La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de esta H. Cámara el pronto inicio por el Tribunal Oral Federal de Resistencia, de la causa referida a la "Masacre de Margarita Belén", en la provincia del Chaco.

Señor presidente:

I. ¿Solicitan una gestión de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura chaqueña?

María Julia Morresi, esposa de Fernando Piérola víctima de la Masacre de Margarita Belén, junto con su hermano Gustavo Piérola y Víctor Fernández, fueron recibidos en días pasados por los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos oportunidad en que solicitaron la gestión de esa cartera para que se agilice el inicio de la causa, y en ese sentido el 23 de marzo, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos concurrieron hasta la sede del Tribunal Oral Federal, invitación extendida a todos los legisladores, para solicitar a sus autoridades celeridad en el inicio del juicio que aún no tiene fecha cierta para su apertura.

Esta instancia judicial fue declarada de interés provincial y legislativo a través de la iniciativa impulsada por el titular de la Cámara de Diputados Juan José Bergia, donde se autorizó a la Presidencia de este Poder, gestionar ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, se concedan a esta Legislatura dos lugares en la sala de audiencias de ese Tribunal, a fin de que sus representantes participen del Juicio Oral, a fin de que los mismos puedan realizar anotaciones documentológicas destinadas a completar el expediente obrante en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco caratulado "Informe Final de la Comisión de DDHH, Nº 6 Caso Margarita Belén", al que asistirían representantes designados por la Legislatura, quienes deberán ser idóneos en derechos humanos y conocimiento de la causa investigada por la Comisión de Derechos Humanos.

En la reunión de la Comisión realizada el 17 de marzo estuvieron presentes Inocencia Charole, Carlos Martínez, María Dolores Cristófani y Egidio García, quienes siguieron atentamente los argumentos expuestos por los integrantes de la familia Piérola, oportunidad en la que acordaron elaborar una agenda de trabajo donde se incluirán los requerimientos formulados a los diputados de la Comisión de manera de efectuar un trabajo que incluya un monitoreo conjunto entre la familia y los diputados de esta causa.

Puntualmente requirieron en relación a la Causa de la Masacre de Margarita Belén, la gestión de la Comisión para agilizar el trámite ante el Tribunal Oral Federal y la Cámara de Casación Penal, similar gestión harán para que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia haga lo mismo y que el Estado nacional también se involucre en este tema.

Otra de las solicitudes formuladas fue la de que se realicen las gestiones para lograr la urgente reglamentación de las leyes 5.400/04 y 5.687/06, estas normas se refieren a la declaración de interés para la preservación de documentos que contribuyeron a los trámites y normativas existente en el Estado provincial y en los municipios, con vinculación a la represión ilegal y al terrorismo de Estado y a la declaración de interés a las acciones de búsqueda de los restos de ciudadanos desaparecidos en la provincia durante la dictadura militar, especialmente las actividades relacionadas con tramitaciones judiciales vinculadas con la causa de Margarita Belén.

Además, solicitaron la tramitación ante la Municipalidad de Resistencia para obtener información respecto del cementerio "San Francisco Solano" para dar con la fosa común donde se supone que se encuentran los restos de las víctimas, información necesaria para el equipo de antropología forense.

Paralelamente solicitaron la intervención de la comisión en la causa de Miguel Romañuk asesinado en la localidad de San Bernardo en el año 1976, caso que se desprende del propio informe que realizara la Comisión de Derechos Humanos en el año 1985, y que fuera denunciado ante la justicia por los familiares de la víctimas de la Masacre de margarita Belén el año pasado, como así se involucre en acompañar las gestiones que como querellantes llevan a delante ante la ministra de Defensa Nilda Garré, solicitando informes sobre el ex regimiento de Artillería 7 ubicado en La Liguria.

Solicitaron la reglamentación de leyes relacionadas a la causa Margarita Belén

La Cámara de Diputados aprobó dos resoluciones impulsadas por el Presidente del Parlamento Juan José Bergia donde se dirige al Poder Ejecutivo la reglamentación de las leyes Nº 5687 -Preservación de los documentos vinculados a la represión ilegal y al terrorismo de Estado y la Nº 5400 que declara de interés provincial la búsqueda de restos de personas en el territorio chaqueño desaparecidas durante la dictadura militar, comprendida entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, a raíz del pedido formulado por los familiares de Fernando Piérola, en ocasión de haber estado presentes en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos.

Promoverán que el Premio Derechos Humanos lleve el nombre de Amanda Mayor de Piérola

Aprovechando la presencia de los familiares de Piérola, el legislador del bloque de Libres del Sur Carlos Martínez adelantó de que, en el marco del Premio de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados - instaurado por Ley 6157 - que se entrega anualmente, propondrá a los diputados que dicha distinción lleve el nombre de Amanda Mayor de Piérola, como una manera de honrar la memoria de las víctimas de la última dictadura militar.

II. ¿Se inicia el juicio? (1)

Los diputados provinciales Carlos Martínez, María Dolores Cristófani, Wilma Molina, Egidio García y Jorge Luis Varisco concurrieron a la sede del Tribunal Oral Federal en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, con el objeto de solicitar se acelere el inicio del juicio oral y público a los militares acusados de haber participado de la denominada "Masacre de Margarita Belén" oportunidad en la que fueron recibidos por la doctora Gladys Mirta Yunes, juez que preside el debate de la causa, quien les transmitió que el inicio de este juicio estaría programado antes de que finalice el primer semestre del año.

Participaron de este encuentro el Juez Federal de Corrientes Víctor Antonio Alonso y familiares de Fernando Piérola María Julia Morresi y Gustavo Fernández, en tanto que la presencia del titular del Parlamento Juan José Bergia, principal promotor y quien debía encabezar esta audiencia, fue disculpada puesto que el legislador tuvo que viajar hasta Villa Río Bermejito junto al Ministro de Salud para mediar en el conflicto que existe con las comunidades indígenas. Expresiones previas

Previamente a este encuentro - que se prolongó más de una hora - la diputada integrante de la comisión de Derechos Humanos María Dolores Cristófani manifestó "venimos a requerir información sobre cuáles son los pasos a seguir en esta causa, en la que tenemos familiares y personas que vienen hasta la comisión, en una fecha muy especial, esperando que se cumplan los plazos y que se solucionen cada uno de los casos".

Por su parte el diputado Egidio García también se refirió a esta reunión y a lo especial de la fecha que recuerda el inicio de la última dictadura militar señalando "venimos a conocer sobre una cuestión que le ha sucedido a nuestro país que esperamos que no se repita más en cualquier sector de la sociedad y donde los pueblos originarios también hemos sido víctimas de una mal llamada 'campaña al desierto' en un intento de exterminio de nuestro pueblo sin olvidar las masacres de "Napalpí" y "El Zapallar" que los pueblos indígenas de mi provincia debemos recordar". Por su parte, Carlos Martínez aludió a esta presentación "donde venimos a manifestar nuestra preocupación por las dilaciones que tiene la causa Larrateguy, más conocida por la causa de la masacre de Margarita Belén, producto de un sistema procesal que los genocidas negaron a la víctima en su momento y además como parte de nuestra responsabilidad institucional, al formar parte del Estado, que en diciembre del 2008 dictó una acordada a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación se invitó a los poderes públicos a participar en los mecanismos que den celeridad a estos juicios por la verdad".

El legislador añadió en relación con la demora en el inicio del juicio a las instancias que retrasan este juicio, "cuestiones que no fueron previstas y donde hay casi 1500 personas involucradas en estos juicios en carácter de imputados en delitos de lesa humanidad de los cuales fueron condenados nada más que 68 personas, un porcentaje ínfimo que no llega a ser el 5 por ciento de los involucrados, pero también rescatamos - sostuvo - que el estado provincial, a través del Informe Final elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura chaqueña otorgó las bases para la investigación que lleva adelante la Fiscalía y que sirvió de base para la acusación, tienen estos inconvenientes, por eso es que queremos charlar con los responsables de resolver las apelaciones, para ver de que forma se puede dar cumplimiento con este acuerdo entre los distintos poderes del Estado" precisó Martínez.

Con relación al rol del Poder Legislativo en el desarrollo de esta causa y de las que involucran la defensa de los derechos humanos Martínez sostuvo "hay una señal inequívoca de esta Cámara de Diputados, reafirmada por los dichos del titular de la misma Juan José Bergia, y de todos los bloques donde manifiestan la preocupación por la demora de la elevación a juicio de la causa".

"La Cámara de Diputados - recordó - se hace cargo la responsabilidad que le toca en este tipo de cuestiones y es oportuno recordar que desde la Comisión de Derechos Humanos fue una de las únicas legislaturas del país en impulsar una investigación parlamentaria sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos y no puede estar ausente en este compromiso con los derechos humanos", enfatizó.

Finalmente, el diputado destacó el papel de los legisladores de las bancadas políticas que conforman el Poder, quienes unificaron su posición en el "pedido de apoyo, celeridad y justicia con este juicio" y cuando se produjo la visita de los familiares de Piérola, la Comisión dio a conocer "el trabajo de apoyo realizado en la causa Caballero, donde se le brindó cooperación al avance la causa, y los diputados honran con sus posicionamientos esta decisión de los legisladores de venir hoy aquí a buscar una respuesta por parte de este Tribunal" detalló el diputado Carlos Martínez.

III. ¿Liberan a los involucrados? (2)

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal dispuso la libertad de seis de los militares involucrados en la masacre de Margarita Belén, según lo informó a NORTE, desde Buenos Aires, una alta fuente de la Justicia federal. El beneficio alcanza, entre otros, a los coroneles retirados Gustavo Athos Renés y Ricardo Guillermo Reyes, los tenientes coroneles retirados Aldo Martínez Segón y Germán Emilio Riquelme, el teniente primero Luis Alberto Patetta y el mayor Ernesto Jorge Simoni, que permanecen detenidos en Campo de Mayo.

El citado tribunal rechazó, de tal manera, un pedido de homologación de la prórroga de la prisión preventiva de los nombrados, elevado por el Tribunal Oral Criminal Federal de Resistencia, y dispuso "el cese de la medida cautelar" que pesa sobre dichos imputados, así como su consecuente libertad "bajo la caución que el tribunal estime adecuada".El fallo lleva la firma de los ueces camaristas Gustavo Mitchell, Luís M. García y Guillermo Yacobucci, respectivamente. "La detención excedió el límite de lo razonable"

La orden de libertad de los implicados obedece a que "el período de detención de los mismos ha excedido el límite de lo razonable". El mencionado tribunal entiende que aun cuando medien razones para mantenerlos en prisión preventiva, existe una ley que garantiza que las personas sean liberadas "si el período de detención ha excedido el límite de lo razonable". En este caso, los citados magistrados recuerdan que la Ley 24.390 establece el límite temporal máximo de tres años, "luego del cual no puede continuar privándose de la libertad a un imputado, por lo que resulta claro que la detención no puede exceder dicho plazo".

Para que se efectivice la libertad de los nombrados sólo falta que presenten tres fiadores cada uno, los cuales pueden ser "personas físicas o jurídicas con capacidad de dar fianza, que acrediten solvencia y aseguren la manutención de ésta en el futuro". En cuanto al monto de la caución personal, deberá se determinado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia. "La prisión preventiva no puede avanzar indefinidamente en el tiempo, incluso frente a la permanencia de circunstancias que en su momento la justificaron, pues esto implicaría anular los criterios de proporcionalidad que la regulan", señala, en uno de sus párrafos, el fallo. Subraya, seguidamente, que lo anterior "ha sido reafirmado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que "la duración excesiva de la prisión preventiva origina el riesgo de invertir el sentido de la presunción de inocencia, convirtiendo la medida cautelar en una verdadera pena anticipada". Por eso, añade, la citada Comisión Interamericana, "estableció que como derivación del principio de inocencia se exige un límite temporal 'razonable' a la prisión preventiva". Al recordar un precedente que existe en este aspecto (caso "Velásquez Rodríguez"), reiteran que "por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder puede ejercer sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos".Más adelante insisten en que "si bien la sospecha razonable de que la persona detenida ha cometido un delito resulta una exigencia indispensable para el dictado de la prisión preventiva, transcurrido cierto lapso ello ya no es suficiente". Consecuentemente, apuntan que los artículos 1 y 3 de la Ley 24.390 "deben interpretarse de manera congruente con el artículo 75 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual establece que toda persona detenida y retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso". Otro aspecto que incidió notablemente en la decisión de los camaristas tiene que ver con la inexistencia de una fecha de debate o realización de la audiencia relacionada con la causa de la matanza de Margarita Belén del 13 de diciembre de 1976.

"La fijación de debate resulta en principio una causa objetiva adecuada para sostener la extensión de la medida cautelar en virtud de la potestad que otorga la ley procesal para asegurar el debate, pero al no verificarse esa situación en el presente caso (no existe información sobre una posible fecha de debate por la causa vinculada a los hechos de Margarita Belén), las carencias apuntadas cobran plena virtualidad y no pueden ser neutralizadas por la expectativa indeterminada del tribunal de origen de fijar en su momento la audiencia correspondiente", concluye el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal.

IV. ¿Se frena la libertad de los involucrados? (3)

La liberación de los principales imputados de la Matanza de Margarita Belén no se concretará en lo inmediato, porque el Ministerio Público Fiscal, a cargo del doctor Jorge Auat, apeló ante la Corte Suprema de Justicia el fallo de Casación Penal que benefició a los ex represores.

Al margen del resultado de la apelación, dos de los imputados, Horacio Losito y Luis Alberto Papetta, seguirán detenidos en Campo de Mayo. El primero tiene condena por la represión ilegal de la subversión en Corrientes y el segundo está implicado en otra causa por violación de los derechos humanos.

Sí podrían esperar el juicio en libertad, en el caso de que la Corte rechace el planteo de la fiscalía, los ex militares Gustavo Athos Renés, Ricardo Reyes, Aldo Martínez Segón, Germán Emilio Riquelme y Ernesto Simoni.

El fallo de Casación fue fechado el viernes 26 de febrero y el 1 de marzo el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso federal extraordinario por la "gravedad institucional de la medida". La Cámara concedió el pedido y suspendió la libertad de los imputados hasta tanto no haya un fallo de la Corte Suprema de Justicia o se fije fecha para juicio.

En otras palabras, los militares no podrán gozar de la libertad concedida porque por un lado la Corte ya sentó precedentes en esta materia por la causa Esma y porque el Tribunal Oral Federal ya determinó que el juicio se realice en los próximos meses.

Para el querellante Mario Bosch la medida de Casación "es de suma perversidad jurídica y falaz, habida cuenta de que ese mismo tribunal fue quien trancó las recusaciones contra los magistrados impidiendo que se conforme la corte que los juzgará en Resistencia". Bosch destacó que con la reciente conformación del tribunal local, en no más de un mes deberían fijarse las fechas de debate oral y público que durarían al menos hasta el segundo semestre. Trascendió que el juicio podría concretarse a fines del mes de abril o en mayo, y está previsto que unos 130 testigos, algunos de ellos de identidad reservada, desfilen por la sala de audiencia de la Justicia Federal. Será tan largo como el juicio contra los represores del regimiento correntino.

El letrado querellante destacó que este fallo también informó que la alzada no soportará más prórrogas, por lo que el juicio deberá comenzar en el menor tiempo posible.

Antecedentes y fallo divido

No es la primera vez que Casación Penal ofrece el beneficio de la libertad a los ex represores militares y tampoco será la última, pero en esta oportunidad la fiscalía actuó rápidamente, casi inmediatamente.

Además, el fallo no fue unánime, el presidente de la Sala II, Wagner Gustavo Mitchell, opinó que no correspondía la excarcelación porque la mora se debió exclusivamente a las maniobras dilatorias de la defensa.

Muy similar a lo que ocurrió en la causa Esma, la misma sala concede la apelación con efectos suspensivos y gira las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva el planteo. Pero para los defensores de los militares es un logro importante que la máxima instancia penal del país le reconozca garantías y les conceda la libertad a sus defendidos, más allá de que finalmente no se concrete.

La misma sala tiene en sus manos la apelación que presentaron los defensores de los militares correntinos y sus defendidos esperan que puedan lograr recursos similares teniendo en cuenta que no están firmes las condenas.

Seguramente, la fiscalía y la querella apelarán a su debido tiempo sentencias que permitan la libertad de los militares acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

V. ¿Cuál es el panorama general? (4)

Siete años después de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final y 34 años después del último golpe de Estado, existen hoy a nivel nacional 634 personas procesadas y más de 90 condenadas. Pero sólo dos causas tienen sentencias firmes, según datos aportados por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.

De los procesados, más de la mitad tiene alguna causa en etapa de juicio oral o alcanzaría de inmediato esa instancia procesal. El año pasado concluyeron 10 juicios orales donde se dictaron 31 condenas en distintos puntos del país y existen en la actualidad varios juicios orales en trámite o que están por comenzar.

"En el panorama general prácticamente no hay sentencias firmes. Existen muchas condenas que aún no han sido tratadas en la Cámara de Casación y existe un dato clave que hay que tener en cuenta que es la edad de los imputados y de los testigos y el Poder Judicial tiene la obligación de mirar esto porque si no se llega a un punto final biológico", dijo a lanacion.com el fiscal general a cargo de la Unidad de coordinación y seguimiento de estas causas, Jorge Eduardo Auat.

Pese a que reconoció que existen "jueces que han dado las respuestas adecuadas", señaló: "El Poder Judicial no es homogéneo. Uno no señala lo que está bien hecho, sino lo que falta por hacer. Hoy la responsabilidad es de la Justicia. No miremos para otro lado. Hay demoras en [la Cámara de] Casación que exceden ampliamente lo razonable".

VI. Consideraciones finales

Esta H. Cámara ya se ha hecho eco de las amenazas proferidas contra el doctor Mario Bosch -presidente de la Comisión Provincial por la Memoria- y por Emilio Goya -integrante de HIJOS-, en el marco de la elevación a juicio oral de la causa "Masacre de Margarita Belén", repudiando las mismas (5) .

La reciente decisión de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación respecto a la liberación de los involucrados torna aún más urgente el inicio de esta causa. Porque este crimen no puede quedar impune.

Por todo ello es que solicitamos la aprobación de este proyecto de resolución.