PROYECTO DE TP
Expediente 1610-D-2009
Sumario: SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA INCLUIR LAS RECOMENDACIONES DE " AMNISTIA INTERNACIONAL" EN EL DOCUMENTO "UN FUTURO SEGURO BASADO EN DERECHOS HUMANOS PARA TODAS LAS PERSONAS EN LA QUINTA CUMBRE DE LAS AMERICAS", A REALIZARSE DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2009 EN TRINIDAD Y TOBAGO.
Fecha: 14/04/2009
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 27
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
en lo que concierne a la Quinta Cumbre de las
Américas, a realizarse en Puerto España, Trinidad y
Tobago, del 17 al 19 de abril de 2009 -por intermedio
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto-, promueva la modificación del
proyecto de Declaración de Compromiso, con el objeto
de incluir las recomendaciones formuladas por Amnistía
Internacional en el documento "Un futuro seguro
basado en derechos humanos para todas las
personas".
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proyecto de Declaración de
Compromiso
'Asegurar el futuro de nuestros
ciudadanos promoviendo la prosperidad humana, la seguridad energética y la
sostenibilidad ambiental'
1. Guiados por un espíritu renovado de
cooperación, integración y solidaridad regional, nosotros, los Jefes de Estado y de
Gobierno de los países democráticos de las Américas, nos hemos reunido en Puerto
España en la Quinta Cumbre de las Américas, con el firme compromiso de mejorar el
bienestar de nuestros pueblos, adelantando soluciones colectivas a los desafíos más
apremiantes que enfrenta nuestro hemisferio. Reiteramos nuestra voluntad de redoblar los
esfuerzos nacionales y hemisféricos, con el fin de crear las condiciones para lograr más
paz, seguridad y prosperidad para todos los pueblos de las Américas.
2. Conforme a los principios y valores de la
Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Carta Democrática
Interamericana y las Metas de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, estamos
determinados a continuar nuestra lucha contra la pobreza, el hambre, la exclusión social,
la discriminación y la desigualdad, que afligen las vidas y erosionan las esperanzas de
tantas personas en nuestro hemisferio.
3. Por consiguiente, renovamos nuestro
compromiso con todos los pueblos de las Américas, de mejorar la calidad de nuestras
vidas, mediante la adopción y ejecución de una estrategia interamericana de colaboración,
con el apoyo de las instituciones de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano,
para aunar los esfuerzos de todas nuestras naciones, con el fin de fomentar mayores
oportunidades de empleo decente, mejorar la salud, el bienestar y la nutrición, ofrecer
mayor acceso a una educación de calidad, así como asegurar una energía adecuada y
sostenible y manejar responsablemente nuestro medio ambiente.
4. Afirmamos que estos temas son
íntimamente interdependientes en cuanto a nuestros esfuerzos de construir instituciones
democráticas más fuertes, de promover la buena gobernabilidad y la inclusión social,
defender el imperio de la ley, acrecentar el acceso a la justicia, proteger los derechos
humanos, combatir la violencia, el crimen y el terrorismo y lograr mayor participación
cívica de todos los ciudadanos de la Comunidad Interamericana.
Promover la prosperidad humana
5. Siguen existiendo profundas y persistentes
desigualdades, especialmente en la educación, los niveles de ingreso, la salud y el estado
de nutrición, la exposición a de la violencia y el crimen y el acceso a los servicios básicos.
En respuesta a ello, seguiremos desarrollando e implementando programas de protección
social dirigidos específicamente a los pobres y los grupos vulnerables de nuestras
sociedades, para asegurar el igual acceso de todos los hombres y mujeres a los servicios
sociales básicos, como el agua, la vivienda, el cuidado de la salud, la alimentación y la
sanidad.
6. Nos comprometemos a intercambiar
información sobre políticas, experiencias y buenas prácticas con el fin de apoyar nuestros
esfuerzos nacionales de reducir las disparidades y la desigualdad social, y disminuir los
índices de pobreza a la mitad para el año 2015. Le solicitamos al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) que coordine el proceso de revisión y consolidación de todos los
programas de protección social y erradicación de la pobreza para finales de 2010, en
colaboración con los Ministros responsables de las Finanzas, la Planificación y el
Desarrollo, al igual que con otras instituciones subregionales de financiamiento y
desarrollo, con el fin de aumentar la eficiencia, reducir la duplicación de esfuerzos,
identificar las brechas y optimizar la utilización de los recursos.
7. Reconocemos que para eliminar la pobreza
y el hambre, crear empleos y elevar el nivel de vida de todos nuestros pueblos, debemos
lograr mayores niveles de crecimiento económico continuo y en equidad. También
reconocemos la contribución positiva de las políticas comerciales en propiciar el
crecimiento, el empleo y el desarrollo. Por ende, nos comprometemos a seguir aplicando
políticas macroeconómicas sanas, caracterizadas por medidas fiscales y monetarias
apropiadas y transparentes, gastos públicos prudentes, ahorro interno elevado y altas
tasas de crecimiento. Seguiremos también promoviendo el desarrollo del sector privado,
diversificando la actividad económica, mejorando la competitividad y reforzando la
integración económica. Nos comprometemos a elevar la inversión en infraestructura de
energía, transporte y comunicaciones con el fin de atraer inversión privada adicional y
fomentar el desarrollo empresarial.
8. De conformidad con lo declarado en
"Trabajo decente en las Américas: Una agenda hemisférica (2006-2015)", seguiremos
facilitando y alentando la creación de más oportunidades de empleos decentes y
productivos en el sector formal. Instruimos a los Ministros de Trabajo para que, en el
contexto de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la OEA, en
colaboración con los sindicatos y organizaciones de empleadores y con el apoyo de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), desarrollen un plan coordinado, de manera
de seguir trabajando en los objetivos de la Agenda para el fin de 2010.
9. Con el apoyo de la OIT y de conformidad con la
Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, adoptaremos las políticas y
regulaciones necesarias que faciliten y propicien el paso de empresas y trabajadores del sector
informal al sector formal. También reafirmamos que a todos los inmigrantes, independientemente
de su situación migratoria, se les
debe otorgar la total protección de los derechos
humanos y la plena observancia de las leyes de
trabajo aplicables a los mismos.
10. Reiteramos nuestro compromiso de
proteger a la mujer y los niños de la explotación económica e instruimos a los Ministros
responsables de la Educación, el Trabajo y el Desarrollo social para que adopten
estrategias nacionales coordinadas, de manera de prevenir y erradicar para el año 2020,
el
trabajo de los niños, de conformidad con la
Agenda hemisférica de Trabajo Decente y que desarrollen estrategias innovadoras para
que los niños regresen a ambientes de aprendizaje sanos. También reiteramos nuestro
compromiso de eliminar, para el año 2010, el trabajo forzado.
11. Las micro, pequeñas y medianas
empresas son fundamentales para el crecimiento económico, la creación de empleo y la
reducción de la pobreza. Hacemos un llamado al Banco Mundial, el BID y otros bancos
regionales para que apresuren sus esfuerzos de activación de la expansión y el desarrollo
del sector privado, de manera que para 2012, se dupliquen los prestamos dirigidos a las
micro, pequeñas y medianas empresas y se triplique el número de empresas que tengan
acceso al crédito.
12. Trabajaremos con miras a la eliminación
de las barreras administrativas y burocráticas que entorpecen la creación de nuevas
empresas. En consecuencia, adoptaremos las reformas necesarias para simplificar los
procesos implicados en la iniciación y el cierre de empresas y nos comprometemos a
reducir el tiempo requerido para poner en funcionamiento una empresa a un máximo de
30 días, para el año 2012. Hacemos un llamado al BID y el Banco Mundial para que
apoyen los esfuerzos nacionales de mejorar los marcos legales y los procedimientos
administrativos para poder lograr esa meta.
13. A fin de fomentar la innovación y la
habilidad empresarial, nos comprometemos a aumentar la inversión en investigación y
desarrollo a un mínimo de1% del PIB para 2015, y a reforzar los lazos entre las
universidades, las instituciones científicas, el sector privado, las agencias multilaterales y
los trabajadores. También desarrollaremos, armonizaremos y reforzaremos las leyes de
propiedad intelectual y las regulaciones, de manera de salvaguardar los trabajos de
innovación y creatividad.
14. El desafío más inmediato que
enfrentamos en el hemisferio, y también en el mundo, es el de alimentar a nuestros
pueblos. Nos comprometemos, por ende, a desempeñar un papel activo, trabajando en
asociación con la comunidad internacional, en el desarrollo y aplicación de políticas y
programas amplios para resolver ese reto. Reafirmamos nuestro compromiso con la
Declaración de Roma de 2008 y la Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria
Mundial, con los objetivos de la Cumbre Mundial de la Alimentación y la Meta de
Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad el número de personas desnutridas para 2015.
15. Nos comprometemos a desarrollar nuevos
enfoques nacionales y regionales conforme al Plan AGRO 2015 e instruimos a nuestros
Ministros de Agricultura para que adopten acciones estratégicas que faciliten la ejecución
de esta Plan, basado en el consenso de su Reunión Hemisférica de 2007 en Guatemala.
16. Reconocemos que persisten los
problemas de desigualdad de acceso a los servicios básicos de salud y de exclusión,
especialmente entre los más vulnerables, incluyendo mujeres, niños, pueblos indígenas y l
pobres. Por consiguiente, nos comprometemos a brindar protección social esencial y
acceso universal a asistencia sanitaria de calidad, tomando en cuenta las políticas
laborales, ambientales y de seguridad social, y aumentaremos el gasto público en salud,
como mínimo a un 5% del PIB para 2015, de manera de tratar los desafíos relacionados
con la salud que enfrentan nuestros pueblos.
17. Si bien la región ha dado grandes pasos
en materia de reducción de la mortalidad infantil, de niños menores de 5 años, la
mortalidad neonatal no ha decrecido de la misma forma. Apelamos a la Organización
Panamericana de la Salud (PAHO), para que continúe asistiendo a los países en el
tratamiento de este problema, mediante la ejecución del Plan de Acción Estratégico
Regional, basado en el Consenso Estratégico entre Agencias para Reducir la Mortalidad y
la Morbilidad Neonatal en América Latina y el Caribe.
18. Estamos convencidos de que la carga que
representan las enfermedades no transmisibles (ENT) puede ser reducida, mediante
estrategias preventivas y de control, amplias e integradas, a nivel individual, familiar,
comunitario, nacional y regional, así como a través de programas, asociaciones y políticas
de colaboración, con el apoyo de los gobiernos, el sector privado, los medios de
comunicación, ONGs y socios regionales e internacionales pertinentes. Por consiguiente,
reiteramos nuestro apoyo a la Estrategia Regional de un Enfoque Integrado sobre la
Prevención y Control de Enfermedades Crónicas, de la PAHO/OMS, que incluye régimen
alimentario, actividad física y sanidad.
19. Instruimos a nuestros Ministros de Salud,
para que con el apoyo de la PAHO/OMS, establezcan, para 2015, sistemas de vigilancia de
ENTs y sus factores de riesgo, como parte integrante de sus sistemas públicos nacionales
de vigilancia sanitaria. Propiciamos el establecimiento de Comisiones Nacionales de
enfermedades no transmisibles, para planificar y coordinar la prevención completa y
estrategias de control.
20. Nos comprometemos a mejorar los
servicios de salud reproductiva, los servicios de salud mental, la asistencia sanitaria con
base en la comunidad, la introducción de enfoques de prevención con buena relación de
costo/eficacia, para permitir la detección precoz de la enfermedad y proporcionar
medicinas esenciales, especialmente a los más necesitados.
21. Asimismo, nos comprometemos a tomar
las medidas necesarias para aumentar los niveles de nutrición de todos los pueblos de la
Américas para 2015 y a aplicar en su totalidad la Estrategia Regional de Nutrición en la
Salud y el Desarrollo, 2006-2015, coordinada por la PAHO.
22. A fin de tratar la propagación de
enfermedades transportadas por vector, en especial el dengue, nos comprometemos a
implementar las Regulaciones Sanitarias Internacionales (2005) y recurrimos a la PAHO
para que prepare para fines de 2009, un plan de contingencia regional, que contenga las
nuevas directrices expuestas en las RSI.
23. Estamos comprometidos con la meta de
detener y revertir para 2015 la propagación del HIV/SIDA y de otras infecciones
transmitidas sexualmente (ITS), proporcionando a hombres y mujeres acceso universal a
la prevención, asistencia, tratamiento y apoyo. Implementaremos una estrategia regional
para proporcionar dicho acceso, bajo la coordinación de la OMS y la PAHO. También nos
comprometemos a reducir la incidencia de la transmisión del HIV de madre a hijo a menos
del 5%, para 2015. Reiteramos nuestro compromiso de reforzar y proporcionar
financiamiento adecuado al fondo Mundial de Lucha contra el Sida; la Tuberculosis y la
Malaria.
24. Afirmamos que la igualdad de acceso a
una educación de calidad, adaptada a las realidades locales y mundiales, es uno de los
derechos humanos, un bien público y una prioridad política. El mejoramiento de la
atención y educación temprana de la niñez, la educación primaria y la capacitación de
maestros constituyen enfoques esenciales para alcanzar, en 2010, una educación primaria
universal.
25. Reafirmamos nuestro compromiso de
lograr una tasa de matrícula de educación secundaria de por lo menos 75% para el año
2010, y hacemos un llamado a los Ministros de Educación y a la OEA para que, con el
apoyo de instituciones regionales especializadas y la UNESCO, desarrollen una estrategia
hemisférica sensible al género para reformar la educación secundaria y lograr que en
2015, sea accesible a todos nuestros niños, especialmente a aquellos provenientes de
grupos marginalizados. Esa estrategia debe incluir la reforma de los curricula, en función
de los principios de equidad, calidad, pertinencia y eficiencia en educación, tomando en
cuenta la diversidad cultural, lingüística y étnica, y estimulando la innovación y la
creatividad.
26. Reconociendo que la educación es un
proceso de toda la vida, que promueve la inclusión social y les permite a las personas
contribuir más plenamente con sus sociedades, le damos alta prioridad al mejoramiento de
la calidad de la educación terciaria, vocacional y de adultos, así como al acceso a la
misma, en especial para las mujeres, los habitantes rurales y los discapacitados, los afro-
descendientes y pueblos indígenas. Por lo tanto, nos comprometemos a aumentar la tasa
de participación terciaria a un mínimo de 40% en el año 2020 y exhortamos a los países
que ya hayan hecho progresos considerables en ese campo, a que comuniquen las buenas
prácticas que permitirán apoyar los esfuerzos de otros países para lograr ese objetivo.
También nos comprometemos a apoyar el desarrollo profesional permanente de los
docentes.
27. Seguiremos invirtiendo en nuestros
jóvenes y adoptaremos políticas y programas que amplíen las oportunidades económicas,
aumenten su participación social, abran caminos hacia el liderazgo, permitan una
participación significativa en las actividades de toma de decisiones, e incrementen la
calidad y cobertura de los servicios sociales dirigidos a mejorar sus vidas y promover
estilos de vida saludables. En consecuencia, reafirmamos nuestro compromiso con la
Declaración de Medellín sobre la Juventud y los Valores Democráticos.
28. Es esencial reducir la brecha tecnológica
entre las naciones de las Américas, así como dentro de ellas. Por lo tanto, renovamos
nuestro compromiso de colaborar con las agencias regionales, subregionales y
multinacionales para progresar en la implementación de iniciativas, conforme a la Agenda
de Conectividad para las Américas y el Plan de Acción de Quito. Instruimos a nuestros
Ministros y Autoridades de Alto nivel, responsables de la Tecnología de la Información y la
Comunicación, que promuevan el uso significativo de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC), en nuestros sistemas educativos y nuestros sectores públicos y
empresariales y amplíen el acceso a las mismas a los hogares y comunidades.
29. Reconocemos que el diálogo intercultural
y el respeto de la diversidad cultural promueven la comprensión mutua y la convergencia,
que ayudan a reducir los conflictos, la discriminación y las barreras para acceder a las
oportunidades económicas y la participación social. Nos comprometemos a alimentar la
creatividad y promover industrias culturales, como parte de nuestras políticas de
promoción del desarrollo social, el crecimiento económico sano y sostenible, la creación de
empleos y la generación de ingresos, especialmente para los adultos jóvenes.
Promover la seguridad
energética
30. Desarrollaremos sistemas de energía
limpios, accesibles y sostenibles, reduciendo de la intensidad la energía y el carbono en
nuestras economías, promoviendo la eficiencia energética en todos los sectores,
diversificando nuestra energía mediante el desarrollo de fuentes bajas en carbono y
renovables, y estimulando el uso más limpio y eficiente de combustibles fósiles. Nos
comprometemos a aumentar el aporte de fuentes de energía renovables y bajas en
carbono, para lograr que en el año 2050, a más tardar, se logre cubrir con ellas por lo
menos el 50 por ciento de nuestras demandas de energía, e introduciremos, si fuera
necesario, nuevas estructuras financieras y de políticas para facilitar y acelerar ese
proceso.
31. También nos comprometemos a mejorar
la eficiencia y la conservación de la energía, especialmente en nuestros sistemas de
transporte y en los sectores industriales, entre las pequeñas y medianas empresas y a
nivel de los hogares, de manera de promover patrones de producción y consumo más
sostenibles.
32. Además, promoveremos la diversificación
de las tecnologías energéticas, los suministros de infraestructura y rutas, y facilitaremos el
acceso no discriminatorio a terceras partes a la infraestructura de tránsito de energía, para
estimular el desarrollo de mercados energéticos transparentes, eficientes y ordenados.
Nos comprometemos a hacer que, a fines de 2012, todos los requerimientos pertinentes
de planificación, así como reglamentarios, sean más sencillos, más coherentes,
transparentes y efectivos.
33. Reconocemos el potencial de las nuevas
tecnologías emergentes para diversificar la matriz de energía, estimularemos el desarrollo,
la fabricación y utilización tanto de los combustibles biológicos actuales, como de los de la
próxima generación, incluyendo los derivados del azúcar, los combustibles biológicos
celulósicos, en base a algas y bacterias, y desarrollaremos un conjunto de especificaciones
compatibles para el fin de 2015, de manera de facilitar su comercialización y utilización
creciente, tomando en cuenta las normas existentes y planificadas. Desarrollaremos
estrategias para el cultivo y la producción sostenibles de biomasa, tomando en
consideración la necesidad de asegurar la seguridad alimentaria para fines de 2012, a más
tardar; desarrollaremos una estrategia para biocombustibles de una segunda generación y
más avanzados, de manera que no compitan directamente con otros productos agrícolas
por la tierra, el agua o los fertilizantes. También apoyaremos el desarrollo y utilización de
turbinas eólicas en tierra y mar adentro, las celdas fotovoltaicas convencionales y
poliméricas, las torres solares, la energía geotérmica e hidroeléctrica, las celdas de
combustible de hidrógeno y otras nuevas tecnologías energéticas.
34. Muchas de las fuentes de energía
renovables son intermitentes, o sólo están disponibles en lugares específicos. Por lo tanto,
desarrollaremos e invertiremos en nuevas infraestructuras energéticas, apoyaremos el
desarrollo de la generación transfronteriza de energía eficiente y baja en carbono, así
como de rejillas de distribución y otras redes de comercialización de energía y
cooperación. Cooperaremos para mejorar la protección, seguridad y estabilidad de nuestra
infraestructura crítica de energía y nuestras redes de abastecimiento, así como para
garantizar que todas las conexiones de la cadena de abastecimiento de energía operen
con los más altos estándares de seguridad y protección de las personas, protección del
medio ambiente y seguridad física.
35. Nos comprometemos a promover una
energía limpia, mediante la investigación y el desarrollo, la transferencia de tecnologías
ambientalmente saludables y la comercialización de nuevas soluciones de energía más
limpia. Le daremos prioridad a aumentar la cooperación internacional y el intercambio de
información, en búsqueda de soluciones que sean beneficiosas para todas nuestras
naciones.
36. Desarrollaremos una conciencia creciente
en el público, en lo referente a los temas energéticos y ambientales, y nos
comprometemos a garantizar que, para 2012, las personas de la Américas tengan acceso
universal a información precisa, confiable e imparcial sobre temas relacionados con la
energía, el medio ambiente y el cambio climático.
37. Reconocemos que los temas de la
disponibilidad, el costo y la seguridad del abastecimiento de energía, de nuestra
competitividad económica y la sostenibilidad de nuestro ambiente, están estrechamente
entrelazados, nos comprometemos a desarrollar un marco político coherente, que tome en
consideración nuestras variadas situaciones, circunstancias y oportunidades y que permita
simultáneamente la consolidación y diversificación de nuestras economías.
38. Por lo tanto, instruimos a nuestros
Ministros responsables de la energía, la planificación, la regulación y las finanzas, para que
en el marco de la AIA y la Alianza para Energía sostenible en las Américas (AESA), con el
apoyo y la guía del BID y el Banco Mundial, y tomando en cuenta las diferentes
condiciones, oportunidades, marcos legislativos y reglamentarios de los distintos países de
las Américas y trabajando a partir de las iniciativas existentes de cooperación energética e
integración, desarrollen una estrategia de cooperación entre nuestras naciones, las
organizaciones internacionales y el sector privado, con el fin de aumentar la eficiencia
energética, diversificar las fuentes de energía, minimizar el impacto ambiental, reforzar la
independencia energética y asegurar el acceso a abastecimientos de energía seguros y a
precios accesibles, especialmente para los más pobres. Asimismo, instruiremos a nuestros
Ministros para que desarrollen esta estrategia, a más tardar en 2011.
Promover la sostenibilidad
ambiental
39. Todo desarrollo social y económico
depende de la conservación y la protección del medio ambiente. Por consiguiente,
reiteramos nuestro firme compromiso con el desarrollo sostenible, tal como se ha
declarado en las Cumbres de Desarrollo Sostenible de Río, en 1992, y de Johannesburgo,
en 2002, la Declaración de Santa Cruz de la Sierra de 1996, la Declaración de Santa Cruz
+ 10 de 2006, y las Metas de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.
40. Nos comprometemos a dar todos los
pasos que sean necesarios para asegurar una eventual estabilización de las
concentraciones de gas de invernadero en la atmósfera, manteniéndolas a un nivel que no
conduzca a riesgos de cambios graves en el clima terrestre y en los sistemas del
mismo.
41. Fortaleceremos nuestros mecanismos de
intercambio de información sobre la alerta temprana de desastres naturales, la
planificación y preparación frente a los mismos, el manejo y la coordinación de la
respuesta, y los programas de alivio luego de un desastre.
42. Instruimos a los Ministros y las
Autoridades de Alto Nivel a cargo del Desarrollo sostenible, que en colaboración con
organizaciones nacionales y regionales especializadas en desastres, desarrollen para 2011,
un sistema de cooperación dentro de las Américas, mediante el cual se pueda colaborar,
compartir información y determinar cuales zonas de asentamientos humanos, sectores
industriales esenciales e infraestructura de transporte están en riesgo, para luego asegurar
que estén protegidas o bien reubicadas.
43. Incorporaremos fuertes medidas de
planificación y zonificación, de manera de asegurar que cualquier desarrollo futuro, ya sea
residencial, comercial o industrial, no esté ubicado en zonas vulnerables, y facilitaremos un
mejor acceso a la educación, la capacitación, los créditos agrícolas e hipotecarios, para
garantizar que la gente pobre no quede atrapada en áreas vulnerables por temor a perder
sus medios de subsistencia.
44. También trabajaremos en aras de
promover una gobernabilidad ambiental sana, mediante el refuerzo de las leyes
ambientales nacionales y creando capacidad institucional para la gestión de los recursos
ambientales, de acuerdo a nuestras prioridades de desarrollo sostenible.
45. También apoyaremos el diálogo más
amplio y la cooperación, de conformidad con el Convenio Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (UNFCCC), incluyendo los compromisos de acciones de
cooperación a largo plazo establecidos en Montreal en 2005 y en el Mapa de Ruta de Bali
en 2008, y nos comprometemos a trabajar para lograr un acuerdo mundial en la Reunión
de Copenhague de la UNFCCC, en 2009.
46. Renovamos nuestro apoyo al Programa
Interamericano de Desarrollo Sustentable (PIDS) e instruimos a nuestros Ministros y a
todas las autoridades a cargo del desarrollo sustentable, que se reúnan en 2010, bajo los
auspicios de la OEA, en colaboración con la PAHO e instituciones internacionales de
financiamiento y desarrollo preocupadas por el desarrollo sustentable, y con la
participación de la comunidad académica y la sociedad civil, con el fin de evaluar los
logros del Programa hasta la fecha y proponer, si cabe, nuevas metas para un PIDS
renovado, poniendo especial énfasis en la gestión integrada de los recursos acuíferos,
tanto nacionales como compartidos, la prevención y mitigación de los desastres, la
administración de bosques y zonas de pesca, la gestión agrícola sostenible y el desarrollo
rural, la protección de ecosistemas y de la biodiversidad, la gestión de los recursos
naturales, el manejo ambiental urbano y el tratamiento de desechos peligrosos. Le
brindaremos especial atención a las áreas más vulnerables, incluyendo las regiones
costeras de baja altura y los pequeños estados isleños en desarrollo.
47. También les solicitamos a los Ministros y
otras autoridades responsables del desarrollo sostenible, que en conjunción con el Banco
Mundial y el BID, trabajen para 2011, bajo los auspicios de la OEA, en la realización de
una revisión completa de los impactos potenciales que tendría el cambio climático en cada
una de las naciones de las Américas, y que formulen Planes de Acción nacionales para el
manejo y la mitigación de dichos impactos, brindándole especial atención a las
necesidades de las personas que podrían ser desplazadas o perder sus medios de
subsistencia. Les Instruimos, además, que cada una de esas revisiones nacionales sea
utilizada como un aporte al desarrollo de una Estrategia Regional para el Manejo de los
Impactos del Cambio Climático, a ser formulada conjuntamente con el Banco Mundial y el
BID para 2013.
Reforzar la seguridad pública
48. Estamos decididos a perseverar en
nuestros esfuerzos para prevenir y combatir el terrorismo y el crimen organizado, en total
acatamiento de las leyes internacionales, incluyendo la referida a los derechos humanos,
los refugiados y la ley humanitaria internacional. Instruimos a todos los Ministros a cargo
de la seguridad, la policía, los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas, para que en
el marco de la OEA y en forma bilateral, sigan cooperando y aprovechen los recursos
colectivos, con el fin de prevenir que organizaciones terroristas y criminales crucen las
fronteras y adquieran armas, así como prevenir y combatir el terrorismo y el crimen
organizado.
49. Le negaremos cualquier recurso a
terroristas y criminales y combinaremos nuestros esfuerzos para identificar, seguir,
incautar y congelar activos asociados con el terrorismo y el crimen organizado, de acuerdo
a la legislación nacional y en coherencia con la ley internacional.
50. Le solicitamos a la OEA que, a través de
la Secretaría para la Seguridad Multidimensional, continúe con la preparación de una
reunión de expertos y autoridades de alto nivel, para formular un enfoque común de las
materias relacionadas con el crimen y la violencia, y concebir una estrategia regional que
propicie la cooperación interamericana, con el fin de abordar el tema de las bandas
criminales, dándole especial atención a los jóvenes.
Reforzar la gobernabilidad
democrática
51. Todas nuestras aspiraciones y metas para
las Américas dependen de democracias fuertes y de una buena gobernabilidad, el imperio
de la ley y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por lo
tanto, renovamos nuestro compromiso de reforzar nuestras instituciones democráticas y
de sostener los principios y valores de la Carta Democrática Interamericana.
52. Comprometidos en aumentar la
transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y la eficiencia en el sector público y el
privado, reforzaremos nuestra lucha contra todas las formas de corrupción y de conducta
no ética. Renovamos nuestro compromiso con la Convención Interamericana contra la
Corrupción y desarrollaremos y aplicaremos políticas que fomenten una cultura de
integridad y transparencia entre los ciudadanos y los funcionarios públicos y dentro de las
oficinas públicas e instituciones.
53. Reafirmamos nuestro compromiso con la
defensa, protección y promoción de los derechos humanos, así como con la independencia
y la consolidación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
54. La Carta Social de las Américas y su Plan de
Acción le brindará a nuestros ciudadanos más oportunidades de disfrutar de un desarrollo sostenible
con equidad e inclusión social. Por consiguiente, nos comprometemos a concluir y adoptar esos
documentos antes de que termine el año 2009.
55. También reafirmamos, que cualquier tipo
de discriminación inhibe la plena participación de todas las personas en la sociedad, y
continuaremos hasta concluir las negociaciones relacionadas con la Convención
Interamericana Contra el Racismo y todas las formas de Discriminación e Intolerancia.
Asimismo, seguiremos desarrollando la Declaración Americana de los Derechos de los
Pueblos Indígenas.
56. Nos comprometemos a seguir
incorporando el género en nuestras políticas públicas y a reforzar los mecanismos
institucionales para el progreso de las jóvenes y las mujeres. Fomentaremos la
participación plena e igualitaria de la mujer en la vida política de nuestros países y en la
toma de decisiones, a todos los niveles, y promulgaremos leyes que promuevan el respeto
de los derechos humanos, al igual que la equidad y la paridad en relación al género.
57. Reconocemos el papel importante que
representa la OEA en la solución pacífica de nuestras diferencias y el apoyo de los
objetivos de la Carta Democrática Interamericana. Nos comprometemos a mejorar la
capacidad de la OEA, en sus esfuerzos por ayudar al mejoramiento de la paz y la
estabilidad democrática, social y económica de nuestra región.
Reforzar el seguimiento de la
cumbre y la efectividad de la implementación
58. Reconocemos que los temas de
prosperidad humana, seguridad energética y seguridad ambiental están estrechamente
entrelazados y que, para cumplir con los compromisos con las personas del hemisferio que
hemos formulado aquí, es esencial tener un marco político integrado y coherente.
59. A fin de reforzar la participación
ministerial en el proceso de Cumbres, mejorar la implementación de las decisiones que
tomamos en esta Quinta Cumbre e incrementar nuestra responsabilidad financiera ante los
pueblos de las Américas, instruimos a las secretarías técnicas de todas las Reuniones
Ministeriales que informen a sus Ministros y Autoridades de Alto Nivel de los mandatos de
esta Cumbre e inicien acciones estratégicas a fines de 2009, de manera de facilitar la
ejecución de nuestros compromisos. Nos comprometemos, además, a convocar la Cumbre
de las Américas con regularidad y al menos cada tres años.
60. Instruimos a la Secretaría General de la
OEA, dado el papel central que desempeña en la ejecución de los mandatos de la Cumbre,
que le proporcione, anualmente, al Grupo de Revisión de la Implementación de la Cumbre
(GRIC), un informe completo acerca de las acciones y progresos realizados en todas las
Reuniones ministeriales y por las instituciones de las Naciones Unidas y el Sistema
Interamericano, dirigidos a cumplir con los objetivos específicos establecidos en la
Cumbre.
61. Le solicitamos a los Ministros de Finanzas
que, en colaboración con instituciones financieras multilaterales, convoquen una reunión
durante el primer trimestre de 2010, para asegurar que haya recursos de cooperación
técnica disponibles para financiar los diversos elementos de las iniciativas interamericanas
acordadas en este documento.
62. Reiteramos el llamado que se hizo a los
Ministros de Finanzas en la Tercera Cumbre de las Américas, en la ciudad de Québec, para
que incrementen su implicación en el proceso de la Cumbre de las Américas; también se
les instruyó que exploraran formas de consolidar, a nivel nacional, las alianzas
estratégicas, entre todos los Ministerios, incluyendo a los responsables de la educación, la
salud, el trabajo, el desarrollo social, la juventud, la información y comunicación, la
agricultura, la energía, el medio ambiente, la criminalidad y la seguridad..
63. Le hacemos asimismo un llamado a las
instituciones del Grupo de Trabajo Conjunto de la Cumbre, para que sigan consolidando su
compromiso y desarrollen programas de acción coordinados, con el fin de lograr las metas
para las Américas expresadas en esta Declaración.
64. Nos comprometemos a propiciar la
participación de la sociedad civil en el diseño y ejecución de políticas y programas de
desarrollo proporcionando asistencia técnica y financiera para reforzar y desarrollar su
capacidad de participar más plenamente en el Sistema Interamericano.
65. Nos comprometemos también a seguir
explorando formas que les permitan a nuestros gobiernos establecer, reforzar y mantener
alianzas con el sector empresarial, y aprovechar la experiencia y los recursos existentes en
ese sector, con el fin de desarrollar e implementar intervenciones efectivas, prácticas y
sostenibles para lograr nuestras metas de desarrollo nacionales y hemisféricas.
66. Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno
de las Américas, convenimos que este documento debe darse a conocer como
"Declaración de Compromiso de Puerto España", y así lo aprobamos en fecha del 19 de
abril del año 2009.
II. ¿Cuál es la propuesta de
Amnistía Internacional? (2)
En abril de 2009, los jefes de Estado
y de gobierno de todos los países de América, a excepción de Cuba, se reunirán en Trinidad y
Tobago para la celebración de la Quinta Cumbre de las Américas. La Cumbre, cuyo tema
central es "Asegurando el futuro de nuestros ciudadanos", se centrará, principalmente, en tres
ámbitos: la promoción de la prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad
ambiental. Cada uno de estos importantes desafíos repercute en el disfrute de los derechos
humanos. Si los derechos humanos no constituyen el elemento preponderante del enfoque de
los Estados, no habrá mayor equidad en el crecimiento económico, el desarrollo energético
seguirá afectando a las economías y estilos de vida de las comunidades indígenas,
afrodescendientes y campesinas y no se conseguirá la sostenibilidad ambiental.
Amnistía Internacional exhorta a los gobiernos a
garantizar que las obligaciones universales de derechos humanos, expuestas en los
instrumentos de derechos humanos de la ONU y de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), constituyen el núcleo de los compromisos que contraigan en la
Declaración de Compromiso de la Cumbre. Pide asimismo a cada uno de los gobiernos que
aproveche la ocasión que les brinda la Cumbre para anunciar las medidas que adoptarán en la
práctica a fin de aumentar su respaldo al sistema interamericano de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha seguido
las negociaciones que han dado lugar al proyecto de Declaración de Compromiso de la
Cumbre (3) . Además de los tres ámbitos fundamentales enumerados supra, en el proyecto de
Declaración se abordan una serie de cuestiones, como la seguridad pública y la
gobernabilidad democrática, y se remite a principios, tratados e instituciones de derechos
humanos a lo largo de sus diversas disposiciones. No obstante, a Amnistía Internacional le
preocupa que no se manifieste en él un compromiso claro y firme con respecto a la
importancia crucial de los derechos humanos a la hora de abordar los serios problemas objeto
de debate. Se debe conceder mayor importancia en el proyecto de Declaración a las
obligaciones contraídas por los gobiernos por lo que respecta a los derechos humanos y se
las debe respaldar con compromisos concretos. Amnistía Internacional insta a los gobiernos a
garantizar que se modifica el proyecto de Declaración al objeto de incluir las siguientes
recomendaciones antes de su aprobación definitiva en la Cumbre.
UNA ÉPOCA DE CRISIS ECONÓMICA
MUNDIAL
La Cumbre tiene lugar en un momento de
considerable inestabilidad económica tanto en América
como en el resto del mundo, lo que hace que sea aún
más necesario centrarse firmemente en los derechos humanos. Enfrentados a una crisis financiera
que sigue agravándose, muchos gobiernos han tomado medidas con el objeto de reforzar sus
economías. Algunos han introducido programas de estímulo económico de cientos de miles de
millones de dólares. Se han tomado medidas al objeto de tratar de estabilizar los mercados
financieros y prestar un apoyo importante al sector bancario. No obstante, existe una preocupación
real cada vez mayor por que se puedan estar dejando de lado los derechos de los miembros más
marginados y desvalidos de la sociedad mientras los gobiernos debaten y aprueban nuevas medidas
económicas. La Cumbre ofrece a los gobiernos de América la oportunidad de garantizar que a su
respuesta a la actual crisis económica mundial la guía un claro compromiso de respetar y cumplir
las obligaciones contraídas por lo que respecta a los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales y que dedican una especial atención a proteger del impacto de la crisis a los
sectores más vulnerables de la sociedad.
La premura mostrada por los países ricos a la hora de
afrontar la debacle financiera contrasta
enormemente con su lentitud y sus promesas
incumplidas en materia de ayuda, alivio de la pobreza,
derechos humanos y cambio climático. Es demasiado
pronto para prever con exactitud las dificultades que sufrirán los países y segmentos de la población
más pobres como resultado de la crisis financiera y del consiguiente empeoramiento de la situación
económica, pero es evidente que una reducción de la demanda de exportaciones a los países
desarrollados y una menor inversión extranjera comportarán un menor crecimiento y una
disminución del presupuesto que los gobiernos de los países en desarrollo dedican a protección
social y servicios sociales, ya de por si precarios. Para millones de los ciudadanos más pobres de
América, se trata literalmente de una cuestión de vida o muerte. En muchos países, a causa de la
presión ejercida por las instituciones financieras internacionales, se han desmantelado o se han
restringido las redes de protección social, dejando desprotegidas a las personas vulnerables. La
situación podría empeorar si los países ricos deciden recortar las ayudas y reducir los intercambios
comerciales como parte de su respuesta ante la crisis financiera.
No sólo los derechos económicos y sociales -incluido
el derecho a una vivienda y a atención de la salud adecuadas y a la educación- son sometidos a una
presión cada vez mayor, sino que existe también el peligro de que se cometan otras violaciones de
derechos humanos. A medida que las economías se contraigan, las personas migrantes y refugiadas
podrían enfrentarse a un aumento de la discriminación o ser devueltas a situaciones insostenibles. Si
las tensiones sociales aumentan, puede que algunos gobiernos decidan reprimir la disidencia e
imponer políticas de seguridad pública represivas. La crisis actual podría debilitar aún más a
Estados ya de por si débiles y sumirlos de nuevo en la inestabilidad y la violencia.
Amnistía Internacional insta a que en la Declaración
de Compromiso:
* Se incluya el compromiso expreso de que los
gobiernos, tanto individual como colectivamente, garantizarán que todas las medidas que se tomen
en respuesta a la actual crisis económica mundial están en plena consonancia con las obligaciones
internacionales e interamericanas de derechos humanos.
PROSPERIDAD Y DERECHOS
HUMANOS
La pobreza es una afrenta a la dignidad humana y la
peor crisis de derechos humanos del mundo. Existe en todos los países, desarrollados y en
desarrollo, y es probable que empeore debido a la recesión económica y, con el paso del tiempo, al
cambio climático. No se trata únicamente de una cuestión de falta de recursos, sino que se debe a
las decisiones y elecciones de quienes están en el poder.
En el proyecto de Declaración se señala que en
América siguen existiendo desigualdades profundas y persistentes, especialmente, por lo que se
refiere a la educación, los niveles de renta, la salud y el estado de nutrición, la exposición a la
violencia y al delito y el acceso a los servicios básicos. En virtud de las disposiciones que figuran en
este apartado del proyecto de Declaración, los gobiernos se comprometen a impulsar medidas en
una amplia variedad de cuestiones, como las condiciones laborales, el crecimiento económico, la
protección de mujeres, niños y niñas contra la explotación económica, la seguridad alimentaria, el
acceso a los servicios básicos de salud, la propagación del VIH/sida, el acceso a la educación, la
brecha tecnológica y el respeto a la diversidad cultural.
No obstante, en el proyecto de Declaración no se
abordan adecuadamente la mortalidad prevenible derivada de la maternidad ni la privación que
sufren las personas que viven en asentamientos precarios -dos claros ejemplos de incumplimiento
de las obligaciones de derechos humanos-.
Cada minuto muere una mujer en el mundo por
complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, lo que supone una tragedia desde el punto
de vista de los derechos humanos. En los países en desarrollo, las complicaciones relacionadas con
el embarazo son la principal causa de muerte de niñas de edades comprendidas entre los 15 y 19
años y de mujeres. (4) Tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, las
probabilidades de muerte o lesión evitables durante el embarazo o el parto son considerablemente
mayores entre las mujeres y las niñas que viven en la pobreza, y la discriminación por motivos de
género, raza, grupo étnico, pertenencia a una comunidad indígena, religión u otras condiciones
aumenta el riesgo de mortalidad y morbilidad maternas evitables.
En este momento, el proyecto de Declaración señala
simplemente que ha habido un progreso significativo en la reducción de la mortalidad materna en
América. Aunque, según los informes disponibles, la región ha experimentado algunos avances en
este sentido, tal afirmación puede inducir a error. Muchas mujeres que mueren por causas
relacionadas con el embarazo viven en zonas rurales aisladas, mientras que otras muchas mueren
tras abortos practicados en condiciones de riesgo. No se suele informar de estas muertes. El nivel de
acceso a información y servicios adecuados de salud sexual y reproductiva y de salud materna en
general es todavía alarmantemente bajo entre las mujeres pobres y las que viven en zonas rurales de
la región. Existen asimismo importantes barreras sociales y culturales que restringen el acceso de
las mujeres a los servicios de salud materna y que tienden a afectar de forma desproporcionada a las
mujeres que viven en la pobreza, las mujeres indígenas y las mujeres que habitan en zonas rurales.
(5)
Preocupa de igual manera que en el proyecto de
Declaración no se haga mención alguna de la cuestión, cada vez más apremiante, del derecho a la
vivienda y las desigualdades urbanas, que sigue siendo un problema persistente en la región tanto en
los países desarrollados como en los países en desarrollo. Según el Programa de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), las ciudades del mundo con mayores
desigualdades están en la región de América. En América Latina y el Caribe, el 27 por ciento de la
población urbana vivía en 2005 en lo que la ONU clasifica como asentamientos precarios. (6)
Si la pobreza constituye la peor crisis de derechos
humanos del mundo, los asentamientos precarios son su manifestación más evidente y el escenario
de múltiples violaciones de los derechos humanos. Las personas que habitan en asentamientos
precarios soportan una privación evidente de recursos y bienes, así como elevados niveles de
inseguridad a causa de la constante amenaza de la violencia ejercida por la policía o las bandas
criminales y del temor a sufrir un desalojo forzoso con un mínimo preaviso o sin él. A las personas
que viven en asentamientos precarios no sólo se les niega claramente el derecho a una vivienda
adecuada, sino que también se las priva de otros servicios básicos, como agua no contaminada,
servicios de saneamiento, atención médica y educación. También se les niega de forma sistemática
el acceso a la justicia a causa de la discriminación y la criminalización de la pobreza. Además, a las
personas que habitan en asentamientos precarios se les impide sistemáticamente que expresen su
opinión sobre los procesos y decisiones que afectan a sus vidas. Por ejemplo, no se las consulta ni
se les permite participar en los procesos de toma de decisiones sobre la mejora de sus casas o
vivienda alternativa cuando se proyecta llevar a cabo un desalojo forzoso.
A Amnistía Internacional le preocupa que en las
disposiciones del proyecto de Declaración que tratan sobre el comercio, las inversiones y el
crecimiento económico no se incorpore un enfoque basado en los derechos humanos. En el proyecto
de Declaración se afirma que las políticas de libre comercio son esenciales para lograr el
crecimiento económico que se necesita para mejorar el nivel de vida. Amnistía Internacional ha
puesto de relieve de forma reiterada que en toda América se han emprendido políticas en materia de
comercio, proyectos de inversión y operaciones empresariales que no han tenido en cuenta los
derechos humanos y han causado o han contribuido a que se cometieran graves violaciones de
derechos humanos. Existen algunos sectores de la sociedad que han estado expuestos especialmente
a estas violaciones, como es el caso de los pueblos indígenas, las mujeres y los trabajadores y
trabajadoras migrantes. Los acuerdos y las políticas en materia de comercio e inversiones deben ser
compatibles con las obligaciones de derechos humanos contraídas por los Estados.
Amnistía Internacional insta a que en la Declaración
de Compromiso:
* Se reconozca que las medidas destinadas a mejorar la
prosperidad humana deben ser compatibles con el disfrute de todos los derechos humanos y
promoverlo y se asuma el compromiso de desarrollar estrategias pertinentes con la participación
activa de las personas afectadas, de forma que se garantice el acceso a la protección de los derechos
humanos y la rendición de cuentas por los abusos cometidos contra los derechos humanos.
* Se asuma el compromiso de reducir la tasa de
mortalidad materna, garantizando que las cuotas de usuario y otros costes no impiden el acceso a la
atención primaria y otros servicios fundamentales de salud y que hay servicios obstétricos de
urgencia a disposición de todas las mujeres.
* Se asuma el compromiso de prohibir, prevenir y
poner fin a los desalojos forzosos; de garantizar que las personas que viven en asentamientos
precarios tienen acceso igualitario a servicios públicos como atención de la salud, educación, agua,
saneamiento y servicio policial, y de garantizar la participación activa de las personas que habitan
en asentamientos precarios en el desarrollo y la aplicación de soluciones que aseguren una vivienda
adecuada.
* Se asuma el compromiso de analizar
anticipativamente las posibles repercusiones de las políticas en materia de comercio e inversiones y
de actuar de forma apropiada a fin de corregir cualquier efecto negativo.
SEGURIDAD ENERGÉTICA Y DERECHOS
HUMANOS
Las políticas energéticas afectan a los derechos
humanos de muy distintas maneras. Dado que, a
menudo, la energía es cara o su disponibilidad es
inestable e impredecible, las personas que viven en la pobreza tienen con frecuencia muchas
dificultades para acceder a la energía. Los proyectos energéticos repercuten a menudo de forma
negativa en el medio ambiente, provocando deforestación, daños en las vías fluviales y
contaminación debida a gases y sustancias químicas tóxicas, que, a su vez, pueden afectar al
disfrute del derecho a la atención de la salud y a una vivienda adecuadas y al sustento. La
producción de nuevas fuentes de energía, como los biocombustibles, puede repercutir
negativamente en la disponibilidad de fuentes de alimento y al acceso a ellas. Los pueblos indígenas
y las personas que habitan en zonas rurales pueden verse expulsados de sus tierras para dejar vía
libre a la construcción de embalses, oleoductos, gaseoductos, minas o plantaciones de
biocombustibles. No se pueden pasar por alto estas y otras preocupaciones en materia de derechos
humanos. Antes de ser aprobados, todos los proyectos energéticos importantes que se vayan a llevar
a cabo en América deben ser evaluados rigurosamente a fin de calibrar la repercusión que tendrán
sobre los derechos humanos.
En toda América, las comunidades indígenas,
afrodescendientes y campesinas son especialmente vulnerables a graves violaciones de derechos
humanos asociadas a proyectos energéticos, como la prospección y producción de petróleo,
gaseoductos de gas natural y la construcción de obras hidroeléctricas que embalsan ríos e inundan
tierras tradicionales. Estos proyectos a menudo siguen adelante pese a constituir una violación del
derecho de los pueblos indígenas a la tierra y a los recursos y sin que se haga el más mínimo
esfuerzo por conseguir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos afectados. En el
proyecto de Declaración se reafirman los compromisos contraídos por los gobiernos en otras
conferencias internacionales, especialmente, las Cumbres Mundiales sobre Desarrollo Sostenible,
celebradas en 1992 y 2002, y la Declaración de Santa Cruz de la Sierra de 1996 y su Declaración de
seguimiento de 2006. (7) En estas Declaraciones se incluyeron disposiciones estrictas por lo que
respecta a los derechos de los pueblos indígenas. En la Declaración acordada en esta Cumbre, se
deben incluir de forma explícita compromisos similares.
Las instituciones financieras nacionales e
internacionales tienen la obligación de garantizar que su participación en proyectos energéticos no
ocasiona ni contribuye a que se cometan violaciones de derechos humanos. Organismos de
financiación como el Banco Interamericano y el Banco Mundial, entidades nacionales de crédito a
la exportación y otros organismos financieros participan en la financiación y respaldo de los
principales proyectos energéticos, por lo que deben asegurarse de que su intervención vela por el
cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos.
Las operaciones de empresas que invierten en
proyectos energéticos pueden llevar fácilmente a la comisión de graves violaciones de derechos
humanos. Pese a ello, la legislación que aborda las obligaciones de derechos humanos de las
empresas es, por lo general, laxa o inexistente. Las empresas y los gobiernos han hecho oídos
sordos a los llamamientos para que se lleve a cabo una reforma legislativa, abogando por enfoques
que animen a las empresas a mejorar voluntariamente su actuación en materia de derechos
humanos. El proyecto de Declaración respalda este punto de vista, exhortando a los gobiernos a que
sigan "apoyando el desarrollo e implementación de prácticas óptimas voluntarias de responsabilidad
social empresarial en el sector energético". (8)
Los enfoques voluntarios son insuficientes. Es
necesario contar con marcos jurídicos y normativos nacionales e internacionales más estrictos, que
obliguen a las empresas a rendir cuentas de sus repercusiones negativas en los derechos humanos.
Se debe incluir una mayor vigilancia por parte del Estado a nivel nacional, una regulación más
estricta por lo que se refiere a las operaciones de las
empresas en el extranjero y una mayor cooperación
internacional entre Estados para garantizar la rendición de cuentas. Además, las personas y los
pueblos cuyos derechos lesionan las empresas deben poder interponer recursos y conseguir
resarcimiento, si procede, en el Estado de origen de la empresa.
Amnistía Internacional insta a que en la Declaración
de Compromiso:
* Se incluya el compromiso de evaluar de forma
independiente el impacto de los proyectos energéticos importantes sobre los derechos humanos
antes de llevarlos a cabo y abordar con transparencia las preocupaciones que surjan de tales
evaluaciones antes de aprobar los proyectos.
* Se reconozca la estrecha relación de los pueblos
indígenas con sus tierras, consideradas como la base fundamental de su cultura, vida espiritual,
integridad, supervivencia económica y conservación y transmisión a las generaciones futuras, y se
asuma el compromiso de garantizar que el desarrollo energético no afecta negativamente a los
derechos de los pueblos indígenas, sobre todo, al derecho al consentimiento libre, previo e
informado.
* Se pida a los organismos de financiación, como el
Banco Interamericano, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Mundial y las entidades
nacionales de crédito a la exportación, que evalúen los proyectos energéticos importantes mediante
un marco de derechos humanos y aborden las deficiencias antes de autorizar la financiación.
* Se asuma el compromiso de aprobar leyes y políticas
que a) eviten, mediante una regulación efectiva, que las empresas dañen los derechos humanos, b)
hagan rendir cuentas a las corporaciones y entidades empresariales por sus repercusiones negativas
en los derechos humanos y c) garanticen que las víctimas de violaciones de derechos humanos
relacionadas con la actividad empresarial tengan acceso a la justicia.
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL MEDIANTE UN MARCO DE DERECHOS HUMANOS
En el proyecto de Declaración, los gobiernos se
comprometen a tomar medidas a fin de afrontar la cuestión del cambio climático. Éste representa un
grave peligro para el disfrute de muchos derechos humanos, como el derecho a la alimentación, al
agua, a una vivienda y a atención de salud adecuadas, a la cultura, al sustento y a la vida. En
resumen, es esencial para la protección de los derechos humanos que los gobiernos tomen medidas
concretas para prevenir el cambio climático irreversible. Las medidas que se tomen para abordar la
cuestión del cambio climático deben ajustarse a las obligaciones internacionales de derechos
humanos contraídas por los gobiernos.
Grupos marginados, como los pueblos indígenas, las
comunidades rurales y las personas que viven en la pobreza, podrían ser especialmente vulnerables
no sólo a las consecuencias del cambio climático en sí, sino también a los efectos de las medidas de
paliación y adaptación a él. Los programas de conservación de los bosques y de biocombustibles,
por poner un ejemplo, se deben evaluar de antemano para calibrar sus posibles repercusiones sobre
los derechos humanos. Si se prevé que determinadas políticas en materia de cambio climático
podrían llevar a que se cometieran violaciones de derechos humanos, puede que sea necesario
modificarlas o desestimarlas.
En el proyecto de Declaración se pide una "revisión
completa de los impactos potenciales que tendría el cambio climático en cada una de las naciones
de las Américas" y la formulación de "Planes de Acción para el manejo y la adaptación a estos
impactos, con especial atención a las necesidades de las personas que podrían ser desplazadas o
perder sus medios de subsistencia". Toda revisión y planes de acción de esa índole deben prestar
especial atención al impacto del cambio climático sobre los derechos humanos.
Amnistía Internacional insta a que en la Declaración
de Compromiso:
* Se incluya un enfoque firme basado en los derechos
humanos para la revisión completa de los impactos potenciales que tendría el cambio climático en
cada una de las naciones de América y se exhorte a los Estados a tomar medidas concretas para
afrontar estas consecuencias y prevenir el cambio climático irreversible.
TRAZAR UN CAMINO HACIA LA
SEGURIDAD PÚBLICA BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS
El enfoque adoptado por muchos gobiernos de
América hacia la protección de la seguridad pública ha llevado, directa o indirectamente, a que se
cometan graves violaciones de derechos humanos, entre otras, ejecuciones extrajudiciales, tortura,
desapariciones forzadas, detención arbitraria y juicios sin las debidas garantías procesales. Estas
cuestiones se han puesto intensamente de manifiesto durante los últimos siete años a causa de las
violaciones generalizadas de derechos humanos asociadas a la respuesta del gobierno
estadounidense ante los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. No obstante, los motivos
de preocupación no se limitan, de ninguna manera, al gobierno de Estados Unidos ni a las medidas
que adoptan los gobiernos para luchar contra las amenazas terroristas.
Gobiernos de todo el hemisferio sostienen que las
medidas que adoptan son necesarias para combatir el terrorismo, hacer frente a los grupos
guerrilleros o responder a la violencia de las bandas y de la delincuencia organizada. Amnistía
Internacional ha destacado, sin embargo, que los esfuerzos por reforzar la seguridad pública,
independientemente de la índole de las amenazas a las que se tiene que enfrentar un gobierno, deben
respetar el derecho internacional. Cometer o permitir que se cometan violaciones de derechos
humanos en nombre de la seguridad contribuye a que, a la larga, aumente la inseguridad.
La Cumbre se celebrará en un momento de cambio
importante por lo que respecta a estas preocupaciones. En Estados Unidos, el presidente
Barack Obama ha señalado que abordará muchas de las graves violaciones de derechos
humanos que han ocurrido como parte de la denominada "guerra contra el terror". Se ha
comprometido a clausurar el tristemente célebre centro de detención de Guantánamo y se ha
opuesto a que los funcionarios estadounidenses hagan uso de la tortura. Estos cambios deben
impulsar a otros gobiernos a garantizar que no se tratará de conseguir la seguridad ciudadana a costa
de los derechos humanos.
En el proyecto de Declaración se señala que los
esfuerzos para prevenir y combatir el terrorismo deben respetar "el derecho internacional, incluidos
el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el
derecho internacional de los refugiados". (9) Asimismo, en un párrafo propuesto que trata sobre "el
problema mundial de las drogas" se reconoce que estos esfuerzos deben llevarse a cabo "en el
marco del respeto a los derechos humanos". (10) No obstante, en una propuesta de párrafo sobre la
delincuencia organizada transnacional no se reconocen explícitamente las obligaciones de derechos
humanos. Debe reconocerse de forma sistemática que las leyes y políticas en materia de seguridad
pública deben respetar plenamente las obligaciones de derechos humanos. Los gobiernos deben
adoptar en el plano regional y nacional medidas concretas que fortalezcan la protección de los
derechos humanos en sus leyes y prácticas en materia de seguridad pública, sobre todo,
garantizando la plena rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas.
En América y en el resto del mundo, una grave
amenaza a la seguridad pública y a la protección de los derechos humanos es constituye el comercio
no regulado de armas pequeñas y ligeras. Conjuntamente con organizaciones de todas las partes de
América y del resto del mundo, Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos que elaboren un
tratado efectivo y aplicable a nivel mundial que regule este comercio letal, con disposiciones en las
que se prohíban las transferencias de armas o municiones, equipamiento militar o asistencia técnica
a lugares donde exista un riesgo importante de que se usen para cometer graves violaciones del
derecho internacional humanitario o de los derechos humanos o para agravar la pobreza, socavar el
desarrollo sostenible o contribuir a que la violencia armada se extienda por todas partes. Se han
hecho progresos importantes hacia la consecución de este objetivo. El Grupo de Trabajo de
Composición Abierta de la ONU sobre el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas debe
seguir trabajando en pro de un tratado efectivo y de aplicación mundial que respete plenamente el
derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Amnistía Internacional insta a que en la Declaración
de Compromiso:
* Se exhorte a los gobiernos a revisar todas las leyes y
políticas en materia de seguridad pública para identificar las reformas que es necesario realizar a fin
de garantizar que cumplen plenamente las obligaciones contraídas en virtud del derecho
internacional humanitario y de los derechos humanos.
* Se pida a los gobiernos que pongan a disposición
judicial a las personas acusadas de cometer violaciones de derechos humanos como parte de
operaciones de seguridad pública.
* Se garantice que el Grupo de Trabajo de
Composición Abierta de la ONU sobre el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas hace
progresos importantes hacia la negociación de un Tratado sobre el Comercio de Armas efectivo y de
aplicación mundial que respete plenamente el derecho internacional humanitario y de los derechos
humanos.
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
REFORZADA
En el proyecto de Declaración se señala que todas
"nuestras aspiraciones y metas para las Américas
dependen de democracias sólidas, la buena gestión
pública, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales".
(11) Sin embargo, en toda América, garantizar el respeto a los derechos humanos sigue siendo un
desafío importante. Todavía queda un largo camino por recorrer por lo que respecta a la lucha para
proteger a las mujeres contra la violencia y la discriminación. El racismo sigue siendo un problema
manifiesto en todos los países de América. En muchos lugares de América, las personas lesbianas,
gays, bisexuales y transgénero son objeto de hostigamiento, violencia y otras formas de
discriminación, que sigue estando institucionalizada en la ley o justificada en la práctica por muchos
países. La intensificación de la pobreza sigue incitando a la comisión de violaciones de derechos
humanos, y las instituciones y legislaciones nacionales para la protección de los derechos son, a
menudo, inexistentes o inadecuadas. En demasiados países, las personas que comenten violaciones
de derechos humanos no rinden cuentas de sus crímenes. Por todo el hemisferio, las personas que
están en primera línea para promover la protección de los derechos humanos, los defensores y
defensoras de los derechos humanos, siguen afrontando violencia, amenazas y humillaciones.
Los gobiernos deben comprometerse a tomar medidas
significativas a fin de promover y garantizar el respeto por los derechos humanos en América.
Ninguno de los tratados de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) ha sido aprobado por todos los Estados de la región, y en general son pocos los países que
los han ratificado. Sólo dos tratados regionales -la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y la Convención que trata sobre la violencia contra la mujer- han sido ratificados por más
de la mitad de los miembros de la OEA.
La integral Convención Americana sobre Derechos
Humanos no ha sido ratificada por nueve de los Estados miembros y un décimo se ha retractado de
su ratificación. Estos mismos países se cuentan entre los 13 que no reconocen la jurisdicción de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (12)
Canadá y Estados Unidos no han ratificado ninguno
de los siete tratados y protocolos interamericanos sobre derechos humanos fundamentales, a saber,
los que tratan sobre los derechos económicos, sociales y culturales, la pena de muerte, la tortura, las
desapariciones forzadas y la discapacidad, más la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es el único tratado del mundo que aborda
específicamente la cuestión de la violencia contra la mujer.
En el seno de la OEA se está trabajando en la
elaboración de una serie de nuevos e importantes instrumentos de derechos humanos. El proyecto
de Declaración da su respaldo a los esfuerzos que se están realizando a fin de concluir la Carta
Social de las Américas, (13) la Convención Interamericana contra el Racismo13 y la Declaración
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. (14) No se hace mención, sin embargo, de
la iniciativa relativa a una declaración sobre los derechos humanos de las personas detenidas y
recluidas.
Asimismo, muchos Estados de América han tardado
en dar su respaldo a una serie de instrumentos de derechos humanos de la ONU, especialmente el
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que no han ratificado aún 13 Estados de la
región, (15) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
que se aprobó con la oposición de Canadá y Estados Unidos y la abstención de Colombia.
En diciembre de 2008, la ONU aprobó el Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, que permite a las
personas interponer denuncias en el plano internacional por violaciones de los derechos reconocidos
en el Pacto. El Protocolo Facultativo estará pronto abierto a la firma, y en esta Cumbre se debe
hacer un llamamiento vehemente a los gobiernos para que lo ratifiquen.
Los gobiernos pueden hacer muchas cosas a fin de
mejorar el sistema interamericano de derechos humanos. Se debe respaldar la positiva propuesta
que figura en el proyecto de Declaración de crear el Fondo de Asistencia Legal. (16) También se
incluye en él el compromiso de fortalecer el mecanismo establecido para garantizar la aplicación de
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. (17)
No obstante, no se hace referencia al grupo de trabajo establecido para analizar los informes
periódicos de los Estados Partes en el Protocolo de San Salvador. Además, se debe reforzar el papel
de la sociedad civil en estos dos órganos. Existe también una necesidad apremiante de que los
gobiernos pongan en práctica estrategias concretas para promover la labor de los defensores y
defensoras de los derechos humanos y garantizar su seguridad.
En el proyecto de Declaración figura el importante
compromiso de integrar una perspectiva de género en las leyes y políticas regionales y nacionales.
(18) Amnistía Internacional ha puesto de relieve los alarmantes niveles de violencia y discriminación
a los que se enfrentan las mujeres en la región. En el proyecto de Declaración se deben reconocer
las amenazas específicas a la vida y la seguridad de las mujeres en toda América.
Amnistía Internacional insta a que en la Declaración
de Compromiso:
* Se exhorte a los gobiernos a ratificar todos los
tratados interamericanos de derechos humanos y a fijarse como objetivo la ratificación universal
antes de la celebración de la próxima Cumbre de las Américas.
* Se exhorte a los gobiernos a ratificar los principales
tratados de la ONU de derechos humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo y a aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
* Se reconozca que las mujeres indígenas de América
afrontan elevados niveles de violencia y discriminación y se incluya el compromiso de trabajar con
las organizaciones indígenas de mujeres a fin de diseñar estrategias nacionales para promover y
respetar los derechos de las mujeres indígenas.
* Se exhorte a los gobiernos a revisar y revocar o
reformar toda ley que pueda dar lugar a discriminación, procesamiento y sanción de personas a
causa, únicamente, de su orientación sexual o su identidad de género, entre otras las leyes que
tipifiquen explícitamente como delito las conductas sexuales consentidas entre adultos del mismo
sexo, leyes discriminatorias relativas a la edad de consentimiento y las disposiciones y leyes en
materia de orden público que prohíban la "promoción" de la homosexualidad.
* Se asuma el compromiso de fortalecer la
participación efectiva de la sociedad civil en el mecanismo de seguimiento de la aplicación de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y en
el Grupo de Trabajo para analizar los informes periódicos de los Estados Partes en el Protocolo de
San Salvador.
* Se exhorte a los gobiernos a ratificar el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional y a promulgar leyes para su aplicación.
* Se inste a los gobiernos a reconocer la jurisdicción de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a aprobar leyes y políticas que garanticen el pleno
acatamiento de las decisiones de la Corte.
* Se asuma el compromiso de iniciar negociaciones
que conduzcan a la elaboración de la Declaración Interamericana sobre los derechos, deberes y la
atención de las personas sometidas a cualquier forma de detención y reclusión.
* Se exhorte a los gobiernos a aprobar planes de acción
nacionales para impulsar la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos,
respaldados por estrategias concretas para garantizar su protección.
III. Consideraciones finales
Reiteramos nuestro profundo compromiso con la
defensa de los derechos humanos. Como dijera recientemente la Presidenta de los argentinos (19)
:
"Quería saludarlos a todos ustedes y
además, ante la sociedad, darle visibilidad a una política y a un problema en el cual están
comprometidos todos los gobiernos y que debemos necesariamente darle mayor densidad
social para poder combatirlo con éxito, porque sino, transcurre casi en encuentros que
tienen que ver con lo académico, con lo institucional, con lo instrumental.
Necesitamos, como en todos los grandes
combates que hay que dar y que ha dado la humanidad en la vida contra grandes flagelos,
la activa participación y compromiso de toda la sociedad y para eso la sociedad tiene que
estar viendo lo que se está haciendo y sabiendo también lo que está pasando,
colaborando activamente en construir políticas que ayuden, reitero, no sé si a hacer
desaparecer el problema, pero sí, por lo menos, a reducir el impacto que significa la
violación de los derechos humanos de mujeres, de menores de edad o en situaciones
francamente muchas veces inimaginables, porque todos tenemos una fértil imaginación,
sobre todo, cuando está vinculada a determinados temas.
Cuando uno escucha algunos relatos o
algunas experiencias de las personas que han sido recuperadas luego de una vida de
esclavitud, advierte hasta qué punto la condición humana puede ser la peor enemiga de la
dignidad humana.
Entonces, quiero agradecerles a todos
ustedes la presencia aquí, en nuestra querida Ciudad de Buenos Aires, en nuestra querida
República Argentina, e invitarlos a seguir trabajando con mucho ahínco, con mucho
compromiso en esto que es una tarea que viene desde el fondo de los tiempos, porque
luchadores contra la esclavitud, tal vez contra esclavitudes más masivas basadas en el
color de la piel o en el origen étnico o religioso, existen desde el fondo de los tiempos.
Lo cierto es que hemos ido reduciendo a
los sujetos y esto creo que sí es un avance importante en la historia de la humanidad pero
como siempre digo, cuando se logra una cosa suelen aparecer otras y cada vez se corre
un poquito la meta para poder vivir en un mundo que soñemos podamos llegar algún día
en donde la violación de los derechos humanos sea solo una experiencia mínima y tal vez
no vivible.
Pero, reitero, quiero decirles con mucha
orgullo, con mucha pasión, con mucho compromiso en la tarea que ustedes hacen, que
hay que seguir trabajando, hay que seguir haciéndolo con la esperanza y con la convicción
de que podemos cambiar las cosas.
Cada persona que recuperemos, cada
mujer o cada menor al que podamos sustraer a esa vida -si es que se le puede denominar
vida, de algún modo hay que llamarla- es una victoria que se hace en la lucha permanente
por los derechos humanos que viene desde el fondo de la humanidad y que seguramente,
seguirá durante mucho tiempo más".
Por todo ello solicitamos la aprobación de este
proyecto de declaración.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| MORANTE, ANTONIO ARNALDO MARIA | CHACO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Primera Competencia) |