El Senado y Cámara de Diputados...

Acceso a la Información Pública

Artículo 1°.- DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Toda persona tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información completa, veraz y oportuna del sector público nacional, con sujeción a las disposiciones establecidas en esta ley.

La información en poder del sector público nacional se considera como un bien público y accesible a cualquier persona física o jurídica que lo solicite.

Artículo 2°.- SUJETOS OBLIGADOS. Están obligados a brindar la información que les fuera solicitada, sin perjuicio de otros sujetos:

1. la administración central y descentralizada de los poderes del Estado;

2. los entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado;

3. las sociedades con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación en el capital, o en la formación de las decisiones societarias;

4. los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional;

5. el Poder Legislativo;

6. el Poder Judicial, en cuanto a su actividad administrativa;

7. las Fuerzas Amadas, de seguridad y/o policiales;

8. la Auditoria General de la Nación;

9. el Defensor del Pueblo;

10. las empresas privadas a las que se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual la prestación de un servicio público o la explotación de un bien de dominio público.

Artículo 3°.- PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. Todas las actividades de los órganos comprendidos en esta ley están sometidas al principio de publicidad de sus actos. Los funcionarios responsables deben prever una adecuada organización, sistematización y publicación de la información a la que se refiere la presente y aquélla que se produjeran en las áreas a su cargo.

Artículo 4°.- EXHIBICIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Las oficinas de atención al público correspondientes a los sujetos obligados mencionados en el artículo 2º, deben exhibir en lugar visible la presente ley de acceso a la información.

Artículo 5°.- MATERIAS EXCLUIDAS. Los sujetos obligados por la presente ley sólo pueden exceptuarse de proveer información cuando la misma sea calificada como información reservada.

Artículo 6°.- INFORMACIÓN RESERVADA. A los efectos de la presente se entiende por información reservada a aquélla calificada como tal por una ley, decreto o resolución ministerial sobre la base de razones actuales consideradas estrictamente, en materia de:

a) defensa o seguridad nacional, referida a cuestiones que puedan afectar la vida o la seguridad de los ciudadanos. El secreto en ningún caso puede alcanzar a la información sobre las políticas de defensa;

b) información sobre la política tributaria que pudiera generar maniobras de especulación en provecho de personas o sectores, afectando la eficacia de las medidas o intereses públicos y/o económicos de los ciudadanos;

c) secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos que pertenezcan a un órgano de la administración pública que tengan un valor sustancial, o sea razonable esperar que lo tuviere, y cuya revelación perjudique la competitividad, o lesione los intereses de la Nación Argentina, o su capacidad de conducción de la economía o resulte de un beneficio indebido para quien reciba la información;

d) derechos o intereses legítimos de un tercero cuando se tratare de secretos industriales, financieros, comerciales, científicos o tecnológicos suministrados a un ente u organismo estatal en la confianza de que no serían revelados;

e) información referida a datos personales de carácter sensible, en los términos de la ley de Protección de los Datos Personales, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que se refiere la información solicitada;

f) cuando pudiere ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona.

La información clasificada como reservada es accesible al público cuando concurriere un interés superior que así lo justifique. También en los casos en los cuales la misma sea solicitada por un juez de la Nación y resulte necesaria para la resolución de la causa. En ningún caso el acceso a dicha información implica la desclasificación de la misma como reservada.

Artículo 7°.- PLAZO DE DURACION DE LA CLASIFICACION. Clasificada una información como reservada, se deben establecer las razones que fundamentan tal clasificación y una fecha o evento en el cual la información será de acceso público. A tal fin se deben extremar medidas tendientes a su correcta preservación. Ninguna información puede mantenerse en secreto por más de diez (10) años de la fecha de la decisión que la califica como reservada.

En el caso de que las causales que dieron origen a la clasificación de la información como reservada hubieran cesado, la información será de libre acceso, habiéndose vencido o no el plazo establecido en el acto administrativo o ley que la determinó.

Artículo 8°.- EXCEPCION. Se puede extender la clasificación o recalificar una información específica, si se mantienen las causales que dieron lugar a la misma. El plazo de la nueva clasificación no puede exceder los diez años.

Artículo 9°.- INFORMACIÓN PARCIALMENTE RESERVADA. En caso que exista un documento que contenga en forma parcial información cuyo acceso esté limitado conforme a los términos de la presente ley, debe suministrarse el resto de la información solicitada.

Artículo 10.- ALCANCES. El Estado debe proveer la información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por el órgano requerido que se encuentre en su posesión y bajo su control.

El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, a excepción de la información que el Estado se obligó a producir en virtud de tratados internacionales o leyes nacionales.

Artículo 11.- PROCEDIMIENTO. La solicitud de información debe ser realizada por escrito ante el área u organismo correspondiente, con la identificación del peticionante y el tipo de información solicitada, sin estar sujeta a ninguna otra formalidad. No puede exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria.

Artículo 12.- PRINCIPIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN. La información requerida a los organismos nacionales mencionados en la presente ley desde los distintos distritos del país puede ser presentada en cualquier órgano administrativo local. A tal efecto, las administraciones públicas celebrarán convenios de colaboración a fin de que se implementen sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen la compatibilidad informática y la transmisión de los asientos.

Asimismo, cuando un organismo reciba una solicitud de información que se encuentre bajo el control o posesión de otro organismo, el receptor puede transferírsela a dicho organismo, y debe notificar al requeriente al respecto.

Artículo 13.- PLAZO DE ENTREGA. Toda solicitud de información requerida debe ser satisfecha en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles administrativos. El plazo se puede prorrogar, en forma excepcional, por otros diez (10) días hábiles administrativos si mediaren circunstancias que imposibiliten reunir la información solicitada en el plazo previsto.

Artículo 14.- RESPONSABLES. Es responsable de brindar la información solicitada el sujeto titular del cargo jerárquicamente superior dentro del organismo en donde recaiga la obligación.

En caso que el responsable obstruyere el acceso del peticionante a la información solicitada u obstaculice de cualquier modo la aplicación de la presente ley, incurrirá en falta grave a sus deberes, sin perjuicio de las sanciones que pudiera caberle conforme lo establecido en los códigos Civil y Penal de la Nación.

Artículo 15.- ORGANO DE APLICACIÓN. Se establece como órgano de aplicación de la presente ley al Defensor del Pueblo de la Nación, quien actúa de oficio o a petición del interesado toda vez que el derecho de libre acceso a la información pública sea violado o restringido.

Artículo 16.- ARCHIVOS DOCUMENTALES. El Estado se abstendrá de contratar la explotación privada de sus fuentes documentales y se arbitrarán los medios necesarios a fin de implementar los archivos correspondientes para cumplimentar la presente ley.

Artículo 17.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La participación ciudadana resulta un componente esencial para el sistema democrático de gobierno que debe ser alentado desde las instituciones mediante mecanismos legales como los que propicia este proyecto.

Importa destacar que la participación no se limita a la compulsa electoral sino que también debe extenderse al control de los órganos del Estado.

La presente ley tiene por objeto facilitar el acceso de la ciudadanía a toda información que atañe al funcionamiento institucional, entendiendo el derecho de acceder a la información pública como un instrumento esencial para el ejercicio de otros derechos, especialmente como herramienta de contralor de los poderes del Estado y como presupuesto indispensable para el ejercicio responsable de institutos de participación como la iniciativa legislativa popular, la consulta popular, audiencia pública, entre otros.

En un sistema de gobierno democrático es imprescindible que los ciudadanos cuenten con la información necesaria para tomar decisiones trascendentes, entre ellas elegir a sus representantes.

El acceso a la información pública posibilita a las personas opinar con datos concretos y sustentar sus opciones con documentación, es decir con propiedad y veracidad, contribuyendo al debate público que es garantía esencial del sistema democrático.

El acceso a la información pública es un derecho que encuentra basamento en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de publicidad de los actos de gobierno.

La normativa propuesta persigue operativizar la obligación constitucional del Estado nacional de informar sobre los actos de gobierno. El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole...".

Sin perjuicio de la necesidad ciudadana de contar con medios de acceso a la información a fin de formar opinión y controlar la gestión estatal, también este derecho puede constituir un fin en sí mismo. Así, en "El acceso a la información como derecho" (Víctor Abramovich / Christian Courtis) se dice: "También puede verificarse el reclamo de la información en sí misma. En estos casos la información reclamada no tiene carácter instrumental, sino que el derecho se satisface con la obtención de los datos en cuestión. Uno de los desarrollos más recientes en materia de investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la pasada dictadura consiste en la conceptualización del llamado 'derecho a la verdad', es decir el derecho de familiares de personas desaparecidas a conocer el destino de éstas, independientemente de las posibilidades de persecución penal. Como se ve, el objeto fundamental del reclamo se centra en la obtención de datos relativos a la conducta estatal. La Cámara Federal y Correccional de la Capital Federal abrió esta vía con algunas resoluciones dictadas en la causa 'ESMA', y confirmó esta línea en materia procesal en la causa 'LOIS', aceptación de una medida cautelar para impedir la demolición de la 'ESMA', con el objeto de preservar posibles fuentes de prueba. En un sentido similar se ha pronunciado la Cámara Federal de La Plata. También la Corte Suprema de Justicia ha reconocido, aunque por vía de extensión de los datos personales a familiares directos, este derecho en la causa 'Urteaga'. La Comisión Interamericana ha ido más lejos en su alegato ante la Corte en el caso 'Castillo Paéz', en el que señala la violación al derecho a la verdad y a la información, debido al desinterés del Estado para esclarecer los hechos que dan lugar a este caso".

El proyecto que se propicia reconoce una amplia legitimación activa para el ejercicio del derecho a la información a "toda persona". Asimismo, establece que no puede exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria, ya que se considera como principio que la información es un bien público y accesible a cualquier persona física o jurídica que la solicite.

El Estado tiene obligación de suministrar toda la información que se encuentra en poder de los sujetos obligados mencionados en forma enunciativa en el artículo 2° del presente proyecto de ley. La denegatoria a suministrar la información solicitada sólo puede proceder en los casos de tratarse de información reservada, debiendo ser calificada como tal por ley, decreto o resolución sobre la base de las razones mencionadas en forma taxativa en el presente proyecto.

A los fines de la presente ley la información es aquélla contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato. El principio general es que el órgano estatal no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo en los casos en que el Estado se obligó en virtud de tratados internacionales u otras leyes. Así, se puede mencionar el artículo 42 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 41 de la Constitución Nacional, entre otras normas que establecen la obligación de producir información.

Generalmente se utiliza como modo de impedir el acceso a la información la dilación de la respuesta, por tal motivo se incluye un artículo en el cual se establece que toda solicitud de información debe ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles administrativos, prorrogables otros diez si mediaren circunstancias que hicieran de imposible cumplimento reunir la información solicitada en el primer plazo establecido.

Asimismo, la solicitud de información no puede estar sujeta a ninguna otra formalidad que no sea su presentación por escrito. También se prevé que la solicitud de información que provenga de los distintos distritos del país pueda presentarse en cualquier órgano administrativo local, a fin de posibilitar a los ciudadanos el ejercicio del derecho.

En virtud de todo lo expuesto, y en el entendimiento de que la consagración efectiva del derecho a acceder a la información pública es constitutivo de la democracia, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.