La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por la falta de libertad de expresión en Cuba y solicita al Canciller que interceda ante el gobierno cubano por la liberación de todos los periodistas independientes que se encuentran cumpliendo largas condenas en ese país por ejercer el derecho a informar libremente.

Señor presidente:

En marzo de 2003 75 personas fueron encarceladas en Cuba, entre ellos se cuentan defensores de los derechos humanos, periodistas independientes, bibliotecarios y miembros de la oposición. En abril fueron sometidos a juicios sumarios injustos cuyos resultados dieron un promedio de veinte años de prisión.

Estamos próximos a los tres años de producido este episodio y es necesario que no sólo estos 75 hombres sean liberados, sino también muchos otros que se encuentran en situaciones similares.

Según la Sociedad Interamericana de Prensa, Cuba encabeza la lista de países con más periodista encarcelados. En su informe, la SIP denuncia que "El panorama del periodismo en Cuba continúa marcado por acontecimientos cada vez más deplorables contra el ejercicio libre de la profesión, los valores democráticos y la dignidad humana".

Cuba se encuentra al frente de la lista de países con más periodistas presos, con 32, por delante de Birmania (15), Eritrea (14) y Nepal (13), según el informe difundido en marzo de 2004 por la SIP.

El documento, dado a conocer durante la reunión semestral de la SIP celebrada en México, recuerda que "tras la oleada represiva que hace un año dejó 28 periodistas independientes condenados a entre 14 y 27 años de prisión, confinados a cárceles de alta seguridad y alejados cientos de kilómetros de sus hogares y familias, parecía imposible un peor escenario para el caso cubano". No obstante dicha situación, el documento de la SIP agrega que "el gobierno de Fidel Casto se resiste a todo pronóstico de cordura: periodistas presos y sus familiares han podido comprobar en estos meses que las reservas represivas del régimen son tan desgarradoras como ilimitadas".

Asimismo, la SIP explica en el documento que el único avance en el período fue la liberación en noviembre de 2004 del periodista Bernardo Arévalo Padrón, fundador de la desaparecida agencia Línea Sur y quien permaneció por seis años en prisión acusado de desacato a la figura de Fidel Castro y del vicepresidente cubano Carlos Lage.

El régimen cubano mantiene encarcelados a 32 periodistas en condiciones precarias, cuando han sido desestimados todos los recursos de casación ante el Supremo, así como una petición de los familiares al Consejo de Estado para la excarcelación excepcional de presos políticos por razones humanitarias.

De los periodistas presos, seis se encuentran hospitalizados en salas médicas de los centros penitenciarios o en hospitales provinciales. El informe refleja testimonios de los familiares de los presos, quienes critican las "inhumanas condiciones de encarcelamiento y la falta de atención médica", que en su criterio "continúan motivando manifestación de protesta e insubordinación entre los prisioneras, y en la mayoría de los casos la represalias de los carceleros han sido violentas".

"la medida -según sostuvo la SIP- pareció estar destinada a calmar las crecientes peticiones de amnistía y las críticas internacionales por el trato a los prisioneros de conciencia, en vísperas de las sesiones de la comisión de Derecho Humanos de Naciones Unidas en Ginebra".

El informe plantea demás que "la embestida oficial contra una treintena de representantes de la prensa independiente, que se mantienen activos en todo el país, ha sido implacable durante el último semestre" y agrega: "el aparato policial está empeñado en liquidar los focos de creatividad profesional libre".

El documento destaca que "golpeada, perseguida y sin el dinamismo alcanzado en los años precedentes la prensa independiente se a mantenido contra viento y marea, con el impulso decisivo de las mujeres incorporadas al movimiento".

Según sostiene la SIP, "los desafueros gubernamentales no sólo afectan a los comunicadores independientes, sino que se cierne sobre cualquier alternativa de información ciudadana, al margen del control oficial , como es el acceso a Internet".

Con respecto a este tema, el documento indica que "nuevas reglas impuestas en enero pasado prohíben el acceso a la red global a través del sistema telefónico estatal", con lo que quedan sin opción centenares de cubanos que hasta ahora accedían a Internet sin autorización del gobierno.

Por los motivos expuestos y en cumplimiento de lo dispuesto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos suscripta por la República Argentina, se solicita la probación de este proyecto.