La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Sr. Ministro del Interior y Transporte, Dr. Florencio Randazzo, la renuncia inmediata a su cargo en razón de la incompatibilidad que se suscita entre el cargo que desempeña como responsable de conducir el proceso electoral y su postulación como precandidato a Presidente de la Nación.

Señor presidente:

El proceso electoral que se desarrolla en nuestro país para las elecciones nacionales de 2015 debe reunir niveles de transparencia, seriedad y responsabilidad que confieran credibilidad a la ciudadanía en general, y a los partidos políticos y candidatos en particular.

Estas condiciones se ven seriamente comprometidas cuando el titular del Ministerio del Interior y Transporte que tiene a su cargo importantes y esenciales tareas vinculadas al proceso electoral, se postula como precandidato a presidente por el propio partido de gobierno.

Al asumir el rol de precandidato presidencial, el funcionario pierde la necesaria independencia y objetividad para desempeñar sus funciones en la organización del proceso electoral nacional.

Una de las condiciones elementales que reúne consenso entre los expertos en los temas electorales, es que la autoridad que participa o coparticipa en la instrumentación de los comicios electorales debe asumir una conducta ética que garantice transparencia y no esté sumida en un conflicto de intereses.

Mejorar la calidad de nuestro sistema democrático es una de nuestras preocupaciones centrales. Lo viene siendo en toda la región de América Latina, tan castigada con golpes de estado y dictaduras que han anulado los derechos humanos imponiendo una herencia de debilidad democrática que tanto nos cuesta revertir. A partir del segundo decenio del siglo XX se inició en Latinoamérica un proceso de creación de organismos electorales especializados y -por lo menos teóricamente- independientes. El objetivo que impulsó este proceso fue brindar transparencia a las contiendas electorales, como condición necesaria para el establecimiento de la democracia. En varios países, la instauración de este tipo de organismos electorales contribuyó de manera decisiva a dotar de credibilidad a los procesos electorales. Éste es el caso de Brasil, Costa Rica, Chile y Uruguay, países donde desde hace muchas décadas no se han presentado disputas de carácter grave acerca de la honestidad con que se han celebrado los comicios.

Las elecciones libres son una práctica esencial en la democracia. Ellas se logran respetando la ley y siguiendo conductas éticas que impidan conferir ventajas exclusivas a favor de uno de los contendientes políticos en detrimento del resto. Si el partido de gobierno tiene a su cargo la organización de los comicios bajo la órbita de la Dirección Nacional Electoral dependiente del Ministerio del Interior y Transporte cuyo titular es precandidato a presidente y en tal carácter se encuentra haciendo campaña , es manifiesto que posee ventajas que lo beneficiarán en detrimento de la igualdad con las otras fuerzas políticas. Además de ventajas exclusivas, la conjunción de la titularidad del Ministerio en cuestión con la precandidatura conlleva la certeza de que el funcionario carezca de objetividad.

Se advierte que no se trata de cualquier Ministerio, sino del área encargada de organizar y asegurar múltiples tareas propias del desarrollo de los comicios electorales: distribución y desembolso de los aportes presupuestarios que conforman el financiamiento público de las campañas para las agrupaciones políticas; distribución y control de los espacios publicitarios en los medios masivos de comunicación; organización de la infraestructura y materiales para el acto comicial propiamente dicho; en suma, todas las funciones esenciales para llevar a cabo una elección nacional.

El Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA) ha trabajado seriamente en el tema, enunciando normas mínimas universales que conforman un código de conducta para la administración electoral y la ética profesional.

Entre ellas señalamos el respeto a la ley, la necesidad de independencia, de neutralidad y de transparencia. Adherimos a estos valores que consideramos inherentes a todo proceso electoral que se califique de democrático.

Me permito transcribir el siguiente principio ético enumerado por IDEA:

"La administración electoral debe actuar con independencia y neutralidad". Para que una elección sea exitosa, los participantes en el proceso tienen que poder confiar en que los administradores electorales cumplan sus funciones en forma políticamente neutral. Si se juzga que las personas que administran las elecciones muestran adhesión a uno u otro resultado electoral, la credibilidad pública del proceso electoral se verá afectada gravemente, a tal punto que luego será difícil restaurar la confianza en el proceso. Por lo tanto, los administradores electorales deben desempeñar todas sus actividades en forma estrictamente imparcial y políticamente neutral....Los administradores electorales deberán:

• actuar de forma estrictamente neutral y no discriminatoria en relación con partidos políticos, candidatos, votantes, representantes de la prensa y de otros medios de comunicación;

• abstenerse de cualquier otro acto que indique, o pueda considerarse que indique, apoyo partidario a algún candidato, partido, personaje o tendencia política, o que pueda ser interpretado como tal;

• conducirse en todo momento de manera irreprochable, y ejercer un juicio prudente y un alto grado de discreción personal;

• revelar cualquier relación que pueda provocar un conflicto de intereses con sus actividades como administradores electorales;

• abstenerse de aceptar cualquier obsequio o favor de partidos políticos, organizaciones o personas involucradas en el proceso electoral;

• rechazar influencias indebidas y, excepto cuando esté previsto por la ley o la costumbre, abstenerse de aceptar directivas respecto al desempeño de sus funciones;

• abstenerse de tomar parte en actividades no autorizadas, incluida toda actividad privada, que pudiere suscitar un conflicto de intereses, real o juzgado como tal con sus deberes de administradores electorales;

• abstenerse de participar en cualquier actividad, incluida toda actividad privada, que pudiere interpretarse como simpatía por candidatos, partidos, personajes o tendencias políticos en particular;

• abstenerse de expresar puntos de vista sobre temas que pudieran convertirse en materia de debate político en la elección;

• abstenerse de comunicarse con ningún votante respecto a temas con implicaciones partidarias, y

• abstenerse de portar, llevar o enseñar, símbolos o colores obviamente partidarios.

Otro de los principios éticos enumerados en el Código de Conducta elaborado por IDEA sostiene que :

"Las administraciones electorales deberán actuar con transparencia". Para que una elección tenga éxito, los participantes en el proceso tienen que ser capaces de aceptar las decisiones de la administración electoral. Los participantes probablemente aceptarán estas decisiones si están convencidos de que han sido tomadas adecuadamente. Para ello, deben tener acceso a la información en la que se basan tales decisiones.

(...) Los administradores electorales deberán estar dispuestos a:

• justificar sus decisiones;

• proporcionar la información en la que se basa cada decisión;

• organizar un acceso razonable y efectivo a los documentos e información pertinentes, en el marco de las leyes electorales y de libertad de información del país.

Reivindicamos la plena vigencia de estos principios básicos universales para los procesos electorales. Los actores políticos deben contribuir a mejorar la calidad de las campañas y actos electorales esenciales para un régimen democrático.

Urge trabajar para transformar un devenir político signado por un deterioro preocupante en materia de transparencia, respeto a las leyes electorales e información pública.

Nuestro país y Uruguay son los únicos de toda América Latina que no tienen boleta única que simplifica la elección y mejora la transparencia. Argentina no tiene ley de acceso a la información pública que posibilite participar y controlar y tiene débil apego a las leyes electorales que son objeto de cambios permanentes en función de las coyunturas políticas. Todavía se aplica la ley de lemas a nivel provincial, pese a que distorsiona la voluntad popular. Se recurre a la implementación de otras alquimias electorales que alteran la proporcionalidad en la representación política distorsionando el resultado electoral.

Tenemos reelecciones indefinidas de muchos gobernadores y reformas constitucionales promovidas para asegurar gobiernos proclives a la perpetuación en el poder. Son déficits políticos que se cargan a la cuenta de la democracia.

La conducción del proceso electoral debe seguir principios éticos: ser transparente, independiente, objetiva, neutral y sin conflicto de intereses.

Ninguno de estos extremos se respeta cuando le Ministro del Interior y Transporte, no obstante ser un partícipe necesario para el desarrollo del proceso electoral nacional, deviene precandidato a Presidente de la Nación por el partido de gobierno. La incompatibilidad es manifiesta y debe motivar de inmediato su renuncia al cargo.

Por todo ello solicitamos la aprobación del presente proyecto.