El Senado y Cámara de Diputados...

Modificación de varios artículos de la Ley 22.431 y denominación del Régimen por ella instituido.

Artículo 1° - Sustituyese el CAPÍTULO I de la ley 22.431 que comprende los Artículos 1, 2 Y 3, por el siguiente:

CAPITULO I Objetivo, concepto y acreditación de la discapacidad

Artículo 1° - Instituyese por la presente ley, un sistema de inclusión integral de las personas con discapacidad, tendiente a asegurarles la organización de la vida pública de modo acorde a la dignidad inherente a las personas con discapacidad y más favorable al pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones relativos a educación, salud, trabajo, transporte y seguridad social.

Artículo 2° - A los efectos de esta Ley, se considera que una persona tiene una discapacidad cuando por la interacción entre alguna deficiencia propia y las características usuales del entorno físico o humano surge un impedimento para su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 3° - El Ministerio de Salud de la Nación certificará en cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado mediante un Certificado Único de Discapacidad, que acreditará plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional en todos los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley. Los certificados emitidos por las provincias adheridas a la Ley 24.901, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que se establezcan por reglamentación, tienen igual validez acreditativa que el Certificado Único de Discapacidad.

Artículo 2° - Sustituyese el Artículo 13 de la ley 22.431, por el siguiente:

Art. 13 - Consejo Federal de Educación debe establecer una política educativa tendiente a:

Garantizar la inclusión dentro del sistema educativo de las personas con discapacidad, con las mismas condiciones de gratuidad, universalidad y accesibilidad que las demás personas de su misma edad.

Organizar el sistema educativo de modo tal que la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo propenda al máximo desarrollo del sentido de la dignidad personal y de las capacidades propias de las personas que tengan algún déficit y de las posibilidades resultantes de la interacción con sus entornos.

Hacer de la participación en el sistema educativo el medio idóneo para la inclusión laboral, social y política, con plenitud de ejercicio de deberes y derechos, de las personas con discapacidad.

Priorizar la inclusión de las personas con discapacidad mediante su escolarización en la modalidad "común", mediante apoyos específicos y ajustes razonables.

Facilitar a todos los componentes del sistema educativo el desarrollo de competencias, actitudes y conocimientos, y el diseño, desarrollo, adaptación o adquisición de los medios pedagógicos necesarios para la consecución de los objetivos anteriores.

Concertar con las máximas autoridades de los Sistemas de Salud o de Rehabilitación, los medios para la identificación temprana de alteraciones funcionales, físicas o mentales, que puedan ocasionar discapacidades; y para facilitar el tratamiento de las mismas, de modo tal que de él no surjan obstáculos para la escolarización prioritaria en la modalidad "común".

Artículo 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Por la ley 26.378 sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada el 6 de junio del mismo año, la República Argentina adhirió a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006. (a la que en adelante por mor de brevedad, me referiré como "la Convención", como lo solemos hacer quienes hablamos de temas relativos a la Discapacidad).

En el caso de nuestro país, además, la Constitución Nacional en su art. 75, inc. 22, establece que "Los tratados tienen mayor jerarquía que las leyes" por lo que el contenido de la Convención tiene ahora valor supralegal y las leyes vigentes deben ordenar sus prescripciones conforme a ella.

Por otra parte, La Convención en su artículo 4 dispone que "los Estados Partes se comprometen a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad..."

La situación descripta urge a este Congreso Nacional a revisar las leyes. En la Comisión de Discapacidad de la H. C. que Ud. preside existe la convicción unánime. La ley 22.431 en muchos de sus pasajes, y, aunque sea menos comprobable no por ello es menos verdadero, en su mismo espíritu debe ser reformulada. Por ejemplo el primer artículo de dicha ley contrapone, hoy, a 9 años de la aprobación de la Convención, las "personas discapacitadas" a las "personas normales". Sería difícil formular una frase, y lo que es peor, un pensamiento, más discordante con el espíritu de la Convención. En efecto, ella, como el nuevo Código Civil no habla de "discapacitados" para evitar la asimilación conceptual de una persona a un déficit.

Esta reformulación, en la visión humanista que desde el movimiento del que formo parte sostenemos, es indicativa de lo que se ha dado llamar "un cambio de paradigma".

En efecto, se trata de abandonar la concepción según la cual hay un minusválido, que porta en sí una disminución de capacidades (y a veces de valía) al que la sociedad debe asistir (con diversas motivación desde la compasión a la solidaridad) para paliar su hándicap, generalmente bajo la forma de la intervención médica; de esa concepción, se pasa a la idea de que hay una persona, con dignidad personal inherente intacta, como tal sujeto de derechos y obligaciones (añado a la formulación más tradicional muy influida por liberalismo, para no parcializar su pleno reconocimiento personal) que por tener un déficit en el contexto de cierto entorno, ve disminuidas sus capacidades en comparación con otras personas, de forma permanente o transitoria, en más o menos. La discapacidad es considerada, por lo tanto, resultante de la confluencia de dos realidades: la individual y la social, y consiste en un defecto en la inserción de un individuo en su comunidad y una falla en la realización de sus capacidades, que perjudica al individuo y a la sociedad.

Por lo tanto, en esta nueva concepción, las intervenciones deben recaer sobre ambos: persona con déficit y entorno social; a fin de que la persona discapacidad, mediante apoyos, y el entorno, mediante ajustes razonables, alcancen el máximo de sus potencialidades. Las intervenciones deben orientarse a la plenitud de la realización vital e integración social, hacia el pleno cumplimiento de derechos y obligaciones. Desde nuestra óptica política, facilitar el pleno cumplimiento de la vida de sus miembros, no es una posibilidad compasiva y facultativa para la comunidad y del Estado: es su bien común y razón de ser.

Asumimos esta trasformación conceptual y adoptamos esta visión política.

La primera ley que, según este cometido, habría que trasformar radicalmente es la Ley 22.431. Por otra parte, tenemos que recordar que ella fue sancionada fuera del estado de derecho. Es tiempo ya que nuestra democracia vaya saldando esa cuenta pendiente.

Las autoras del Proyecto queremos brindar nuestro aporte a este primer paso de revisión legal que encara la Comisión de Discapacidad y será seguido por otros. Pero ahora, queremos comenzar desde la base: las definiciones que encuadran la ley y su artículo de Educación. Lo ya dicho justifica la modificación de los dos primeros artículos.

La revisión del artículo concerniente a la educación de las personas con discapacidad es fundamental y prioritario por dos razones: en primer lugar, porque la educación es la vía regia de los procesos de inclusión social. Creemos que el nuevo texto es un avance decidido hacia una política de inclusión educativa, que no implica el cierre de establecimientos de educación especial, pero sí sostiene con claridad y firmeza, desde la concepción enunciada, la prioridad de la inclusión mediante la integración en la persona con discapacidad establecimientos de la modalidad "común".

Es claro que desde la concepción que nos alienta, la prioridad de la inclusión de los alumnos en establecimientos de la modalidad "común" se debe dar con el fin y el límite de la realización humana de la persona con discapacidad, en orden a su mayor autonomía y la superación de las mismas consecuencias discapacitantes.

Una nueva ley de base sobre un sistema social inclusivo, a nuestro juicio, debe limitarse a asentar con claridad los principios inamovibles de una política educativa inclusiva con aquella inspiración. Lo mismo correspondería hacer para cada aspecto de la vida social.

Para el progresivo logro de un objetivo tan ambicioso como el propuesto, el Consejo Federal de Educación debe concretar los principios de la ley en lineamientos de una política inclusiva mínima y común. Ésta es la política cuyo avance el Ministerio de Educación debe promover, asistir, coordinar y supervisar. Esta también es la política que cada Jurisdicción, en definitiva el motor y combustible de nuestro sistema educativo, deberá implementar de modo acorde a su realidad y dentro de la legitima y comprensible variedad de nuestro territorio y tradiciones.

La segunda razón que nos lleva a priorizar esta reforma es el hecho que este aspecto del régimen vigente resulta anacrónico no sólo respecto de la Convención, sino de nuestra propia Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada en el mismo año 2006. Es anacrónica en su terminología, por la concepción de las modalidades del sistema educativo y la necesidad de establecer la prioridad de la integración a la modalidad común; la falta de referencia a los principios de universalidad y gratuidad la ausencia de consideración de ajustes razonables, apoyos y capacitación para la inclusión.

Por las razones expuestas, invitamos a los Sres. Diputados a dar aprobación al presente Proyecto.