La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Solicitar al Ministerio de Educación para que a través del Consejo Federal de Cultura y Educación, se proponga que en todas las jurisdicciones educativas se presente y estimulen actividades conmemorativas al recordarse el próximo 19 de abril, fecha del levantamiento del ghetto de Varsovia, el "Día de la convivencia en la diversidad cultural"de acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 126/00 Consejo Federal de Cultura y Educación.

Señor presidente:

Nadie desconoce la importancia de educar en la memoria y la reflexión crítica sobre los hechos históricos, especialmente de aquellos episodios de resistencia heroica de un pueblo sometido por otra nación más poderosa cuyas acciones han sido consideradas casi universalmente como crímenes aberrantes y que constituyen para el derecho internacional delitos de lesa humanidad. Estas prácticas pedagógicas, instituidas incluso en muchos calendarios escolares jurisdiccionales, habilitan no sólo para el aprendizaje de la historia de otros países sino también para la comprensión del tiempo presente y la proyección prospectiva en nuestra propia Nación.

El levantamiento del ghetto de Varsovia tuvo lugar en la Europa de hace más de 60 años. Muchas cosas han cambiado en las sociedades que entonces protagonizaron estos hechos. Sin embargo, la memoria sobre lo acontecido posibilita debatir, dentro de las instituciones escolares, acerca de nuestra propia historia nacional de las últimas décadas y de la de otros pueblos de América Latina, en la que también ha tenido lugar genocidios y diversas acciones de resistencia.

Por otra parte, el "Día de la convivencia en la diversidad cultural", en el marco de los resientes episodios categorizados en muchos medios de comunicación como "violencia escolar", es una oportunidad para debatir la violencia que está arraigada en la sociedad argentina y se expresa de diversas maneras, que repercuten, por supuesto, en la escuela y en las culturas juveniles, dificultando la convivencia dentro y fuera de las aulas. También es una oportunidad para afianzar los valores de respeto por el otro y establecer estrategias educativas para abordar los actuales problemas de convivencia, discriminación y exclusión.

Los adultos hemos llegado casi a naturalizar prácticas violentas y de avasallamiento de los otros, como la violencia implícita en la injusticia de la pobreza y la indiferencia por el otro; en las calles y en las rutas donde acontecen accidentes que revelan la carencia de respeto por la vida propia y ajena de muchos conductores; en reclamos sectoriales manifestados violentando derechos de otros ciudadanos; en las canchas de fútbol; en muchos hogares argentinos en los que se abusa de mujeres y niños, entre otras formas de violencia social. Esto se vincula con la importancia de avanzar hacia una sociedad que no sea la del Pensamiento Único, como pretende el neoliberalismo, y que habilita a destruir y a excluir al diferente, ya sea que las diferencias estén constituidas por cuestiones de origen étnico o religioso (como en el caso del nazismo), de origen social o económico, de origen lingüístico o de género, o de cualquier otra índole.

En este sentido es de destacar la categoría de Educación Común incorporada en la Ley de Educación Nacional, que significa que todos los habitantes de la Argentina tienen el mismo derecho a la educación y que la diferencia es posterior, que la diferencia implica más, no implica menos. En tal sentido, el problema de la interculturalidad no es un problema de minorías, ni de quienes no están en una educación urbana para clase media, sino que es un problema de todos. Desde ya, lo es también de los adolescentes y de los chicos de las ciudades, del conjunto de la población, ya que la interculturalidad está cruzada por la cuestión de la justicia social y no podemos pensarlo por fuera de la cuestión de la justicia social. Por ello es necesario incorporar las áreas metropolitanas de confluencia y articulación urbana y social, como objeto del diseño de políticas educativas articuladas, asociadas y complementarias; asumir que la migración del campo a los conglomerados urbanos, con la consiguiente transformación de identidad y calidad de vida, como portadoras de las culturas de casi todas las provincias argentinas y de los países vecinos, debe significar dentro de nuestras aulas lazos de interculturalidad con lenguas y costumbres diversas, poniendo en evidencia la riqueza que significa la complejidad y diversidad de nuestra población educacional, antes que rechazarla en pos de una uniformidad irreal y excluyente.

Esto supone, además, atender las nuevas necesidades que presentan los chicos y jóvenes que migran por distintas jurisdicciones periódicamente, motivados por las características temporales y precarias del empleo propio o de sus familiares, así como establecer acuerdos con los países latinoamericanos y en especial del MERCOSUR, y de otros organismos de integración sudamericana que los tiempos dicten, de manera coordinada con los convenios internacionales, referidos a las cuestiones educativas vinculadas con las migraciones y los intercambios lingüísticos, culturales y productivos.

La responsabilidad principal de la educación es del Estado, como lo marcó la legislación argentina desde las leyes fundadoras del sistema, pasando por los Pactos y Convenciones internacionales de Derechos Humanos y como lo establece la Ley Nacional 26.206. No existe ningún sujeto o institución social que posea los recursos institucionales, económicos y la capacidad de síntesis político- cultural necesarios para garantizar la educación articulada de millones de niños, adolescentes, jóvenes y adultos en una sociedad plural. Aquella responsabilidad principal no debe contradecir el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural y la libertad de enseñanza que están grabadas en la Constitución Nacional y las articulaciones entre ambos términos merecen ser consideradas con toda responsabilidad y pleno respeto por las opiniones y demandas de las familias y los sectores particulares de la comunidad dispuestos a sostener el carácter de bien social de la educación.

Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación de este proyecto.