La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su beneplácito ante el dictado el día 20 de abril de 2015, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de medidas cautelares en beneficio de los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos, al considerar que sus vidas corren peligro en el penal del Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL) en Ramo Verde.

Exhortar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a observar el decisorio de la CIDH, como estado parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y miembro de la OEA y, por consiguiente, a acatar las medidas precautorias a fin de prevenir daños irreparables a las aludidas personas, que se encuentran en ostensible situación de riesgo.

Ratificar la solicitud a las autoridades venezolanas para que concedan la libertad de todos los presos políticos, que por ser miembros de la oposición democrática o por arbitrarios procesos sumarios, han sido encarcelados por el gobierno, como ha quedado en evidencia con los líderes políticos Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma.

Señor presidente:

En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado venezolano a proteger a los líderes opositores, que "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal se encontrarían en riesgo" en el penal de Ramo Verde, donde se encuentran recluidos.

"La Comisión estima (...) que los derechos a la vida e integridad personal de Leopoldo López se encontrarían en una situación de riesgo", señaló el organismo autónomo de la OEA en su decisión.

El líder opositor Leopoldo López está preso desde hace más de un año, acusado de instigación pública y daños a la propiedad e incendio por los hechos violentos del 12 de febrero de 2014 en Caracas, que fueron el comienzo de las protestas antigubernamentales que se registraron hasta mayo pasado. El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, detenido el pasado 20 de febrero por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), está acusado de conspiración y asociación para delinquir.

López, perteneciente al partido de oposición Voluntad Popular, se encuentra preso desde el 18 de febrero del año pasado luego de ser acusado de instigar las protestas que sacudieron a este país a comienzos del año pasado.

La solicitud de medidas cautelares también fue extendida al Alcalde del Municipio de San Cristóbal Daniel Ceballos. El opositor está detenido desde marzo del año pasado y, al igual que López, se encuentra encarcelado en el Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL).

Así mismo, en el pronunciamiento de la CIDH se le otorga 15 días al gobierno para que informe sobre la implementación de estas medidas y que, a partir de esa fecha, reporte de manera periódica el estado de los detenidos.

Para la CIDH, con sede en Washington, la detención continuada de López y de Ceballos en las condiciones denunciadas estaría violando los derechos humanos de los detenidos.

"La posible continuidad, en el tiempo, de las actuales presuntas condiciones de detención y de la alegada reiterada exposición a aislamiento podría implicar serias afectaciones a los derechos a la vida e integridad personal, física y psicológica" de López y Ceballos, señaló el organismo.

En agosto de ese año, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones presentó una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH. Con el fallo, la Comisión ejerce su facultad para solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo. El organismo, que mantiene a Venezuela desde 2002 entre las naciones del continente que requieren seguimiento especial, adoptó la decisión un mes después de que sus siete miembros sesionaran en la capital estadounidense.

Sin duda las medidas generarán un nuevo enfrentamiento entre la CIDH y el gobierno venezolano que lleva años protestando por lo que llama injerencia de este órgano hemisférico en sus asuntos internos.

En septiembre 2012 Venezuela denunció formalmente la Convención Americana de los Derechos Humanos y por lo tanto salió de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Sin embargo, la CIDH, que también hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aún tiene potestad y solo terminaría si Venezuela decide salir de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La decisión de la CIDH es motivo de beneplácito y el mismo amerita ser declarado por esta H. Cámara, a la par que se impone exhortar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a aceptar el decisorio de la Comisión Interamericana y dar cumplimiento a las medidas cautelares adoptadas, si es que se considera parte del sistema interamericano y respeta la vigencia del Estado de Derecho, el cual se halla cuestionado grandemente y en especial con las arbitrarias detenciones y persecuciones de dirigentes políticos y sociales opositores, el asesinato a mansalva de jóvenes manifestantes, la abrogación de la independencia de los poderes legislativo y judicial y la sumisión de la ciudadanía en un marco de autoritarismo y miseria.

Pido el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar el presente proyecto.