Señor presidente:

El otorgamiento de créditos o de servicios a jubilados por medio del sistema de mutuales y cooperativas nació en los años ochenta y está previsto en el artículo 14, inciso D, de la ley del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, que fue sancionada en 1993

En rigor, fue concebido como un camino alternativo para que los jubilados pudieran acceder a un mercado de crédito que, en caso de que este sistema no existiera, les sería inalcanzable.

Desde entonces, se emitieron varias resoluciones para reglar la actividad. Una de ellas, la N° 230 de 1999, establece que los únicos entes que podrán firmar convenios con la Anses, sujetos a la operatoria de descuentos a favor de terceras entidades, serán los organismos públicos, asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial, asociaciones de empleadores, obras sociales, cooperativas y mutualidades, con los cuales los beneficiarios convengan los descuentos por practicar.

Otra resolución, la N° 212, de 2006, impuso mayores requisitos a las mutuales y a las cooperativas como, por ejemplo, acreditar una antigüedad de uno o más años de funcionamiento regular, y redujo el monto por el que un jubilado puede endeudarse del 50 al 40 por ciento de su haber mensual.

La norma emitida en 2006 mantiene un artículo según el cual "el carácter voluntario de la contratación y la existencia de conformidad expresa del beneficiario liberan a la Anses de la responsabilidad de restringir y de controlar los conceptos informados por las entidades y que generan los descuentos de haberes.

La Justicia, según pudo saberse a traves de medios periodísticos. investiga en todo el país reiteradas estafas a jubilados y pensionados, a los que se les hacían (o se les hacen) descuentos indebidos por afiliaciones falsas y por el otorgamiento de créditos que nunca habían sido solicitados.

Gran parte de las denuncias las hizo la propia Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el organismo que otorga los códigos de descuento a mutuales, cooperativas y gremios y hace las retenciones en los haberes, a partir de quejas de jubilados.

Durante el último año, el organismo recibió 1578 denuncias, 88 de las cuales fueron derivadas a la Gerencia de Asuntos Penales o terminaron en la Justicia. Según los registros de la Anses, ya existen unas 27 investigaciones en los juzgados de todo el país. El monto del perjuicio no puede calcularse porque no se sabe cuántos son los jubilados estafados.

Las anomalías encontradas son abusos y transgresiones a un sistema que nació con la ley jubilatoria en los años 80 para permitir que los jubilados accedieran al

mercado de crédito. Actualmente, 280.000 de los 3.200.000 jubilados participan del plan de mutuales y cooperativas.

De las 681 entidades autorizadas para otorgar prestaciones y créditos, en el último año fueron denunciadas 227 (un tercio), de las que 101 fueron dadas de baja por la Anses a partir de la comprobación de irregularidades.

En la Anses dijeron que las maniobras consisten en la presentación de documentación apócrifa a la Anses o, en engaños a jubilados que, sin saberlo, firman contratos de préstamos.

En la Justicia, sin embargo, también hay denuncias contra la Anses. Para el fiscal general de Tucumán, Antonio Gómez, que investigó hechos denunciados en su provincia, las maniobras no podrían haberse consumado sin la complicidad de funcionarios del organismo.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que se encarga de auditar a las mutuales, también está cuestionado. El último informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), de 2004, señaló severas deficiencias en el control de las entidades (sobre lo que se informa por separado).

Cuatro de las mutuales suspendidas o dadas de baja son las que estuvieron involucradas en las maniobras detectadas en Tucumán. Tras una denuncia del presidente de la Red de Defensa del Consumidor (Redeco), Ramón Luna, el fiscal Gómez descubrió que la Asociación de Jubilados y Pensionados de Correos y Telecomunicaciones de la República Argentina, la Asociación Mutual de la Mujer Catamarqueña, la Asociación Mutual 29 de Septiembre y la Mutual Panaderos Unidos del Tercer Milenio habían realizado descuentos indebidos a jubilados tucumanos. Muchas de ellas tenían domicilio en Capital o eran entidades fantasma. Aunque desde la fiscalía destacaron la colaboración de la Gerencia de Asuntos Penales de la Anses, Gómez sostuvo que se trataría de "una maniobra orquestada por personal jerárquico" de ese organismo y del Inaes. Esa investigación es evaluada ahora por el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), Guillermo Marijuán.

Es preocupante que un sistema que nació como solidario y de servicios sociales sea utilizado como pantalla para la concreción de dos tipos de trampas: las afiliaciones masivas y el abuso en el monto de los intereses.Hay que poner la mirada también sobre las entidades financieras que usaron a las entidades como pantalla. La Anses y el Inaes recibieron desde junio de 2004 tres recomendaciones del defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, para terminar con las estafas a jubilados.

En la última de esas recomendaciones, de fines de 2005, Mondino reiteró que debía "reverse y perfeccionarse la operatoria de descuentos" y que el Inaes tenía que efectuar auditorías de las mutuales y cooperativas. "Las entidades hacían el descuento; si eran descubiertas, mala suerte, y si no, seguían", describió el defensor, en diálogo con medios periodísticos, que son de público conocimiento. En la Anses aseguran que en los últimos meses se cumplieron todas las recomendaciones de Mondino. En una resolución del mes pasado, se redujo del 50 al 40% la proporción del haber que puede ser descontado en concepto de cuota de devolución; se estipuló que los contratos de préstamo deberán estar impresos en letra de tipografía arial, en cuerpo 14 como mínimo; se dispuso que los descuentos fueran identificados en los recibos con letras y no con números como hasta ahora, y, con el objetivo de abaratar los créditos, se incluyó al Banco Nación en el sistema.

La preocupación por las derivaciones de este tema, nos hace presentar este pedido de informes, para que el Poder Legislativo tenga, por parte de los ejecutores directos de las políticas de estado, una información concreta y fidedigna, y no a través de las versiones periodísticas.

Pre ello, Sr Presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto.