La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

1º) Expresar su más enérgico repudio a la represión, persecución y el posterior asesinato del Docente Carlos Alberto Fuentealba, a manos de la Policía Provincial, en el marco del reclamo salarial y de condiciones dignas para todos los trabajadores de la Educación.

2º) Expresar la necesidad de un urgente esclarecimiento de los hechos, como también la correlativa sanción a sus responsables, garantizando que quienes ejercen el derecho constitucional de peticionar, puedan desenvolverse en un marco de seguridad y pleno respeto a los Derechos Humanos.-

Señor presidente:

Un reclamo salarial. Una manifestación pacífica. Hombres y mujeres de guardapolvos blancos.

Una policía armada hasta los dientes. Con instrumentos de represión más propios de una guerra que aptos para enfrentar un pacífico reclamo en una sociedad democrática.

Un policía dos veces condenado por apremios ilegales y vejaciones contra detenidos - la última en diciembre de 2006 - que empuña un arma de guerra, apunta a un maestro indefenso y tira del gatillo.

A diez años de la muerte de Teresa Rodríguez en Plaza Huincul, el asesinato del docente Carlos Fuentealba en Arroyito es muestra que estamos ante otro hecho de violencia en nuestra provincia de Neuquén que desnuda la incompetencia de un Estado para defender y cuidar de sus ciudadanos.

Hoy estamos, otra vez, lamentando la pérdida de una vida humana, de un docente que salió de su casa a manifestarse por un reclamo que él creía justo, y sobre el que le asistía el derecho a movilizarse para hacerse escuchar.

Pero los tiempos cambiaron. El Estado tiene la obligación de velar por la seguridad e integridad de todos sus ciudadanos. Se acabó la época en que, desde el Gobierno, se trazaban estrategias para atacar y conspirar contra otros argentinos.

Hoy la sociedad exige tolerancia, diálogo, comprensión, discusión, construcción y - por sobre todas las cosas - paz.

Quienes hoy tenemos algún cargo con responsabilidad política debemos estar a la altura de las circunstancias para defender estos valores. Y aquellos que no sustenten estos principios básicos deben dar un paso al costado y dejar lugar para quienes realmente sientan que la representación es una responsabilidad única e indelegable, y no un lugar de mero privilegio.

No podemos soslayar que en el Estado de Derecho que vivimos, la muerte de un ser humano no es moneda de cambio en ningún tipo de negociación cualquiera fuera la índole de la misma. Tenemos que actuar con humildad y responsabilidad ante situaciones críticas. La política debe entenderse como la construcción de alternativas para alcanzar objetivos de manera pacífica. El monopolio de la fuerza debe ser utilizado en pos del bien común, de la seguridad, del resguardo social y nunca en contra de los trabajadores.

Jamás podemos justificar una muerte con excusas de complots y conspiraciones en contra de una persona. Un sistema social se mantiene con todos los componentes en equilibrio. Si empezamos a deshacernos de quienes discuten nuestras ideas, estaremos comenzando a transitar el camino de la autodestrucción social.

Los Derechos Humanos consagrados en nuestra Constitución Nacional no deben ser letra muerta. Las tizas no se manchan con sangre.

Por lo expuesto, ante la gravedad de los hechos enunciados, solicitamos con urgencia a los diputados de la Nación acompañen el presente Proyecto.-