La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacio- nal, que a través la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), organismo descentralizado que funciona en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Na- ción, informe a este Honorable Congreso de la Nación:

1) Cantidad de penalidades aplica- das a las empresas de telefonía móvil, detallando cada una de ellas, por mes, por empresa y por provincia;

2) Cantidad de reclamos de usua- rios recibidos por incumplimiento de éste servicio, desde el año 2010 hasta la actualidad detallando cada una de ellas, por mes, por empresa y por provin- cia.

Señor presidente:

Solucionar problemas con productos o servicios que no funcionan o, simplemente, hacer un reclamo, resulta casi siempre un calvario. ¿Cuántas horas del día pasamos haciendo gestión?

Llamar para restablecer un servicio, para pedir la reparación de un artefacto, para pedir hora para una consulta médica. Son horas de tiempo que invertimos y que no planificamos.

Muchas llamadas son derivadas a contes- tadores automáticos, a menús complicados. Estamos mucho tiempo y aparecen men- sajes como: "Todos nuestros agentes están ocupados"; "Aguarde en línea y en instan- tes será atendido"; "No podemos atenderlo, por favor corte y llame nuevamente". Es- tas frustraciones provocan emociones dañinas que se vuelven síntomas, que repercu- ten en nuestra salud y en el ánimo. ¿Cómo metaboliza el organismo la rabia que pro- duce ser atendido por un empleado soberbio o por uno ineficiente?

Según datos de la Unión de Consumidores de Argentina, los reclamos los encabezan las telefónicas, le siguen los bancos y des- pués las empresas de servicios públicos.

En el día mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebró el 15 de marzo, Consumers International, una institución global e independiente que realiza campaña en favor de los consumidores, lanzó la campaña "Telefónicas, desbloqueen nuestros derechos" con el objetivo de que se de- clare la emergencia ante el catastrófico nivel de las comunicaciones. En Argentina, la campaña estuvo impulsada por la Unión de Consumidores de Argentina (UCA).

"Todos los usuarios del mundo nos senti- mos prisioneros de las empresas prestadoras de telefonía móvil que brindan un servicio caro y malo."

Como parte de esta campaña, la UCA pre- sentará este martes dos proyectos de ley : Uno de ellos tiene por objeto declarar a la telefonía móvil e Internet móvil como servicio público y el otro, ante la grave crisis que presenta el sector y que padecemos millones de usuarios, declara la emergencia por un año del servicio de telefonía móvil, limitando la comercialización de nuevos equipos y la disminución del precio del servicio hasta tanto se verifiquen las mejoras en la cali- dad del servicio", detalló Blanco Muiño directivo de UCA, y resaltó que "ambos proyec- tos son de una importancia significativa porque incorporan la condición de servicio pú- blico para un universo de 58 millones de teléfonos celulares y, además, limitan a las empresas en nuevas ventas y mayores precios hasta tanto garanticen un servicio de calidad".

La Argentina tiene una normativa que regula a los servicios públicos en general y no en particular a la telefonía móvil, que no está incluida. Lo que hay es un marco regulatorio para la telefonía móvil que es de la época de De la Rúa que está desactualizado porque las cuestiones tecnológicas de esa época eran muy distintas a las actúales. Sumando la incapacidad de la administración de establecer precios, condiciones de inversión, etc. surge la importancia de declararla servicio público.

Cuando hay problemas con el servicio las empresas argumentan que tienen dificultades para instalar antenas por regulaciones municipales. Pero si bien lo de las antenas es verdad en algunos lugares, también es cierto que la evolución tecnológica no viene acompañada del grado de inversión que necesita. Venden aparatos cuya tecnología necesita inversiones que las mismas empre- sas no hacen. No se puede montar sobre una red preparada para determinados servi- cios aparatos que requieren otros, de mayor complejidad. El proveedor es este caso también el prestador y de igual manera los vende.

En particular, en nuestro país, se demoró once años en implementar la portabilidad numérica. Es decir, las empresas no te da- ban la posibilidad de migrar con tu número, te tenían como rehén del prestador. Se- gundo, la administración no tiene capacidad para garantizar un mejor servicio porque no está regulada la telefonía móvil. Tercero, la falta de inversión hace que el servicio sea malo. Cuarto, hasta hace unas semanas la facturación de la telefonía móvil era por minuto cuando en el resto del mundo era por segundo. Con eso si alguien hablaba diez segundos, las empresas se enriquecían cobrándole por un servicio que no usaron. En nuestro país, a diferencia de otros, hay un monopolio avalado por el Gobierno, que es que Telefónica y Telecom tienen identidad de propietarias a nivel mundial. Telefónica de España es dueña de Telecom de Italia. Ese combo hace que sea un mercado muy concentrado con tendencia al monopolio.

A su vez, el sistema es perverso porque es una tecnología de tan alto nivel que los únicos que la tienen son los prestadores. La autoridad de control, la CNC, realmente lo que hace es controlar pero sobre la infor- mación que brinda el mismo prestador. El avance tecnológico es tan grande que el Estado no tiene las herramientas suficientes como para poder controlar a las empre- sas.

Entonces, las quejas de los usuarios cuan- do tienen problemas con el servicio prestado, las reciben las empresas, la CNC, las asociaciones de consumidores, las dependencias de Defensa al Consumidor de los go- biernos provinciales. En el tope de reclamos de todo el país, en todas las jurisdicciones, están las empresas de telefonía móvil, un mercado con 58 millones de aparatos habili- tados. En muchos casos las quejas se acumulan, hay una tendencia muy fuerte al in- conformismo y, también, al poco nivel de solución.

En síntesis, la telefonía celular, es un ser- vicio que esta desregulado y maximizan las ganancias, y las compañías "no quieren invertir" para mejorar el servicio.

Respecto a por qué se cortan las llama- das, el titular de la Unión de Consumidores planteó que como "cada llamada se factu- ra por 30 segundos (como mínimo)" entonces "si a usted se le corta tiene que volver a llamar y cobran nuevamente el mínimo de 30 segundos". En este sentido el corte de la comunicación sería una forma de cobrar más. "A partir de febrero (de 2014) hemos dado un paso adelante en la facturación por segundo", resaltó Muiño y añadió que como solución la asociación que representa presentó un proyecto de ley para declarar- lo "servicio público".

Por lo expuesto solicitamos su acompa- ñamiento a este pedido de informes.