La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

- Disponer la publicación los días sábado de la actividad semanal de cada comisión permanente y especial de esta Honorable Cámara en los cinco periódicos con mayor índice de venta por mes en el país.

- Encomendar a la Presidencia la gestión de dicha publicidad, la que estará sujeta a las normas y a los mecanismos de transparencia y control que prevé el reglamento interno de la H. Cámara y las disposiciones que rigen las relaciones comerciales que ésta establece con particulares.

- La gestión de la publicidad de la agenda parlamentaria deberá contar con la aprobación de la mayoría simple de los presidentes de los bloques que integran la Cámara. Dicho acuerdo, que deberá ser renovado cada seis meses, incluye la elección de los medios gráficos donde se difundirá la información, el presupuesto de la publicación y los lineamientos generales de su contenido.

- Encomendar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría Parlamentaria la elaboración de la mencionada agenda, en la que constará:

- Nombre de la Comisiones que se reunirán esa semana.

- Día, hora y sala de reunión.

- Nómina y extracto de los proyectos de ley o de resolución que serán debatidos.

- La página web de esta H. Cámara.

- La leyenda "Todo ciudadano que desee presenciar el trabajo de alguna Comisión en particular deberá contactarse con sus autoridades al 63107100".

- La H. Cámara, a través de su Presidencia, no abonará por esta publicidad tarifas superiores a las que, netas de todo descuento, cobraren los medios a grandes anunciantes.

Señor presidente:

Desde que la relación entre los ciudadanos y sus gobernantes saltó por los aires en diciembre de 2001, las urgencias económicas, más fáciles de reconocer, se impusieron sobre el deterioro institucional y la desafección política. Esa actitud extendida que se expresa como desconfianza, se cuantifica en las encuestas como desinterés por las cuestiones públicas y se viste de cinismo político en los medios de comunicación. El Congreso, de todas las instituciones, es el que carga con las mayores marcas de esa desafección. Una institución a la que se ve inútil y sobre la que pesa el más injusto de los calificativos: "son todos iguales". Esa desconfianza, unida al desinterés y la exacerbación mediática del cinismo, si bien no ponen en cuestión al sistema democrático, inhiben los comportamientos de ciudadanía responsable y participativa que define a las democracias modernas. Sin embargo, si la desafección política se aplica tanto a la crisis de representatividad de las democracias tradicionales que han conseguido un desarrollo importante de participación y control ciudadano, las democracias recientes, como la de Argentina, padecen los problemas de lo viejo sin haber incorporado lo que es novedoso a nuestra tradición política como lo son el derecho a la información pública y la transparencia, consagradas por los tratados internacionales con los que Argentina se comprometió ante la comunidad de las Naciones: la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Sociales.

Como la experiencia totalitaria que desde el poder todo lo controla convirtió en normal prácticas que son antidemocráticas, los ciudadanos apenas poseen los rudimentos de un "deber ser" democrático. Una incultura cívica que priva a la ciudadanía de parámetros de normalidad para evaluar la marcha y el funcionamiento de sus instituciones recién restauradas.

Han sido hasta ahora las organizaciones ciudadanas las que han increpado al Estado para que esa normativa se aplique, como sucedió con el decreto 1172/03 que regula el derecho de "Acceso a la Información Pública" dentro del Poder Ejecutivo Nacional y que significó un avance importante en el sentido de iluminar las prácticas de gobiernos, tradicionalmente ocultas por el secretismo que el totalitarismo impuso sobre las cuestiones públicas. Sin embargo, aún existe una distancia enorme entre esa normativa que consagra derechos y ciudadanos que demandan al Estado por esos derechos.

Resulta paradójico que toda esa normativa universal que eleva la calidad institucional y contribuye a una cultura de ciudadanía dependa para su consagración constitucional del Congreso, la institución más alejada, en la percepción de la ciudadanía, de la formación cultural democrática, sin la cual esa normativa se convierte en una caja vacía. Pero si es fácil reconocer que la desconfianza generalizada consigue que uno se cierre sobre sí mismo, no puede ser que el Congreso, por inacción, contribuya a desacreditarse a sí mismo. De las instituciones de la democracia, el Congreso ostenta el incómodo primer puesto de descrédito ciudadano.

A la par, vale para los medios de comunicación la misma valoración de cultura tardía: gozan de la tecnología, que se renueva cada día, sin haber incorporado los valores de responsabilidad que como autocontrol se practica en las democracias desarrolladas. Así, por las mismas características del "aquí y ahora" que define a la televisión, se simplifica y reduce la actividad parlamentaria a lo que sucede en el recinto. Es cierto, también, que así como Internet significa una alteración importante para el periodismo tradicional, la digitalización ha modernizado y agilizado la información parlamentaria. Sin embargo, para evitar que el verdadero trabajo parlamentario, el que se realiza en las Comisiones, sea reducido al número de las leyes o a la cifra de la votación, es necesario avanzar en el sentido de los contenidos para que la información sea, también, formación ciudadana. En los tiempos de la política espectáculo, cuando el "marketing" sustituye peligrosamente la que debe ser la obligatoria publicidad de los actos de gobierno, es tarea de este Congreso comunicar a la ciudadanía qué lo ocupa, cuáles son las leyes en debate y tratamiento. En defensa de sí mismo, no como propaganda sino como la obligatoria publicidad de sus acciones. El Congreso debe adoptar una postura más activa y restituir el puente roto entre los ciudadanos y sus representantes. Tanto la desconfianza como el descontento ciudadano son un combustible peligroso en un país cuya tradición política se expresa en la plaza pública, el lugar instituido para el festejo o la protesta. Sin embargo, si la manifestación en la plaza pública remite al tiempo en el que en Argentina la ciudadanía carecía de representación política, las democracias modernas deben convertir a sus votantes en electores y a sus consumidores en ciudadanos. Es función de este Congreso ser el lugar donde la ciudadanía dialogue con sus representantes.

Tal como lo señalan teóricos como el catalán Mariano Torcal, la desafección política no tiene tanto que ver "con la forma de determinados regímenes políticos, sino, más bien, con las prácticas políticas, usos, manipulación y discursos políticos que dañan o perjudican la imagen y el funcionamiento de las instituciones de representación, algo que ocurre con mayor frecuencia bajo experiencias autoritarias, de las que no están exentos regímenes democráticos establecidos".

De todos los países sudamericanos, tanto la Argentina como Uruguay son los que mayor salvaguarda del régimen democrático han desarrollado, y esto se explica por el pasado autoritario, que dejó como herencia el miedo a la participación, el prejuicio de la política como algo sucio y la concepción del Estado como un bien patrimonial. Sin embargo, resta inaugurar nuevas prácticas políticas, usos y discursos para construir una auténtica democracia. Si la gobernabilidad no es otra cosa que el pacto de confianza que entregan los ciudadanos a aquellos que tienen que gobernarlos, la relación entre gobierno y sociedad es la que define esa gobernabilidad, y la confianza es el combustible fundamental para evitar las confrontaciones, la ira y el desinterés. Es cierto que la eficacia de los gobernantes se mide por la eficacia y el grado de respuesta a las expectativas de la sociedad y en nuestro país las respuestas económicas son casi sinónimo de buen gobierno, pero la legitimad política depende de la fortaleza de las instituciones democráticas, o sea, la confianza que tienen los argentinos en el Congreso, los partidos políticos, el Poder Ejecutivo, la Justicia, la Policía, las Fuerzas Armadas, la Iglesia. La confianza es un buen barómetro para medir la eficacia de un gobierno y el desarrollo democrático de una sociedad. Es función de este Congreso propiciar el diálogo con la ciudadanía y utilizar los mecanismos modernos que faciliten esa comunicación.

Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.