La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar repudio ante los hechos intimidatorios y amenazas contra legisladores, miembros de organismos de derechos humanos y querellantes en causas por delitos de lesa humanidad, ocurridos el día 24 de marzo del corriente año en la Provincia de Santa Fe.

Señor presidente:

Debemos lamentar una vez más y repudiar que aquellos que hace 33 años se alzaron con las armas para implantar la dictadura militar más sangrienta que asoló nuestro país, hoy vuelvan a echar mano de sus métodos de terror para intimidar y amenazar a quienes no se callan y siguen denunciando el genocidio.

El mismo día en que en todo el país se realizaban actos por el Día de la Memoria a 33 años del 24 de marzo de 1976, en Santa Fe grupos que no se identificaron arrojaron volantes en los cementerios de Santa Fe y Rincón con las fotografías de los diputados provinciales del SI, Alicia Gutiérrez y Antonio Riestra, con acusaciones de "terroristas" y "montoneros".

Ese mismo día el local comercial del hijo de Daniel García, ex detenido desaparecido querellante en una de las causas que investiga los delitos del lesa humanidad en nuestra provincia, recibió en horas de la madrugada un disparo de arma de fuego y además desplegaron sobre la vereda los mismos panfletos intimidatorios contra los diputados provinciales que fueran esparcidos en los cementerios. También se encontraron panfletos que pedían "Otro 24 de marzo".

Por último, el frente del estudio jurídico de la Dra. Lucila Puyol, abogada querellantes en la misma causa que García y miembro de la agrupación H.I.J.O.S., fue objeto de pintadas que decían "Soy del ERP. Muerte al ERP".

Creemos que esta seguidilla de actos realizados con total impunidad en el Día de la Memoria merecen no sólo nuestro repudio sino también que expresemos nuestro apoyo incondicional y solidaridad absoluta con quienes han sido objeto de estas amenazas. Nosotros, al igual, que los que han sido víctimas de las mismas, pensamos que el único objetivo que tienen estos grupos nostálgicos del terrorismo de Estado es frenar las causas que se siguen a los represores. Pretenden continuar viviendo en la impunidad, por eso amenazan y coaccionan contra aquellos que

pretenden llegar a la verdad en los estrados judiciales, una verdad que indefectiblemente deberá llevar a la cárcel común y efectiva a todos los responsables del genocidio.

Estamos ante hechos que no pueden ser pasados por alto y que tienen que servir para redoblar los esfuerzos para hacer caer todo el peso de la ley sobre los militares y sus cómplices, porque si bien se ha avanzado con la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ese hecho no ha redundado en un aceleramiento de las causas contra los represores. Entendemos que estos sucesos buscan aterrorizar a los testigos y querellantes en las causas por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en Santa Fe y por ello debemos repudiarlos.

No podemos dejar de mencionar que en esta pelea que lleva décadas por verdad y justicia, actualmente aún se encuentra desparecido Jorge Julio López, testigo en la causa contra el Comisario de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, quien fuera condenado en el año 2006 en un fallo ejemplar a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio.

Por todo lo expuesto, Señor Presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.