El Senado y Cámara de Diputados...

Art. 1: Modifíquese el art. 1 de la Ley 24.417, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Art.1: Toda persona que sufriere lesiones, abusos, maltratos que impliquen un daño por acción u omisión a su dignidad o integridad física, psíquica, sexual, moral, social, y/o en su libertad o patrimonio, por parte de un miembro de su grupo familiar, podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita, ante el juez con competencia en asuntos de familia, y solicitar medidas cautelares conexas." Art. 2: Agréguese el art. 1 bis a la Ley 24.417, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Art. 1 Bis: A los efectos de esta ley, se entenderá por grupo familiar el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho, incluyendo a los ascendentes, descendentes, colaterales, sean por consanguinidad, por afinidad, o por adopción; convivientes o no. Asimismo convivientes sin relación de parentesco; no convivientes que hayan estado vinculados por matrimonio o unión de hecho. Art. 3: Agréguese el art. 1 ter a la Ley 24.417, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Art. 1 Ter: Toda persona, incluidas las mencionadas en el artículo anterior, que haya tomado conocimiento de los hechos de violencia, está legitimada para denunciarlos judicialmente. El menor de edad o incapaz puede directamente poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Público, o al juez con competencia en asuntos de familia." Art. 4: Agréguese el art. 1 quarter a la Ley 24.417, el que quedará redactado de la siguientes forma: "Art. 1 Quater: Se mantendrá la reserva de la identidad del denunciante cuando éste así lo solicitara, y el juez lo estimara pertinente. Se presume la buena fe del denunciante. Responderá civilmente en caso de daño causado por dolo propio que pudiera imputársele." Art. 5: Modifíquese el art. 2 de la Ley 24.417, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Art. 2: Cuando los damnificados fuesen menores o incapaces; ancianos o discapacitados imposibilitados de hacer la denuncia por sí mismos, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y/o por el Ministerio Público. También estarán obligados a efectuar la denuncia correspondiente los servicios sociales, educativos, de salud, sean públicos o privados, los profesionales de la salud, y todo funcionario público que en razón de su labor haya tomado conocimiento de los hechos en forma directa o indirecta. La denuncia deberá formularse dentro de las 72 hs. de conocido el hecho. Regirá lo dispuesto por el art. 1 Quater." Art. 6: Modifíquese el art. 3 de la Ley 24.417, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Art. 3: Inmediatamente después de recibida la denuncia el juez requerirá un diagnóstico de interacción familiar, que deberá ser efectuado por peritos de diversas disciplinas para determinar los daños físicos y/o psíquicos sufridos por la víctima, la situación de peligro y el medio social y ambiental de la familia. El diagnóstico deberá ser emitido en el plazo de 24 hs de requerido. El requerimiento de este informe será opcional para el juez cuando se hayan adjuntado a la denuncia otros informes similares. Las partes podrán solicitar otros informes técnicos." Art. 7: Modifíquese el art. 4 de la Ley 24.417, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Art. 4: Sin perjuicio de lo expuesto por el artículo anterior, en un plazo no mayor de 48hs. desde que se haya tomado conocimiento de los hechos, a pedido de la parte denunciante o de oficio, el juez deberá adoptar, con el objeto de preservar a la víctima y acreditada la verosimilitud del derecho, las siguientes medidas cautelares: a) Ordenar la exclusión del autor, de la viviendo donde habita el grupo familiar; b) Prohibir el acceso del autor al domicilio del damnificado, como a los lugares de trabajo, o estudio; c) Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo al autor; d) Decretar provisionalmente alimentos, tenencia, y derecho de comunicación con los hijos; e) Toda otra medida urgente que mejor estime según las circunstancias del caso, para asegurar la custodia y protección de la víctima y su grupo familiar. El juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo con las particularidades del caso, pudiendo disponer su prórroga cuando perduren situaciones de riesgo." Art. 8: Modifíquese el art. 5 de la Ley 24.417, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Art. 5: El juez, dentro de las 48hs. de recibido, si ha sido requerido, el informe técnico mencionado en el artículo 3, o dentro de las 48hs. de adoptadas las medidas precautorias, convocará a las partes y al Ministerio Público a una audiencia. De considerarlo necesario, el juez citará a las partes, en días y horas distintos, a audiencias separadas. De ser factible, instará a las mismas y a su grupo familiar a asistir a programas educativos o terapéuticos, teniendo en cuenta los antecedentes del caso y, si fue requerido, el informe del artículo 3, o similares que se encuentren agregados." Art. 9: Agréguese el art 5 bis a la Ley 24.417, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Art. 5 Bis: Según la particularidad del caso, a pedido de parte o de oficio, el proceso continuará sin más trámite y se recibirá la prueba ofrecida por las partes, a que será evaluada por el juez conforme los principios de la sana crítica. El plazo para su producción no excederá de cinco días hábiles." Art. 10: Agréguese el art. 5 ter a la Ley 24.417, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Art. 5 Ter: Producidas las pruebas, el juez dictará sentencia, determinando al existencia o inexistencia de violencia familiar, la responsabilidad del denunciado, y las medidas y/o sanciones que correspondan. Queda facultado el juez para imponer la sanción civil, a saber, llamados de atención, multas, embargos, inhibiciones, trabajo comunitario, o cualquier otra que mejor estime en razón de su criterio. En su caso, remitirá inmediatamente las actuaciones a la Justicia Penal." Art. 11: Modifíquese el art. 7 de la Ley 24.417, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Art. 7: De las denuncias que se presente, se dará participación al Consejo Nacional del Menor y la Familia y al Consejo Nacional de la Mujer, a fin de atender la coordinación de los servicios públicos y privados que eviten y, en su caso, superen las causas del maltrato, abusos y todo tipo de violencia dentro de la familia. Para el mismo efecto podrán ser convocadas por el juez los organismos públicos y entidades no gubernamentales dedicadas a la prevención de la violencia y asistencia a las víctimas." Art.12: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La violencia en la familiar no es igual o la que se presenta en la calle ni entre personas desconocidas. Ocurre en donde debería ser el lugar más seguro: nuestro propio hogar. Este tipo de violencia se ha convertido desde hace tiempo en un grave problema social. Aunque la violencia familiar es un problema serio y alarmante extendido en la sociedad el velo de privacidad que lo cubre suele dificultar su reconocimiento y, con ello, las acciones para revertirlo. Se trata, entonces, de educar para que este tipo de conductas en los hogares, dejen de ser aceptadas como un rasgo "natural" e "irremediable" de la cultura social, y se las vea como lo que verdaderas actitudes injustificables. Las formas de violencia son incontables. Puede darse hacia los menores, adolescentes, ancianos, hacia las mujeres, hombres, discapacitados, incapaces, etc. Asimismo es casi imposible definir y determinar en pocas palabras, la conducta típica, ya que existen distintas clases de violencia. Puede ser física, psíquica, moral, social o incluso patrimonial cuando, por ejemplo se ejerce un fuerte absoluto control sobre el dinero o los bienes, como forma de dominar al otro. Es de público y notorio conocimiento que la crecida de estos índices es cada vez mayor. El problema que genera este triste fenómeno va más allá de los límites del ambiente doméstico, pues en definitiva afecta a la sociedad toda en su conjunto. El Estado, como principal garante del orden y del derecho, no puede permanecer ajeno y observar la situación como un mero espectador, sino que debe convertirse en verdadero protagonista y principal impulsor de nuevas y más eficaces medidas a fin de dar respuestas que eviten el terrible desamparo en las que se encuentran las víctimas de este tipo de violencia y su grupo familiar. Y precisamente, una legítima manera de realizar su tarea, es brindar instrumentos jurídicos suficientes, que impidan o por lo menos ayuden a prevenir lo más posible, que se cometan acciones de esta clase que degeneren en hechos absolutamente condenables y reprochables desde todo punto de vista; como así también que, a su vez, garanticen la debida protección y contención de la víctima que ve violados sus derechos y es puesta en una situación de profunda vulnerabilidad. La Ley Nacional de Protección contra la Violencia Familiar, Ley 24.417, sancionada en diciembre de 1994, constituyó un invalorable avance, que ayuda a instaurar en la agenda legislativa el tema, haciéndose eco de la inexorable realidad social. Sin embargo, actualmente es indispensable una reforma al articulado de la norma, ampliando y redefiniendo sus conceptos, a fin de encuadrarlos dentro de las términos que marca el derecho interno e internacional, en especial los múltiples convenios sobre los derechos humanos, los derechos del niño y los derechos de la mujer que han sido oportunamente ratificados por la República Argentina. Muchos de estos conceptos ya han sido incorporados por las distintas legislaciones provinciales luego de la promulgación de la ley nacional. Es por ello que este proyecto de ley pretende incorporar a la normativa vigente distintas cuestiones, teniendo siempre, como única mira, dar a la sociedad elementos que hagan a una mayor eficacia para un mejor cumplimiento de los principios, derechos y obligaciones legalmente consagrados. Entre las incorporaciones o modificaciones que se proyectan se encuentra: a) Redefinir lo que se entiende por "violencia familiar", teniendo en cuenta la evolución de su concepto base; b) Redefinir lo que se entiende por "grupo familiar", teniendo en cuenta la evolución de su concepto base; c) La posibilidad de denunciar un hecho de violencia por parte de toda persona que haya tomado conocimiento del mismo; d) La posibilidad de mantener en reserva la identidad del denunciante; e) Se establece la presunción de buena fe en el denunciante, respondiendo civilmente en caso de daño imputable a título de dolo; f) En los casos que existe obligación legal, se establece un plazo de 72hs. para efectuar la denuncia, rigiendo el mismo principio de buena fe, y responsabilidad en caso de un actuar doloso; g) Se define al informe previsto por el artículo 3 de la ley original, como un informe de carácter complementario, en caso que con la denuncia no se hayan acompañado otros informes, o los acompañados resultaran insuficientes. El requerimiento del informe quedará a criterio del juez. En caso que sea requerido, se estipula que deberá ser emitido dentro del plazo de 24hs... Este plazo se determina en el Decreto 235/96 -reglamentario de la Ley 24.417-, pero se cree de buena técnica legislativa incluirlo dentro del texto de la ley misma; h) Respecto a las medidas cautelares, se establece como un deber del juez dictarlas en caso que las crea convenientes, aún de oficio. Fija un plazo para ordenarlas que no deber ser mayor de 48hs. de haber tomado conocimiento de los hechos. Asimismo, se crea la posibilidad que el juez interviniente determine y ordene la medida cautelar más conveniente según su criterio y las particularidades del caso. Por último, se establece claramente el carácter de prorrogables de las medidas cautelares que se hayan dictado cuando perdure la situación riesgosa; i) Se estipula un plazo dentro del cual se debe convocar a una audiencia a las partes y al Ministerio Público. Se propone que se establezca la posibilidad que se cite a las partes a dicha audiencia, en días y horas distintos, en forma separada. No se trata aquí de una audiencia de mediación, entendida como una audiencia conciliatoria, sino de brindar, de ser factible, desde la jurisdicción un ámbito donde de alguna forma se atiendan las necesidades de las partes, y se las inste a asistir programas terapéuticos; j) Se establece el principio de amplitud de prueba, la que será evaluada por el juez conforme su sana crítica; k) Se fijan pautas mínimas para el momento del dictado de la sentencia, habilitando al juez a imponer la sanción civil que mejor estime. Se incluye el deber de remitir las actuaciones a la justicia penal en caso de corresponder; l) Para terminar, se otorga participación en el tratamiento de las denuncias efectuadas también al Consejo Nacional de la Mujer. Por lo tanto, siento importante destacar que el principal objetivo del presente proyecto de reforma no es otro que ayudar a quebrar el perverso círculo de silencio que rodea a este tema, ampliando para eso el marco legal de prevención y protección integral de las víctimas y su grupo familiar que prevee la Ley 24.417. Por todo lo expuesto, Señor Presidente, solicito a mis pares el tratamiento del presente proyecto, y su pronta aprobación.-