La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio a la escalada represiva que ha perpetrado el gobierno de la provincia de Santiago del Estero contra periodistas, estudiantes, docentes, trabajadores y diputados provinciales de oposición.

Exigir la inmediata investigación de los hechos y el castigo a sus autores materiales e intelectuales.

Reclamar la plena vigencia de los derechos democráticos a la opinión, manifestación y acción sindical, política y reivindicativa.

Señor presidente:

El gobierno de Santiago del Estero se ha lanzado con una brutal represión contra el pueblo.

Esta verdadera escalada represiva comienza en diciembre del año 2013, cuando es detenido el periodista Juan Pablo Suárez, del diario digital "Última Hora" de esa provincia. Suárez fue detenido y su medio allanado en un descomunal operativo, por una orden verbal de la Jueza Falco, quien le atribuyó al periodista el delito de sedición por haber registrado con su cámara la detención violenta de un ex policía que realizaba una protesta. Suárez había escrito, en su medio, notas sobre los crímenes impunes que existen en la provincia de Santiago del Estero.

El pasado 7 de marzo, cientos de personas se congregaron en la movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a la cabeza de la cual se encontraban legisladores provinciales. La policía santiagueña no sólo impidió el paso de la misma sino que golpeó a las personas movilizadas, incluidas e incluidos los legisladores presentes.

El día 14 de febrero, cuando se desarrollaba una movilización de la docencia santiagueña por reclamos salariales, una docente que logró acercarse a la Casa de Gobierno fue sacada de los pelos por efectivos de la policía provincial.

El 27 del mismo mes, un grupo de diputados provinciales se dirigió al Ministerio de Salud para acompañar el reclamo del trabajador de la salud Juan Carlos Chazarreta, quien inició una huelga de hambre por haber sido despedido (Chazarreta es parte del movimiento de autoconvocados de la salud; su despido fue claramente persecutorio). La protesta fue brutalmente reprimida por la policía provincial, incluyendo a la diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Andrea Ruiz, el diputado del Frente Progresista Cívico y Social, Marcelo Lugones, el diputado de Esperanza para Todos, Rosendo Salto, el diputado

de acción por la República, Jaime Díaz, y el diputado de Libres del Sur, Fernando Giménez.

Sin embargo no se detuvo la andanada represiva. El pasado 28 de marzo, cuatro estudiantes del Profesorado Provincial N°1, tres de ellos militantes del Partido Obrero, fueron brutalmente detenidos por hablar con sus compañeros en la puerta del predio donde se estaba realizando el sorteo para los cupos de ingreso, en el momento que les explicaban a los estudiantes su posición sobre estas normativas, restrictivas del derecho a la Educación Pública. Durante cuatro horas no se pudo conocer el paradero de estos jóvenes, que al recuperar su libertad denunciaron que fueron desnudados y torturados, física y psicológicamente en la comisaría. Los policías hacían alusión a la militancia política de los jóvenes mientras los golpeaban. Cualquier parecido con lo ocurrido durante la última dictadura no es pura coincidencia.

Frente a todos estos hechos, la diputada Andrea Ruiz, del Frente de Izquierda y los trabajadores, presentó sendos proyectos de comunicación en función de que los funcionarios dieran explicaciones por tan graves acontecimientos. Además, están en curso las correspondientes denuncias penales por la violación de los fueros parlamentarios y los apremios ilegales sobre los jóvenes detenidos.

El régimen político de Santiago del Estero, que es gobernado por el matrimonio Zamora -donde hoy su ex gobernador, Gerardo Zamora, ocupa la presidencia provisional del Senado- no admite ninguna oposición a su gobierno de camarillas y de defensa de los intereses de los contratistas del Estado y de los terratenientes. Estos últimos cuentan con la venia del gobierno para sostener una fuerza de choque armada que ya se cobró la vida de varios miembros de los movimientos campesinos.

Este avance represivo tiene como fin evitar que los ciudadanos santiagueños manifiesten su descontento ante la insatisfacción de necesidades básicas: Santiago del Estero cuenta con el peor promedio salarial y la mayor precarización laboral del país, a la vez que se encuentra entre las provincias con peores índices sociales en todas las áreas: pobreza, vivienda, etcétera.

Los hechos enumerados acá merecen como mínimo el repudio y la exigencia de castigo a sus responsables materiales e intelectuales, que mantienen en la provincia un régimen al estilo de Juárez.