La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de los organismos que correspondan informe a esta Cámara sobre las siguientes cuestiones relacionadas con los compromisos asumidos por el Estado Nacional en el Convenio Nº83/02 (Protocolo y Registro Oficial de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica, de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba), denominado "Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba":

1) ¿Cuáles son los motivos por los cuales no se han girado, desde el año 2006, los fondos previstos en el "Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba", según el cual el Estado Nacional se compromete a transferir recursos en forma escalonada a fin de financiar el déficit del sistema previsional de la Provincia de Córdoba?

2) ¿Cuál es la deuda que el Estado Nacional tiene al día de la fecha con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba? ¿En qué plazos se estima depositar los fondos adeudados?

3) ¿Se han realizado las auditorías a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba, previstas con una frecuencia mínima semestral en la Parte Sexta del "Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba"? En caso afirmativo, ¿cuáles han sido sus resultados en el período 2006/2007?

4) ¿Se han iniciado negociaciones con el Gobierno de la Provincia de Córdoba para modificar los términos del Convenio? De ser así, ¿cuáles son los compromisos y los plazos que asumirían tanto el Estado Nacional como el Provincial?

Señor presidente:

En 1993, la ley 24.241 reformó el sistema previsional argentino mediante la creación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, entre otras provincias, decidieron mantener sus propios regímenes de jubilación y se comprometieron, a través de convenios suscriptos con el Estado Nacional, a iniciar un proceso de armonización normativa de ambos sistemas.

El Convenio Nº 83/02 (Protocolo y Registro Oficial de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica, de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba), denominado "Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba", firmado el 13 de diciembre de 2002, estableció para el Estado cordobés la obligación de armonizar sus normas en función de las leyes nacionales vigentes en materia de previsión social o de las disposiciones que en el futuro las sustituyan y la constitución de un fondo complementario para la financiación de situaciones especiales previstas por la legislación. Ese fondo, entre otros recursos, se integraría con los aportes y contribuciones establecidas en la ley Nº8024 resultantes de descontar los vigentes en la Ley Provincial de Armonización Previsional con el Régimen Nacional.

Por su lado, el Estado nacional asumió el compromiso de financiar mediante transferencias regulares a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba el déficit del sistema previsional en forma escalonada y en base a los porcentajes detallados en el convenio. Los mayores costos que pudiera provocar el proceso de armonización debería ser financiado por el Fondo Complementario y, en forma subsidiaria, por el Estado provincial.

Desde el año 2006 esa transferencia de fondos se ha discontinuado e interrumpido sin que medie explicación oficial alguna o situación particular prevista en la legislación. La Caja de Jubilaciones de Córdoba ha debido afrontar con recursos genuinos el desfasaje financiero y esa deuda, que se acrecienta con los meses, pone en serio riesgo el equilibrio del sistema previsional provincial y, por consiguiente, las garantías constitucionales de los actuales y futuros beneficiarios.

En su exposición ante la Legislatura, el interventor de la Caja de Jubilaciones y Secretario Previsional de la Provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano, remarcó que la deuda que mantiene la Nación es de más de 1.200 millones de pesos: 553 millones del año 2006 -deuda ya auditada-, más de 500 millones del 2007 y los meses del corriente año. En relación a los compromisos asumidos por el Estado cordobés, Giordano advirtió que la Provincia ha cumplido con lo convenido, a través de diversas iniciativas. Destacó la decisión de armonizar el cálculo de las remuneraciones, de equiparar la edad jubilatoria, de compensar el exceso de edad con falta de servicio y las prestaciones de retiro otorgadas por invalidez.

El presente proyecto recoge, entre otras, la preocupación que ha expresado un grupo de dieciséis gremios provinciales, entre los que se encuentran el Sindicato de Empleados Públicos, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba y Luz y Fuerza, en relación a los problemas estructurales que debe afrontar la Caja, a los costos que implicaría la plena adecuación a las normas nacionales y al grado de incertidumbre que ofrece un sistema desbalanceado por las deudas y maniatado por compromisos que quedaron a mitad de camino.

La necesidad de obtener respuestas del Poder Ejecutivo Nacional también ha motivado a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba a requerir de los legisladores nacionales por Córdoba "la realización de las gestiones pertinentes para la defensa de los intereses de la Provincia en torno a las dificultades financieras del sistema provisional" (Resolución Nº 8337).

Esta situación, que ha movilizado a diferentes sectores sociales, revela la precariedad del sistema previsional cordobés y la carencia del respaldo jurídico de una ley que garantice a los ciudadanos el goce de sus beneficios y a los Estados -nacional y provincial-, la rigurosidad de sus compromisos.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.