La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio y preocupación por la negativa del Gobierno Nacional a brindar información sobre los gastos que el Estado Nacional ejecuta en materia de publicidad oficial, a la Fundación Poder Ciudadano y a la Asociación por los Derechos Civiles, en el marco del Decreto 1172/03 que garantiza a la ciudadanía el acceso a la información pública.

Señor presidente:

Diversos medios periodísticos difundieron una denuncia de las organizaciones no gubernamentales Fundación Poder Ciudadano y Asociación por los Derechos Civiles, que da cuenta de la negativa del Poder Ejecutivo Nacional de brindar información sobre los gastos totales del gobierno en materia de publicidad oficial durante el segundo semestre de 2009.

La respuesta por parte del Jefatura de Gabinete de Ministros decía que "...la información solicitada refiere a personas de existencia ideal..." y por ende les es aplicable la garantías previstas por la ley 25.326, de protección de datos personales.

Desde hace años, el Gobierno Nacional brinda información a ambas organizaciones. Este año se las negó, lo que produjo que la Asociación por los Derechos Civiles presentara una medida judicial en respuesta a la decisión gubernamental.

La organización explica los objetivos perseguidos en su solicitud, mediante una nota de opinión publicada en el Diario La Nación, por la Directora del Programa Libertad de Expresión, Eleonora Rabinovich quien sostiene que "....hemos solicitado datos sobre publicidad oficial a la Secretaria de Medios de Comunicación (...) y concentra la mayor parte del manejo de la pauta a nivel nacional. Nos impulsaban las sospechas y acusaciones sobre el manejo arbitrario de estos fondos del Gobierno".

De igual forma la controversia en torno al acceso a la información pública fue ratificada a propósito de la concurrencia de dicha organización a la reunión ordinaria que la Comisión de Libertad de Expresión realizara el día 25 de marzo de 2010.

Es tanto la Fundación Poder Ciudadano, también relató ante la presencia de los Diputados Nacionales integrantes de la Comisión de Libertad de Expresión reunidos el mismo 25 de marzo, la negativa que el Ejecutivo ha tenido para con su organización ante la solicitud de información sobre los usos de los recursos en publicidad oficial.

Lo paradojal resulta, en este caso, que esta Ong. contaba incluso con una aplicación desde su página web www.poderciudadano.org.ar, denominada como "Base de Datos de Publicidad Oficial", en la que publicaba toda la información que la Jefatura de Gabinete de Ministros le enviaba referida a los usos de los recursos en publicidad oficial hasta el año pasado.

Si bien esta negativa a brindar información pública a la Asociación por los Derechos Civiles y a la Fundación Poder Ciudadano por parte del Ejecutivo es la primera vez que ocurre, deben generarse todas las actuaciones que correspondan de manera de evitar que la situación vuelva a repetirse.

La negación al acceso a la información pública constituye una flagrante violación al derecho de información. Si los ciudadanos no tienen acceso a la información que por derecho propio les asiste, si no pueden acceder a ella a través de este Congreso, y tampoco pueden acceder a través de las organizaciones de la sociedad civil entonces, ¿Qué otro mecanismo podemos utilizar para salvaguardar nuestros derechos y poder ejercerlos plenamente en nuestro sistema democrático?

Resulta en consecuencia un contra sentido la decisión gubernamental de negarse a proveer información pública. Se les responde a las organizaciones que no se les van a brindar la información porque la misma reúne datos privados de empresas que pueden ver lesionados sus intereses particulares. Pues bien, el contra sentido se produce toda vez que, durante la sanción de la ley de medios audiovisuales 26522, el mismo oficialismo incorporó en el artículo 72 la obligatoriedad para las empresas de difundir los recursos que recibían por publicidad oficial, sin considerar entonces que lesionaban ningún interés.

Más aún, numerosos diputados consideramos que era importante adicionarle un capítulo a aquella ley, que contuviera parámetros claros para la distribución de recursos públicos utilizados para la pauta oficial, postura sistemáticamente desatendida entonces.

Consideramos prioritario para hablar de una política de medios para el país, reglamentar la pauta de publicidad oficial a través de la sanción de una ley en la materia.

Por supuesto también consideramos prioritario la sanción de una ley de acceso a la información pública, ambas normas evitarían que desde el Poder Ejecutivo Nacional se responda en forma antojadiza toda vez que se solicita información pública sobre la utilización de los recursos públicos, a la vez de evitar que se vulnere el derecho de acceso a la información y de los principios constitucionales, garantizando la independencia de los poderes.

Es necesario que nuestras instituciones funcionen decidida y eficazmente para garantizar el acceso a la información pública en nuestro país.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en este proyecto.