídos sordos continuaron con el operativo.

"No fue nada más que los tuvieron parados durante horas -denunció César Cigliutti, Presidente de la CHA, Comunidad Homosexual Argentina-; además, pasaban y les hacían burlas, los molestaban, fue igual que en el Proceso. Yo no puedo creer que ahora sigan así, persiguiendo gays como con los milicos. No había ninguna razón para molestarnos porque estaban en un local habilitado, preparado para no molestar a nadie. Sin orden de allanamiento. Yo creo que esto lo hicieron para apretar y después hacer algún negocio. Y les salió mal."

Ante la tensión generada por lo acontecido, tres de las personas presentes se descompusieron y ante el pedido de requerir la presencia del SAME, los policías que llevaron a cabo el operativo nunca permitieron llamar, ni lo hicieron ellos. Incurriendo de este modo en una mayor violación de los derechos de las personas presentes.

Lo increíble de la escena llegó al colmo cuando uno de los oficiales tomó una fuente de la barra del local con su contenido, que se trataba de una cantidad de profilácticos de los que el Ministerio de Salud distribuye en forma gratuita a la comunidad gay en su lucha contra el sida, incautándola y procediendo a fotografiarla, como si se tratara de la prueba de algún delito.

El operativo duró hasta las dos de la mañana. En algún momento, alguno de los policías invocó a la Fiscalía Correccional 13ª, sin dar nombres, cuyo fiscal titular es el Dr. Angel Nardiello. Según manifestaron los dirigentes de la CHA que intervinieron en la fiscalía no había nadie que los atendiera, y al apersonarse en el lugar el Subcomisario de la Comisaría 21, que dijo apellidarse De Mónaco, finalmente terminó reconociendo que no había orden judicial. Confirmándose este extremo, no tenemos dudas que el personal policial interviniente habría incurrido en los delitos de privación ilegítima de la libertad y abuso de poder, por lo que el Ministerio a cargo deberá intervenir para que quienes actuaron desde el Estado al margen de la ley y la justicia, purguen con las medidas disciplinarias correspondientes por los delitos y abusos cometidos.

Además del repudio que merece un hecho de estas características, tanto por su carácter autoritario como discriminatorio, creemos necesario conocer cuáles son las medidas que, desde el Ministerio del Interior, se han tomado con relación a esclarecer, sumariar, y penalizar a los responsables y ejecutores de tan retrógrada acción, autoritaria y violenta.

En este sentido, es preciso recordar que el Estado delega en las policías el uso de la fuerza "legítima", aunque ese uso está definido por su excepcionalidad. Es precisamente el carácter excepcional y limitado del uso de la fuerza lo que define a un Estado como democrático de derecho. El uso de la fuerza es entendido, entonces, como recurso último que, limitado cualitativa y cuantitativamente, pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal. Las instituciones policiales, entonces, deben cumplir las funciones que les son atribuidas, siempre dentro de los límites impuestos por el derecho, garantizando el cumplimiento de los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. En este marco, todo abuso de la coerción estatal se revela ilegítimo. Aquellos encargados de hacer cumplir la ley no pueden, bajo ningún concepto, valerse de prácticas ilegales para alcanzar los objetivos que les son encomendados.

En el caso que nos ocupa, lo que no se comprende aún es la aplicación de los citados principios, el supuesto ilícito o perturbación del orden público que diera lugar a la intervención policial. El marco normativo fija los límites dentro de los cuales el accionar policial puede legítimamente desenvolverse. Todo abuso o violación de dichos límites se ubica en el terreno de la ilegalidad.

Por todo lo expuesto es que solicito a los Señores Legisladores, la aprobación del presente proyecto de pedido de informes.