La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación que a través del Ministerio de Seguridad informe acerca de determinadas cuestiones relacionadas con la tomas y la posterior orden de desalojo del predio situado en las calles Lafuente, Castañares y Portela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En particular solicitamos conocer:

1. ¿Por qué motivo no se hizo efectiva la orden de desalojo librada por el Juez Armella sobre el predio anteriormente mencionado?

2. ¿Cuáles han sido las tareas realizadas por la Policía Federal para restablecer la seguridad de dicho predio?

3. ¿La Policía Federal ingresó alguna vez en el predio a fin de efectuar los actos preparatorios al desalojo?

4. ¿Qué razón explica que las autoridades nacionales no hayan colaborado con las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aportando los efectivos especializados necesarios para efectuar el desalojo ordenado por el Juez Armella?

Señor presidente:

En los últimos meses se han sucedido diversas tomas del espacio público, desde el parque Indoamericano, con un trágico desenlace, el Club Alveriño y actualmente el predio ocupacional ubicado en las calles Lafuente, Castañares y Portela, del Bajo Flores. Esta última se encuentra aún por resolver quedando pendiente de ejecución una orden de desalojo realizada por el Juez Armella el pasado 9 de marzo. El incumplimiento de esta orden nos lleva a realizar el presente Pedido de Informe ya que nosotros, como Diputados, no podemos permitir que el Gobierno Nacional y sus dependencias pasen por alto una orden judicial.

Lo que buscamos, por lo tanto, es que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad de explicaciones al respecto y se ponga en acción para evitar que nuevamente se ocupe de manera ilegal un espacio público o, en este caso, un complejo de viviendas ya destinado a un determinado grupo de familias tan necesitadas como aquellas que realizaron la ocupación.

Se debe dejar en claro que a partir de este reclamo no se pretende desconocer una necesidad social básica y un derecho consagrado por nuestra Constitución Nacional: "el derecho a una vivienda digna", sino que, por el contrario, estamos conscientes de que estas necesidades merecen una solución y ese objetivo persiguen nuestras políticas públicas.

Por eso hay que trabajar en pos de que se cumplan las leyes para poder así conformar una sociedad más justa y ordenada, como requisito básico para alcanzar el bien de todos como comunidad.

El desafío que tenemos por delante es sumar en materia habitacional el esfuerzo desde todos los ámbitos: Nación y Ciudad.

Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente pedido de informes.