La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la presencia del Señor Secretario de Comunicación, Alfredo Scoccimarro, para que brinde informes verbales y las explicaciones pertinentes respecto de los fondos asignados durante el primer semestre de 2012 por el Gobierno Nacional en concepto de publicidad oficial. En particular, solicito que brinde la siguiente información:

1. Los montos asignados a las empresas Rock Argentina SA y WSM SA durante el período mencionado;

2. Los criterios objetivos utilizados por la Secretaría de Medios de Comunicación para la distribución de publicidad oficial entre diferentes medios y empresas de medios de comunicación;

3. Las razones que fundamentaron la distribución de publicidad oficial por parte del Poder Ejecutivo Nacional a las empresas Rock Argentina SA y WSM SA;

4. Antecedentes informados por las empresas mencionadas para la obtención de fondos del Estado Nacional en concepto de publicidad oficial;

5. Las razones que justifican un aumento en los montos asignados a Rock Argentina SA y WSM SA desde el segundo semestre de 2011 al primer semestre 2012.

6. Los nombres de las personas que componen el directorio de Rock Argentina SA y WSM SA;

Señor presidente:

Señor Presidente: La distribución de la publicidad oficial ha sido siempre un recurso utilizado por los gobiernos para favorecer a algunos medios y "castigar" a aquellos que tienen una línea editorial más crítica a las políticas oficiales. El Estado nacional destina millones de pesos a este concepto y el control sobre estos gastos es nulo. La información que se publica en la página web de la Jefatura de Gabinete no es ni completa ni oportuna, al mismo tiempo que, desde el Poder Ejecutivo Nacional, no se responden los pedidos de informes que diferentes diputados/as hemos realizado sobre este tema en reiteradas oportunidades.

En los últimos años hemos sido testigos de un recrudecimiento del manejo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno nacional. Las razones por las cuales se favorecen ciertos medios en detrimento de otros no parecieran responder a cuestiones objetivas -como el grado de tiraje y circulación- sino a vínculos "estratégicos" del gobierno con cierto empresariado amigo, que utiliza los medios de comunicación como plataforma de propaganda política.

Según la reciente información publicada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, otro dato que vuelve a repetirse como en anteriores oportunidades es el beneficio que se les otorga a empresarios cercanos al gobierno que, entre otros muchos negocios, cuentan con medios de comunicación. Entre los principales beneficiarios se encuentran el Grupo Szpolski, el Grupo Vila Manzano y el de Cristóbal López (luego de la compra a Daniel Hadad de todos sus medios). Sin embargo, como novedad se encuentra la suma millonaria a dos empresas de publicidad en la vía pública: Rock Argentina SA y WSM SA. Lo más alarmante -además de que de un semestre a otro, según información oficial, se duplicaron los fondos que les fueron otorgados- es que ambas están vinculadas con el Vicepresidente de la Nación, Lic. Amado Boudou, actualmente investigado por la Justicia por un caso de corrupción.

Según información periodística, el empresario Juan Carlos López integra el directorio de Rock Argentina SA y de WSM SA. Pero no lo hace solo: en la primera de ellas, también lo hace con Ignacio Danuzzo Iturraspe, abogado del Nuñez Carmona, socio de Boudou en un importantísimo número de negocios y emprendimientos. Por otra parte, en WSM SA se desempeña la hermana de este último, Leticia Nuñez. Al mismo tiempo, López es también presidente de Inversiones Inmobiliarias Aspen SA, una de las empresas declaradas como propias por Amado Boudou ante la Oficina Anticorrupción. Es dueño también de esta empresa José María Nuñez Carmona.

De corroborarse la información acerca de que el Estado nacional ha entregado millones de pesos en concepto de publicidad oficial a empresas vinculadas con el Vicepresidente se estaría frente a un grave delito, posible por la falta absoluta de controles sobre cómo el gobierno distribuye el dinero público.

La necesidad de transparentar la distribución de pauta oficial ha sido no sólo expuesta en reiteradas oportunidades por diferentes legisladores y organizaciones no gubernamentales. Es la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación la que, en 2011, volvió a pronunciarse sobre este tema en el fallo "Editorial Perfil SA y otro contra Estado Nacional, Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Medios de Comunicación". En dicho fallo, el máximo tribunal entiende que el Estado no puede utilizar criterios discriminatorios en la distribución de la pauta oficial y que debe haber un relativo y razonable equilibrio entre las publicaciones como forma de garantizar la libertad de expresión.

La publicidad oficial debe ser entendida como una forma de publicitar los actos de gobierno y no de favorecer con sumas millonarias a aquellos que tienen una línea editorial afín y mucho menos como medio para negocios espurios.

La gravedad de los hechos publicados en los medios periodísticos y la falta reiterada de respuestas a los pedidos de informes que se le han hecho Poder Ejecutivo Nacional obliga a solicitar la presencia del Señor Secretario de Medios, Alfredo Scoccimarro, a que brinde un informe verbal ante los y las diputados/as sobre la distribución de pauta oficial, los criterios utilizados y la posibilidad de haber entregado sumas millonarias a empresas vinculadas con el Lic. Amado Boudou.

Por todo lo expuesto solicito a mis colegas que me acompañen en la sanción de este pedido de informes.