La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través de los organismos correspondientes, informe acerca de las motivaciones existentes para la intervención de la Radio AM LT9 en la ciudad de Santa Fe, en virtud de los cuestionamientos que se formulan, y en beneficio de la legalidad del procedimiento y de la defensa irrestricta de la libertad de expresión y de opinión.

Señor presidente:

Este hecho arbitrario es una consecuencia mas de la nueva ley de Radiodifusión, o también llamada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº26522 y su decreto reglamentario; pero mas aviesa aún es la intención de acallar los disensos, de no permitir voces distintas o contrarias de los que no adscriben al pensamiento único, que no ha respetado las normas legales y constitucionales (Arts. 14 y 32 CN; Art. 11 de la Constitución de Santa Fe, y numerosos fallos de la CSJN) que rigen la materia.

LT9 Radio Brigadier Gral. Estanislao López (AM 1150) y FM Láser, de prestigio, trayectoria e historia en la ciudad de Santa Fe, ambas de propiedad de la empresa Ondafe S.A., ha sido intervenida por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional nº1261/10; en forma manifiestamente ilegal, sin respeto alguno por las normas y procedimientos administrativos que rigen la materia, y al amparo de una política de hostigamiento y presión hacia los medios de comunicación que no comulgan con la conducción oficial del país.

El Presidente de la autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual ha emitido la Resolución 199 en marzo de este año, por la que designa un Delegado Administrador quien ya se hizo cargo de la empresa y quien está disponiendo de las instalaciones, programación, contenidos, patrimonio, personal, recursos y demás pertenencias de una empresa privada de mas de cuarenta años de actividad radial en la ciudad Capital de la Provincia de Santa Fe.

Tanto las entidades que nuclean a los trabajadores de la prensa, como la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), han expresado su rechazo y repudio a la medida por considerarla que afecta de manera directa y viola garantías constitucionales como la libertad de opinión, de expresión y el derecho de propiedad, entre otros; como así también varios medios de comunicación y organismos no gubernamentales, políticos y sociales se han expresado contra el avasallamiento y atropello de las autoridades federales.

Quienes advertimos un ataque a las instituciones republicanas, no hacemos otra cosa que alertar a la población en general, que este tipo de actos fascistas no tienen otro objetivo que garantizar opiniones solo favorables al gobierno nacional, y evitar que quienes no opinen lo mismo no puedan encontrar ningún medio independiente para expresas sus ideas. Nadie puede criticar al gobierno parece ser el mensaje y estamos ante un acto de censura.

Estos arrebatos dictatoriales, no hacen mas que confirmar las sospechas que existieron desde un primer momento de pretender clausurar el debate, el libre juego de las ideas y el respeto por el otro. Siempre se ha dicho que con el argumento de reemplazar una ley de la dictadura, se estaba implementando un nuevo sistema mucho peor, o quizás mas perverso que tienen hoy, en plena época electoral un objetivo claro y concreto que es entronizar como verdad, solo lo que se escucha de una radioemisora oficial, y ello nos lleva al descrédito y a la banalización.

El primer presupuesto de la vida en democracia, nos impone el requisito fundamental de escuchar a todos, de que todos puedan expresarse y de respetar la voz de los que son opositores como garantía esencial de funcionamiento del estado de derecho. Sabemos que otorgar un premio al Sr. Presidente de Venezuela por una universidad Argentina, no es muy usual en Latinoamérica y menos en el resto del mundo. Quisiéramos que las prácticas de amordazamiento hacia la oposición y a la vida en libertad como ocurre en aquel país no se reproduzcan entre nosotros, mas allá de que ahora se verifiquen sistemáticamente bloqueos en la plantas impresoras y distribuidoras de diarios nacionales y provinciales, o se cancelen licencias a empresas de Internet, y se presione de modo ostensible al máximo tribunal de la nación para que consagre pronunciamientos a favor de la nueva ley de radiodifusión.

La grilla de programas alusivos a la gestión gubernamental, los contenidos controlados por el estado, el abuso de propaganda oficial en programas deportivos, y el cercenamiento de los espacios de campañas electorales en la nueva legislación, son altamente demostrativos del alto nivel de desprecio por la calidad institucional y la plena vigencia de las instituciones en el país, fuertemente aumentado ahora en pleno proceso electoral.

Es por ello que esta decisión de intervenir una radio AM en la ciudad de Santa Fe, es otro elemento de análisis que debe tener la ciudadanía para evaluar la conducta de sus funcionarios, a la hora de votar y elegir sus gobernantes; ya que además de una legislación y una política dirigida a falsificar la historia y los acontecimientos sociales y políticos de

nuestra nación, algunos funcionarios y seguidores de este modelo anacrónico y autocrático, van en camino de eliminar todo aquello que suene distinto, diverso y contrario a los que dicen conducir los ámbitos y organismos nacionales vinculados al otorgamiento de licencias, permisos y autorizaciones en materia de medios de comunicación.

Por las razones expuestas, solicito el voto favorable de los Señores Diputados.