La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos que considere pertinentes, informe a esta Honorable Cámara de Diputados acerca de los siguientes puntos:

1º. Cantidad de hectáreas dentro del territorio nacional que se encuentran bajo propiedad de personas físicas residentes en el exterior, o personas jurídicas constituidas en el exterior o en nuestro país y cuya mayoría accionaria sea de titularidad de residentes en el exterior.

2°. Medidas adoptadas por las autoridades competentes a fin de controlar o limitar los permisos para compras de grandes extensiones territoriales en zonas de seguridad por parte de capitales extranjeros.

3º Cantidad de hectáreas dentro del territorio nacional que hayan sido adquiridas en los últimos 5 años por personas jurídicas constituidas en el exterior o en nuestro país y cuya mayoría accionaria sea de titularidad de residentes en el exterior, especialmente las adquiridas por la empresa Daewoo Company en el lapso indicado.

Señor presidente:

La globalización y los cambios a los que se ha sometido el mundo en las últimas décadas nos traen aparejado el surgimiento de nuevos fenómenos que unos años atrás eran impensados. Todo esto sumado al aumento en el precio de los alimentos, promueve el surgimiento de nuevos negocios en torno la venta de tierras.

Si consideramos que actualmente es una práctica común en la República Argentina la comercialización de grandes extensiones de tierras a inversores extranjeros, pensamos entonces que es imprescindible obtener una respuesta de la información solicitada para poder analizar la situación en torno al proceso de extranjerización de tierras que acontece en nuestro país. De esta forma también, podremos pensar en instrumentos legales y constitucionales que permitan al Estado Nacional proteger los territorios y lo producido en ellos.

En nuestros días, la venta de tierras a empresas transnacionales o a no residentes ha crecido considerablemente, gran parte de la Patagonia y de la región Norte del país han sido comercializadas a precios ínfimos. Ante esta situación, surge una problemática a la que no se le ha dado la importancia que merece, y es que estas regiones son muy ricas en biodiversidad y recursos naturales los cuales tienen que ser considerados como bienes estratégicos para nuestra nación. Si a esta situación preocupante en si misma, le sumamos que muchas veces no se realiza el debido control de la comercialización de los territorios ubicados en "Zonas de seguridad", regulado en el decreto ley 15.385/44 y ratificado por la ley 25.675, nos sitúa en un panorama muy preocupante para la gestión de los recursos naturales de nuestro país.

La Secretaria de Seguridad Interior (SSI) es el organismo encargado de controlar la compra- venta de tierras por extranjeros en áreas de la frontera. La comercialización de territorios en zonas de seguridad se vincula tanto por su cercanía con otros países, como también con la presencia de recursos naturales como el agua dulce en cuencas de los ríos, lo que hace indispensable la regulación del estado en virtud de su condición estratégica para el desarrollo económico, social y ambiental. Un informe de la Auditoria General de la Nación a la SSI fecha 11/2008, referido a "la comercialización de tierras a extranjeros en la zona andino- patagónica" menciona que "la mitad de todos los expedientes aprobados y revisados no cumplen con todas las exigencias de la normativa" lo que indicaría que nuestro país carece de mecanismos de control eficientes en la venta de territorios en las zonas de mencionadas.

Esto nos obliga a reflexionar acerca de si están debidamente protegidos los territorios y los recursos naturales de nuestro país. Este es el tema que debemos analizar y replantear el debate en el ámbito legislativo. Esta en manos de los legisladores de la nación velar por el cumplimiento de la constitución que es la norma máxima de cualquier estado de derecho.

Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 41, refiere al tema de la siguiente forma:

"Artículo 41- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales..."

Argentina está dentro de los 8 países con más territorio del planeta, nuestro territorio es de 2.780.400 km² con una población de aproximadamente 40.000.000 de habitantes. En una situación diferente encontramos a países como Japón con un territorio de 374,744 km² y una población de 127.000.000 de habitantes. Ésta situación nos hace analizar y prestar especial atención a algunos datos trascendidos últimamente en los medios de comunicación, de que diversos Gobiernos han adquirido territorios alrededor del mundo, con el fin de utilizarlo para la actividad ganadera y relativa a la producción de alimentos, y con el objetivo final de exportar lo producido a los países de origen.

Que otros Estados con alto crecimiento económico y demográfico -pero desprovistos de diversos recursos agrícolas y de agua- decidan asegurarse reservas de comestibles comprando tierras en el extranjero, nos obliga a reflexionar acerca de las medidas que debemos tomar como estado poseedor de territorios invaluables en términos económicos.

La extranjerización de tierras ricas en biodiversidad es un peligro silencioso que puede crecer sino se toman medidas urgentes. Es nuestro deber atender esta problemática y encontrar las soluciones para evitar una situación irreversible para el futuro de las generaciones venideras.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.