La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su gran preocupación y profundo repudio por la situación vivida, el viernes 5 del corriente, por el periodista de Canal 7 Juan Miceli durante una entrevista a raíz de las inundaciones que afectaron la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Señor presidente:

Con gran preocupación hemos tomado conocimiento del cruce verbal que se produjo entre el periodista Juan Micelli y el diputado nacional Andrés Larroque.

El hecho se originó el viernes 5 y, según se pudo escuchar al aire, "durante un móvil de la TV Pública desde La Plata cuando Miceli le preguntó a Larroque ¿ por qué La Cámpora realizaba asistencia social a los inundados con pecheras partidarias, si es que las donaciones habían sido anónimas? Ante la pregunta Larroque lo desafió al aire diciendo "¡te espero hoy acá, cuando termine el noticiero, eh!

Con posterioridad y en una entrevista radial Miceli se preguntó si "¿tendría que entrar a un canal de televisión con un carnet de afiliado? y se respondió "es una locura, aún siendo kirchnerista yo tendría que preguntarle a Larroque porqué están los de La Cámpora agarrando las donaciones"

Además agregó, cuando se lo consultó si temía por un potencial despido del canal "no sé el lunes qué onda, están en su derecho, uno se banca las consecuencias, yo no estoy alineado, hago un trabajo periodístico".

Al respecto debemos advertir que hace varios años ya y desde que han sido comprados los paquetes accionarios de muchos medios de comunicación, otorgadas discrecionalmente las licencias audiovisuales o recibido millonarias pautas publicitarias oficiales los programas y medios partidarios, entre otros, se han producido múltiples situaciones de censura, causas judiciales, investigaciones tributarias por parte de la AFIP y despidos injustificados, contra los periodistas que presentan diferencias de opinión con los nuevos directivos.

A su vez debemos recordar que la libertad de expresión es el derecho que más veces aparece custodiado en nuestra Carta Magna y otorga a todos los ciudadanos que habitan nuestro suelo la sagrada posibilidad de manifestar toda clase de ideas u opiniones sin ningún tipo de condicionamiento ni represión.

En ella se la ampara y protege especialmente por considerarla como la madre de todas las libertades. Del mismo modo la Convención Interamericana de Derechos Humanos y múltiples tratados internacionales la enuncian particularmente.

Es así como periodistas, empresarios, comerciantes, comunicadores sociales, dueños de radios, operadores de cable, consultoras económicas, jubilados que quieren regalar unos pocos dólares a sus nietos, asociaciones de consumidores, actores, sencillos trabajadores de entes estatales y hasta invitados a programas periodísticos, entre otros partícipes de la vida nacional, son diaria y violentamente atacados desde los organismos oficiales en actitudes autoritarias con herramientas de restricción desde los diversos estamentos de su gestión.

Nuestro país está ingresando en una peligrosa espiral de violencia semántica, censura directa, temor a represalias laborales o durísimas réplicas presidenciales por no uniformar su pensamiento al discurso oficial y que constituyen actos inaceptables para la libertad y la democrática.

La pluralidad de voces es otro de los mitos que el discurso oficial pretende instituir. Para ello no escatima el uso de todas las herramientas de gestión que tiene a su alcance a fin de generar un cerrojo en torno al discurso único que pretenden imponer.

Es así como la pauta publicitaria oficial, la compra de frecuencias y medios, el control de los contenidos y el escarnio público son elementos de los que se vale la estructura gubernamental para dominar y disciplinar a quienes disienten con el relato que se intenta instaurar.

Estos atropellos nos comprometen especialmente en la defensa de la libertad de expresión y del derecho de los trabajadores de prensa y de los comunicadores de opinión, a realizar sus tareas en un clima de respeto y tolerancia, sin actitudes autoritarias ni herramientas de coerción por parte de los miembros de la estructura oficial y gozando plenamente de los resguardos constitutivos de la vida democrática.

Es por ello que expresamos nuestro más enérgico repudio ante este grave acontecimiento; nos instituimos, por el mandato popular obtenido en las urnas, en aval y garantes de los derechos constitucionales a la libre expresión y acompañamos con nuestra solidaridad al periodista Juan Miceli.

A su vez, exigimos que se respeten sus actividades periodísticas y el mantenimiento de sus participaciones en los programas, según correspondiere a cada uno de ellos, en los días y horarios en los que usualmente venían estando en el aire.

Por lo expuesto Sr. Presidente, le solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.